Redacción.

España ha sido denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, por no cumplir con la directiva de 2005 que obligaba a tener programas concretos de protección contra atentados en todos los puertos de la red principal.

a directiva de 2005 de la Comisión Europea establecía que las instalaciones portuarias de mayor importancia debían realizar una evaluación de los riesgos de atentado terrorista y elaborar planes concretos de protección contra los mismos, para lo que se había establecido un primer plazo de entrega de dichos planes hasta 2007.

En esta fecha, España aún no tenía listos todos los necesarios, por lo que desde la UE se le concedió una prórroga de entrega de los mismos que expiraba en 2013, fecha en la que, según datos de la Comisión, aún faltan por elaborar los planes de 9 de los 67 puertos a los que la Comisión nos obliga.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha asegurado que presentará los siete planes restantes (no 9) a lo largo de las dos próximas semanas, y que los mismos corresponden a puertos menores, aunque no ha aclarado de qué puertos se trata.

La Comisión avisó a España en septiembre del pasado año de que sería demandada por no cumplir la directiva al completo, y desde ese momento España ha estado informándola de los progresos en la elaboración de los planes. No obstante, y según indica la Comisión del «último informe de situación recibido el 14 de abril de 2015» se desprende «que, de los 67 puertos afectados por la normativa en cuestión, una evaluación y ocho planes de protección portuaria están aún pendientes de aprobación».

Esta es una directiva que se aprobó tras los atentados sufridos por España (Madrid 2004) y Reino Unido (londres 2007), en sus redes de transporte público. En la misma se hace hincapié en la necesidad de prestar especial atención a determinados tipos de transportes marítimos (buques de transbordo rodado), por ser especialmente vulnerables a las amenazas de este tipo.