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Birmania, narcotráfico y exclusión cultural en el suroeste asiático

En recientes declaraciones la primera ministra de Bangladés, Sheik Hasina, ha cuestionado la voluntad del Gobierno de Birmania a la hora de poner solución a la dramática realidad que viven centenares de miles de familias rohingya, al negarse a facilitar el retorno a sus hogares a más de 700.000 personas que se vieron obligadas a abandonar el país con motivo de la campaña de represión llevada a cabo por el Ejército birmano en 2016.

Sheik Hasina Wazed, Primera Ministra de Birmania

Estas declaraciones vienen a confirmar la predicción que el pasado año adelantaba el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al afirmar que, a pesar de los acuerdos de cooperación firmados por ACNUR y el Gobierno birmano de cara a establecer las condiciones necesarias para el retorno de los rohingya, ni se apreciaba realmente dicho compromiso, ni existían las condiciones para un “retorno seguro, voluntario, digno y sostenible” de la población.

En un informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Birmania, han quedado documentadas las sistemáticas violaciones de derechos humanos (asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, esclavitud sexual, etc) cometidas contra la población y perpetradas por las Fuerzas Armadas de Myanmar, en lo que el informe calificó como “plan de limpieza étnica”.

A día de hoy, los campos de refugiados de Cox´s Bazar (Bangladés) acogen aproximadamente a un millón depersonas, musulmanes rohingya desplazados a los que hay que sumar a más de 25.000 no musulmanes que residían en el estado de Rakáin y sus proximidades, obligados a abandonar sus hogares por culpa de la violencia.

Refugiados rohingya en Cox´s Bazar/UNICEF

 ¿Qué ha fallado en Birmania?

Una vez más y tristemente queda demostrado que más democracia no se traduce siempre y obligatoriamente en un mayor respeto por los derechos humanos. La transición pacífica liderada por Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, se ha visto empañada por los acontecimientos de estos últimos años y hay quienes apuntan a 3 causas fundamentales para un problema que se remonta décadas atrás: el papel del ejército, un poderoso sentimiento nacionalista y el predominio religioso, en este caso budista. Nada es tan sencillo y ha terminado por comprobarse que los antiguos resentimientos lejos de ser olvidados, sumados al fenómeno globalizador, produjeron un efecto contrario al esperado y terminaron por dilatar la brecha social que fracturaba el país, poniendo en este caso a los musulmanes en el punto de mira.

Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado de Birmania

Sin embargo, los desafíos de Birmania no acaban aquí. El narcotráfico, la insurgencia y el tráfico de personas azotan el país e implican a terceros estados fronterizos. Hablamos del segundo mayor productor ilegal de opio a nivel mundial, por detrás de Afganistán, con un volumen estimado de 55.500 hectáreas (2015) y una producción estimada de 647 toneladas. China e India son los principales afectados por un negocio ilícito que ha contado con la protección y la connivencia del Gobierno birmano, siendo frecuentes los desplazamientos periódicos de refugiados a China buscando ponerse a salvo de las continuas escaramuzas que se producen entre las Fuerzas Armadas birmanas y las milicias locales vinculadas al narcotráfico. Dichos enfrentamientos son especialmente acusadas en el estado de Shan, uno de los máximos contribuyentes a los 823 millones de toneladas producidos en el denominado Triángulo de Oro en 2015 y donde se concentra hasta el 91% de los cultivos de amapola. Los combates también son recurrentes en los estados indios de Assam y Manipur.

Fotografía que muestra niños armados en Birmania

En cuanto al tráfico ilícito de personas, el pasado año asistíamos a la liberación de 75 niños soldado, lo que supone solamente una pequeña cifra entre todos aquellos que todavía sirven en las propias Fuerzas Armadas de Birmania o las milicias étnicas que se despliegan a largo de la frontera. Resulta sorprendente que a pesar del acuerdo firmado por Birmania con la ONU en 2012 para acabar con el reclutamiento de niños soldado, en la actualidad todavía no se ha producido ninguna condena al respecto, aunque han sido liberados alrededor de 849 niños desde entonces.

¿Quiénes son los rohingya?

