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El Informe del Consejo de Estado responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42

Homenaje a las víctimas del Yak 42

Redacción

El Informe del Consejo de Estado ha responsabilizado al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42 ocurrido el 26 de mayo de 2013 y en el que 62 militares que regresaban de Afganistán perdieron la vida. Ahora, se pide la dimisión del que fuera por entonces Ministro de Defensa, Federico Trillo, y que desde 2012 desempeña su labor en Londres como embajador.

Según el diario EL PAÍS, que ha tenido acceso al documento, se expone que: “Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”.

El informe fue aprobado por unanimidad el pasado 20 de octubre por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno y que es presidido por José Manuel Romay Beccaría, exministro del PP.

Ahora el documento afirma que el hecho de que no hubiera delito no eximía de que no hubiera responsabilidad. Coincide pues con los tribunales en que la causa del accidente fue el agotamiento y estrés de los pilotos que llevaban 22 horas de vuelo, así como que éstos no hubieran recibido formación para afrontar este tipo de situaciones. Esto provocó que se desonrientaran y el avión se estrellara contra el monte Pilav, cuando se disponían a hacer cola en Trabzon (Turquía).

Los responsables de Defensa no habían asumido responsabilidades porque esa función correspondía a NAMSA (agencia de la OTAN), con quien se había contratado los vuelos. Sin embargo, ahora el Consejo cree que el Estado debe tener la obligación de inspeccionar y comprobar la actividad de sus contratistas, sobre todo en actividades que impliquen riesgos, como fue el caso.
Además, ya se habían producido avisos sobre la seguridad del trasporte del personal.

El alto órgano asesor ha afirmado que el ministerio tuvo indicios de los riesgos que suponían estos vuelos y no emprendió acciones para evitarlos.

Pese a no tener consecuencias económicas, se trata de una gran victoria moral para las familias de las víctimas, pues esta es considerada la mayor catástrofe la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz.

La dimisión de Trillo
Ahora la cuestión es que el Gobierno se replantee que Federico Trillo siga representando a España como embajador en Londres. Este pasado martes, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, afirmaba al respecto: “Eso está ya sustanciado judicialmente. Ocurrió hace muchísimos años”
Ya en aquel momento, muchas fueron las quejas por haber puesto en juego la vida de los militares en un avión que tenía quejas por su mantenimiento.

Nada se supo tampoco de la identificación de los cuerpos tras la tragedia.

En aquel momento, Federico Trillo era el Ministro de Defensa. En 2004 pasó a la oposición y ya en 2011 fue nombrado embajador de Londres aunque no tuviera carrera diplomática. Los embajadores no tienen limitación de mandato por lo que podría seguir en el cargo, aunque suelen ser renovados con las nuevas legislaturas y muchos apostaban por Alfonso Dastis como su sucesor.

Por su parte, tanto PSOE como Ciudadanos, Podemos y ERC han pedido la destitución del que por entonces ocupaba el cargo como Ministro de Defensa. Además se ha pedido que la actual Ministra de Defensa, M. Dolores de Cospedal comparezca, lo que se espera que ocurra en Enero.

Además, los familiares delas víctimas de la tragedia del Yak-42 reclaman también la destitución de quien fuera su interlocutor en el mismo ministerio tras el accidente, Javier Jiménez-Ugarte, que además es también desde 2012, embajador español en Suecia.

M. Dolores de Cospedal es quien tiene la última palabra. El informe concluye con que el riesgo que sufrieron las víctimas no estaba relacionado con su profesión militar, aunque rechaza las indemnizaciones ya que considera que esto ha sido satisfecho en los últimos trece años.


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