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China expande sus «campos de concentración» para uigures

China enfrenta una creciente censura internacional desde que el pasado año saliera a la luz el internamiento masivo de minorías musulmanas, en lo que funcionarios de Beijing denominaron “centros de formación profesional”. Estos mismos funcionarios afirmaron que el número de instalaciones de este tipo, en la región occidental de Xinjiang, se habían reducido a medida que los internos se reincorporaban a la sociedad como “ciudadanos reformados”.

Sin embargo, investigaciones recientes han desafiado el discurso oficial del gobierno chino y denuncian que contrariamente a lo que afirman las autoridades de Xinjiang, el número de centros de detención se ha incrementado desde el año pasado. En lugar de ser liberados apuntan, existe una elevada probabilidad de que muchos de los detenidos sean enviados a prisiones u otras instalaciones, y según los investigadores habría evidencias que sugieren que muchas estas detenciones extrajudiciales en esos “campos de reeducación”, acaban en acusaciones formales.

Musulmanes detenidos en un campo de «reeducación» en la región china de Xinjiang. HUMAN RIGHTS WATCH

El gobierno chino ha levantado una serie de barreras que dificultan la investigación de los hechos, impidiendo conocer las verdaderas condiciones que se viven en el seno de dichos emplazamientos. Al parecer los funcionarios hostigan a los periodistas extranjeros, haciendo imposible la realización de entrevistas en condiciones normales; el acceso a los campamentos está limitado a determinados visitantes, nunca de manera independiente, que son llevados por una serie de “tours a medida” en los que se puede ver a los presos cantando, bailando y realizando otras actividades.

La mayor parte de la información disponible acerca de estos campamentos procede de supervivientes uigures y de otras minoras, que huyeron al extranjero, a filtraciones de documentos chinos y a imágenes por satélite que confirmaron la ubicación y existencia de los campamentos.

El minucioso estudio de imágenes satelitales de Xinjiang ha revelado la existencia de complejos descomunales, rodeados por altos muros, torres de vigilancia y cercas de alambre de espinos. Los investigadores examinaron más de 380 emplazamientos sospechosos, de los cuales 61 han experimentado una expansión constatable. A su vez dividieron los emplazamientos en función de los niveles de seguridad y determinaron que aproximadamente la mitad de ellos serían instalaciones de máxima seguridad.

Mapa que muestra los «campos de reeducación» para uigures en Xinjiang (oeste de China)/East Turkistan National Awakening Movement (ETNAM)

Sin embargo, los resultados de la investigación también vendrían a confirmar parcialmente las afirmaciones del gobierno chino, en la medida en que se han descubierto indicios de que algunos de estos campos de reeducación, por lo menos 70, habrían sido clausurados o se encontrarían en pleno proceso de desmantelamiento. A pesar de lo positivo de esta información, por el momento no es posible descartar que se trate de instalaciones que están siendo sustituidas por complejos con mayor índice de seguridad.

Las autoridades chinas han llevado a cabo una brutal represión en Xinjiang y se estima que más de un millón de personas han sido encarceladas en los últimos años. En contraste con estas cifras, hacia finales del año pasado, Shohrat Zakir, presidente del gobierno de Xinjiang, declaró públicamente que los centros de reeducación solamente alojaban a personas que estaban allí voluntariamente.

En un territorio donde los uigures y otras minorías mayoritariamente musulmanas constituyen más de la mitad de una población de 25 millones de habitantes, Las investigaciones dibujan otro escenario. Los tribunales de Xinjiang condenaron a aproximadamente 230.000 personas a prisión u otros castigos en 2017 y 2018 respectivamente.

Imágenes satelitales que muestran la construcción entre 2014 y 2020 en un centro de detención de alta seguridad en Xinjiang/ASPI

Aunque no se conocen estadísticas oficiales de sentencias para el periodo de 2019, informes publicados por las autoridades en Xinjiang a principios de este año reflejaban que los fiscales acusaron a 96.596 personas, lo que sugiere que el número de juicios, que generalmente resultan en condenas, ha sido menor que en los dos años anteriores, pero todavía muy por encima de las cifras que se manejaban en años previos al auge de la represión.

Penas de prisión que van de los cinco a los diez, o incluso quince años, por acusaciones de “separatismo”. En muchos casos los detenidos y sus familiares no tienen más remedio que adivinar los motivos de la detención, existiendo serias dificultades para conocer la situación de los acusados. Acusaciones como la de “poseer un Corán” o “negarse a comer carne de cerdo” son solamente algunos de los abusos denunciados; entre los que también se cuentan las detenciones arbitrarias, la tortura o la negligencia médica en el seno de los campos de detención.

Imágenes satelitales que muestran la construcción entre 2014 y 2020 en un centro de detención de alta seguridad en Xinjiang/ASPI

Al parecer numerosas familias uigures se han visto obligadas “acoger” en sus hogares a funcionarios chinos como parte de un sistema de vigilancia integral, que también tiene su reflejo en el mundo académico, los medios y las redes sociales.

EE.UU ha adoptado una posición más dura hacia China, especialmente en lo que respecta a la represión que las autoridades están llevando a cabo en Xinjiang.  Este mismo año, la administración de Trump ha impuesto sanciones y restricciones a las importaciones en todos aquellos casos en los que no se pueda demostrar que no han mediado los trabajos forzados.

Inicialmente el gobierno chino negó las informaciones sobre detenciones masivas en Xinjiang, y posteriormente mudó de discurso, defendiendo que los campos de adoctrinamiento son lugares que brindan capacitación laboral y contrarrestan el extremismo religioso y el terrorismo. Desde Beijing defienden sus políticas laborales en la región, asegurando que se observaban todas las normas internacionales de trabajo y derechos humanos.

El hecho de que estos campos de trabajo estén ubicados muy próximos a complejos de industriales, fábricas y otros centros de producción, lleva a pensar que la naturaleza de las instalaciones está directamente relacionada con las detenciones arbitrarias y el trabajo forzoso.

Algunos exiliados uigures han argumentado que la represión del gobierno chino en su tierra natal equivale a un genocidio. El pasado mes de septiembre un grupo de expertos y observadores internacionales emitían un comunicado que reforzaba esta acusación y en el que afirmaban que las políticas de China en Xinjiang «cumplen con el umbral mínimo de lo consideraríamos actos constitutivos de genocidio».

El gobierno chino ha rechazado tales afirmaciones. Sin embargo, la proliferación de estos centros de detención en la región sugiere lo contrario y parece reforzar la idea de que las autoridades están decididas a someter a la sociedad uigur cueste lo que cueste.


Analista de inteligencia. Especializado en análisis del entorno de la información y Defensa.

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