Principalmente asentados en el estado de Rakáin (Birmania), se trata de pobladores que han habitado en la región desde el siglo XV y aunque no constituyen la única comunidad musulmana en el territorio, representan la mitad de la población. No obstante, desde la independencia de Birmania nunca han sido aceptados como uno de las 135 etnias reconocidas por el Gobierno birmano y a día de hoy todavía son considerados inmigrantes ilegales procedentes de Bangladés.

Refugiados rohingya en aguas de Tailandia/AFP

Entre 1978 y 1982 se endurece la política de exclusión contra los rohingya, con episodios de detenciones y expulsiones a Bangladés. En 1982 la promulgación de una nueva ley les arrebata el mínimo reconocimiento de ciudadanía que habían alcanzado antes del golpe militar de 1962. Pero las persecuciones se remontan varios años y ya en 2009 comenzaron a avistarse embarcaciones sin motor atestadas de rohingyas abandonados a su suerte en alta mar. A todo ello hay que sumar las restricciones en materia matrimonial, laboral, educativa e incluso a la libertad de tránsito.

La gota que colma el vaso tiene lugar en 2012, con la muerte de un monje y la violación de una mujer budista, supuestamente a manos de unos rohingya. Es entonces cuando, desde el funcionariado y la comunidad religiosa, se incita a la realización de ataques coordinados contra los musulmanes para obligarlos a huir en lo que Human Rights Watch califico de plan de limpieza étnica. El resultado, miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Situación actual

En agosto de 2017, el denominado Ejército de Salvación Rohingya Arakán (ARSA), liderado por Ata Ullah, se atribuye la responsabilidad de los ataques realizados sobre la policía y las Fuerzas Armadas birmanas, que costaron la vida a una decena de oficiales. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y centenares de aldeas fueron arrasadas, provocando más de 6.700 víctimas mortales, entre ellas más de 700 niños menores de 5 años y desplazando a aproximadamente 700.000 mil rohingyas fuera de las fronteras Birmanas, la mayoría con destino a Bangladés.

Aldea rohingya quemada en el Estado de Rakáin/Soe Zeya Tun

En la actualidad y desde 2017, se calcula que Bangladés acoge a más de 900.000 mil rohingyas, repartidos en 34 campamentos diseminados en una área de 26 kilómetros cuadrados. Sola en el asentamiento de Kutupalong Balukhali se hacinan más de 600.000 personas,  convirtiéndolo en el campo de refugiados más grande del mundo. Según la ONU, el futuro de estas personas no es alentador y hay poco optimismo en lo que a un inminente retorno se refiere, en la medida en que el Gobierno birmano todavía niega el acceso al norte de Rakáin tanto a medios de comunicación, como a observadores internacionales independientes.

Informes sin confirmar hablan de fosas comunes ocultas, construcción de viviendas e infraestructuras sobre las aldeas rohingya destruidas y realojo de otras poblaciones con el fin de impedir el retorno de los refugiados. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha llegado tarde y el hecho de que la Corte Penal Internacional finalmente haya aceptado investigar los hechos, constituyen un flaco consuelo teniendo en cuenta la cantidad pruebas, informes y reportajes que documentan la tragedia prácticamente desde el principio.

Mapa que muestra la diáspora rohingya/aljazeera

A día de hoy, queda todo por resolver y la ayuda económica a Bangladés no puede ser la solución al problema de los refugiados. Es preciso garantizar el retorno de los rohingya a suelo birmano en condiciones de seguridad y en el menor tiempo posible o de lo contrario podríamos estar asistiendo una vez más, tal y como ya apuntan algunos expertos, a la transformación de campos de refugiados temporales en asentamientos permanentes. En este sentido, juegan un papel fundamental China e India, principales afectados y no podemos perder de vista que si bien hasta ahora el Ejército de Liberación Rohingya únicamente reclama la restitución de derechos, la idea de secesión o la yihad no deben ser ignoradas, especialmente atendiendo a la precaria situación que atraviesa el DAESH en Siria e Iraq, no debiendo descartar a la ligera la posibilidad de que el foco de la influencia terrorista se ponga sobre los rohingya.

Lo único que queda claro es que la consolidación democrática de Birmania en este contexto tiene como punto de partida obligatorio el reconocimiento de los rohingya como primer paso hacia la restauración social del país.


Analista de inteligencia. Especializado en análisis del entorno de la información y Defensa.

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