Marta Gómez/ Sevilla.

El Tribunal Militar Territorial Primero ha cerrado de nuevo el accidente del helicóptero estrellado en Afganistán ocurrido en agosto de 2005. En esta catástrofe, 17 militares españoles perdieron la vida en “circunstancias extrañas” en el trayecto que cubrían entre Herat y Sindar. En su momento, tanto la ISAF como la OTAN declararon que la amenaza era de “nivel baja”

El 16 de agosto de 2005, 17 militares españoles que participaban en una operación de las FAS enmarcada en la misión de Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, de sus siglas en inglés) perdieron la vida en la ciudad de Herat (Afganistán).

Los militares españoles fallecidos pertenecían al regimiento Isabel la Católica de la Brilat (Pontevendra) y Sevilla, respectivamente. Por su parte, otros cinco militares que iban en otro helicóptero resultaron heridos cuando intentaron auxiliar al primer helicóptero siniestrado.

Empezaron las investigaciones y los primeros traslados a la zona. El primero fue el entonces ministro de Defesan, José Bono, quien afirmó que el nivel de alerta en Afganistán en aquel momento era de “amenaza baja” –tal y como lo habían estimado la OTAN y el ISAF- y “moderado” en la localidad de Sindar, donde tenían previsto concluir el trayecto. Algunos apuntaban que los militares murieron por una maniobra mal hecha, otros decían que se debía a las condiciones meteorológicas, y, otros últimos, que fallecieron en “circunstancias extrañas”.

El informe final de la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITTAM) especificaba que el capitán David Guitard consideró que “el vuelo táctico que iban a realizar estaba sujeto a una amenaza de grado medio”, de acuerdo con los parámetros marcados por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). De esta manera, Guitard, trasladó palabras parecidas a su tripulación para emprender el vuelo. “En esos términos, en las fechas del accidente debería hablarse de amenaza baja, que significa reducido propósito o capacidad limitada para actuar de un posible adversario», explicaba entonces el ministro de Defensa.

El pasado marzo, el caso permanecía abierto al considerar el Tribunal Militar Territorial Primero estimable los recursos de apelación interpuestos por varias víctimas debido a la polémica que se creó para archivar el caso. De esta manera, los jueces responsables en el caso llevaron a cabo nuevas diligencias: testimonios de cuatro afganos que estuvieron presente cuando siniestró el helicóptero y las declaraciones de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Hace siete años, Bono descartaba la posibilidad de que el accidente fuera ocasionado por un ataque, fallo en la aeronave o explosión de munición. Al contrario, aplaudía la profesionalidad de los pilotos. Todas las posibles hipótesis eran descartadas.

“El Cougar se estrelló por una pequeña elevación del terreno”
Pasados cinco años, las polémicas para reabrir el caso no llegaron a buen puerto y el Tribunal Militar Territorial Primero ha considerado archivar el caso –en un auto fechado en julio- después de haber tomado declaración a los cuatro afganos el pasado mes de mayo. El Tribunal ha alegado que las pruebas que se hicieron “abundantemente realizadas”, condujeron a cerrar el caso y determinar que el Cougar se estrelló por una elevación del terreno

Ante este nuevo cambio en el caso, la familia del piloto Guitard llevará en los próximos días un indicente de nulidad y acudirá al Tribunal Constitucional porque considera que “hay muchas cuestiones sin resolver y muchas dudas por aclarar”.

En este sentido, el abogado de la familia del piloto, Manuel Casado, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que se seguirá investigando “hasta el final para defender los intereses de los que allí murieron”.

Asimismo, según afirma la familia de Guitard, los cuatro jóvenes que se encontraban en la zona pudieron intervenir en el siniestro de la aeronave, ya que pudo haber provocado la distracción del piloto y tener menos tiempo para reaccionar. Ante esto, el Tribunal se ha referido a las declaraciones de los jóvenes, “no oyeron ningún tipo de denotación, disparo ni nada que se le pareciera. La zona es tranquila desde que fueron derrocados los talibanes”.

De la misma manera, el Tribunal ha recordado que no se halló ningún resto físico que se pareciera a “un artefacto alguno con capacidad para derribar a las aeronaves”, así como “reivindicación alguna del presunto atentado o acción de guerra”.
Aún así, ante el abanico de supuestos en este caso, el Tribunal atribuye el siniestro a un “hecho de naturaleza o carácter fortuito”. Por esta razón, no existe responsabilidad penal alguna además de descartar “definitivamente” que la caída pudiera deberse a un ataque como también descartó el ministro de Defensa de entonces.