Carlos González de Escalada Álvarez/ Sevilla. 

Se puede decir que, desde este miércoles, España vuelve a ser oficialmente pobre. Ya no jugamos la Champions League de la economía, sino que nuestro espejo es Grecia. Sí, aunque nos duela, volvemos a ser pobres como toda la vida de Dios y como me decía un seguidor de Twitter, ahora es peor porque somos“pobres pero además estamos endeudados”.

Atrás quedaron los años de vino, rosas y champán francés. Cuando cada día nacía una nueva empresa pública, una nueva tele en un ayuntamiento, una nueva “embajada autonómica”. Hace unos poquitos años, cualquier consejero de una autonomía, podía bajarse de un Audi, subir en preferente a un avión e irse a inaugurar una representación comercial en cualquier lugar del mundo, con todo boato, dietas, hoteles de lujo, reuniones con prebostes importantes. Durante años, los gobiernos regionales han sido la envidia, por presupuesto y capacidad, de gobiernos de países pequeños o en vías de desarrollo. Incluso hoy, con España arruinada, Arthur Mas, José Antonio Griñán o Esperanza Aguirre, viajan con séquitos que en nada envidian a los de Mariano Rajoy o Angela Merkel. Son políticos-semidioses, que flotan por encima de nosotros mortales que pagamos con sudor sus extravagancias.

Duro despertar
Hoy nos frotamos los ojos incrédulos porque anoche nos acostamos ricos y hoy nos despertamos pobres. Abrimos los ojos y la resaca y el dolor de cabeza apenas nos dejan movernos. Sí, estamos arruinados y endeudados. Hay que decirlo bien alto. Quedamos cuatro en pie, soportando una ingente maquinaria burocrática y unos servicios que no podemos pagar… ni de lejos.

Solución política: freírnos a impuestos a los “tontos de la nómina” que es como parece que se nos considera desde la casta superior político-sindical. La sociedad, desde el comienzo de los tiempos tiene una propensión irrefrenable a dividir a las personas entre los que están arriba y los que están abajo, a estratificarse entre privilegiados, pardillos y pobres. Hoy, los privilegiados de siempre, tienen otros nombres, pero son los mismos: políticos arrimados, asesores, gerentes de empresa pública, liberados sindicales, conseguidores, consejeros de cajas de ahorro, vocales de consejo de no se qué, directores de institutos autonómicos. Están ahí, no sirven para nada y les pagamos. Pero claro, la solución es ponernos el  IVA al 21%, eso sí, por imperativo europeo. Oiga, que no nos chupamos el dedo.

Mi receta
Yo, que me considero integrante de la categoría de los pardillos (trabajar mucho para pagar cada vez más) tengo una receta sencilla. Pero como no soy gobernante no será de aplicación, así que no se hagan ilusiones. Sueño con el viernes que, tras el Consejo de Ministros, lo telediarios anuncien: 

1. Control del Senado a las CCAA: El Senado de España votará todas y cada una de las leyes y decretos de las Comunidades Autónomas, con derecho de veto.
2. Eliminación de la administración paralela: El Gobierno eliminará por ley todas los institutos, fundaciones, consejos asesores y empresas públicas con la exclusiva salvedad de las que venden servicios directamente a los ciudadanos (suministro de aguas, metro, autobús, basuras).
3. Tope al número de funcionarios: Fijación por ley del número de funcionarios de la Administración Central y de las CCAA en función de la población.
4. Ley de conflicto de competencias: Quedará prohibido, por ley, que las Comunidades Autónomas y ayuntanmientos asuman competencias que nos les corresponden: seguridad ciudadana, relaciones exteriores, medios de comunicación, viajes oficiales fuera de España, subvenciones fuera de su demarcación. Se fijarán por ley el número de diputados autonómicos y de concejales, así como sus retribuciones, en función de la población.
5. Ley de asesores no-funcionarios: Se limita a diez asesores no-funcionarios los que puedan contratar a dedo los presidentes del Gobierno; tres, los presidentes de Comunidades Autónomas y ministros; dos, los grupos parlamentarios nacionales y alcaldes de capital de provincia y uno, los consejeros autonómicos o grupos parlamentarios autonómicos.
6. Ley de vehículos oficiales: Se limita el uso de vehículos oficiales a: miembros de la Casa Real, presidente del Gobierno, ministros, secretarios de Estado, presidentes de Comunidad Autónoma y consejeros autonómicos. Los mandos militares y policiales podrán usar vehículos militares y policiales en función de sus necesidades operativas.
7. Ley de intervención general del Estado: Las intervenciones de las Comunidades Autónomas pasan a depender de la Intervención General del Estado. El estado podrá intervenir la administración económica de CCAA y ayuntamientos.
8.  Ley de eliminación de subvenciones: Quedan abolidas las subvenciones. Se limita la concesión discrecional de subvenciones estrictamente a casos de emergencia y fuerza mayor.
9. Ley de igualdad fiscal y administrativa: Las personas físicas y jurídicas podrán acogerse al régimen fiscal, regulatorio o normativo más favorable de cualquier comunidad autónoma, independientemente del lugar donde tengan su domicilio.
10. Eliminación de diputaciones y ayuntamientos pequeños: Quedan eliminadas las diputaciones provinciales y se fusionarán los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes con los de mayor entidad, más cercanos. Quedarán fijados por ley el número

Venga, anímense, señores de las alturas, que hasta ahora casi lo único que han hecho es subirnos los impuestos, recortar salarios y reducir prestaciones. O de lo contrario, mucho nos vamos a acordar de aquellos versos de Quevedo: «Miré los muros de la Patria mía, si un tiempo grandes, hoy desmoronados…»