Un nuevo informe publicado por la ONG de derechos humanos con sede en Madrid, Safeguard Defenders, documenta que China tendría al menos otras 48 comisarías de policía ilegales en el extranjero. Este número se sumaría a las 54 que ya reveló el grupo el pasado mes de septiembre, por lo que el número total de estas comisarías ascendería a 102, repartidas entre 43 países.

Como ya desveló la ONG, estas comisarias no oficiales creadas aparentemente para ayudar a los ciudadanos chinos con los trámites administrativos, persiguen a sospechosos de delitos y a los disidentes del régimen del presidente de China, Xi Jinping, en el extranjero. Al menos 230.000 ciudadanos chinos se habrían visto obligados a regresar a su país a través de estos centros ilegales dirigidos por las oficinas de seguridad pública de las ciudades chinas de Fuzhou y Qingtaian, según los informes de Safeguard.

La ONG, que investigaba sobre la dimensión del esfuerzo chino para persuadir a sus ciudadanos de volver a su país en contra de su voluntad, se encontró con estas redes de comisarias ilegales.

El nuevo informe publicado esta semana, titulado “Patrullar y persuadir”, la organización afirma haber utilizado declaraciones de fuentes abiertas de las autoridades de la República Popular China, la policía china y los medios de comunicación estatales para documentar estas nuevas comisarias ilegales.

Según Safeguard, algunos países anfitriones también han cooperado en la creación de estos centros; el nuevo informe dirige su atención al ascenso de la red ilegal y analiza la función que han cumplido las operaciones policiales conjuntas entre China y otros países como Italia, Serbia, Croacia o Rumania, en el aumento de las comisarias chinas en el extranjero, teniendo en cuenta el número significativamente mayor al ya conocido a raíz del primer informe de la organización.

Además, entre estos nuevos centros, junto con las tres comisarías de policía previamente confirmadas en el área metropolitana de Toronto, que operan desde la ciudad china de Fuzhou, se han encontrado centros recientemente confirmados en Vancouver, operados desde Wenzhou, y otro cuya ubicación es desconocida, pero opera fuera de Nantong.

Desde China afirman que las comisarias son únicamente para ayudar a los ciudadanos chinos a renovar sus permisos de conducir y otros trámites administrativos, ya que muchos ciudadanos no pueden regresar al país debido a la pandemia y que, además, son “voluntarios locales” los que facilitan estas tareas, no policías chinos. Pekín continúa negando que se esté empleando algún tipo de fuerza policial ilegal fuera de su territorio, y el pasado mes desde el Ministerio de Relaciones Exteriores declararon que “esperamos que las partes relevantes dejen de exagerar para crear tensiones. Usar esto como pretexto para difamar a China es inaceptable”.

A pesar de estas declaraciones, el último informe de la ONG sostiene que una de las redes policiales investigada había contratado a 135 personas para sus primeras 21 estaciones. Asimismo, muestra la evidencia de individuos que han estado trabajando con contratos en estas estaciones, así como nuevas afirmaciones; entre las cuales las de que un ciudadano chino fue obligado a regresar s su país por varios agentes que trabajaban de forma encubierta en una comisaría de policía china en el extranjero en un suburbio de París y que fueron contratados para este objetivo concreto. Además de al menos otros 80 casos en los que el sistema policial de Nantong en el extranjero colaboró para que estos ciudadanos fueran devueltos a la fuerza a China.

Este tipo de actividades consulares no declaradas, que quedan fuera de las labores diplomáticas oficiales, son algo insólito e ilegales, salvo en el caso de que el país anfitrión dé su consentimiento explícito. En este sentido, según el informe de Safeguard, la mayoría de las estaciones recientemente documentadas se establecieron a partir de 2016, refutando de forma directa las declaraciones del gobierno de China que afirma que las operaciones se iniciaron como respuesta a la pandemia.

Los informes de la organización han desembocado en la investigación de estas comisarias en al menos 13 naciones, desatando una crisis diplomática entre China y estos países. Con el tercer mandado Xi Jinping puesto en marcha, estas acusaciones llegan en un momento crítico para China, teniendo en cuenta los disturbios que se han extendido por todo el país a raíz de las políticas restrictivas de “cero Covid”. No obstante, China ha señalado que relajará algunas de estas medidas tras tres años del inicio de la pandemia.

Considerando que China es la segunda potencia económica del mundo, ha desarrollado relaciones con una gran cantidad de países en los que se han hallado muchas de estas nuevas comisarías de policía, generando un desequilibrio entre intereses comerciales y seguridad nacional.

En este sentido, Italia, que ha llegado a diversos acuerdos de seguridad con China desde 2015, no se ha pronunciado ante estas supuestas actividades en suelo italiano cuando Safeguards afirma que el país alberga 11 comisarías chinas. Croacia y Serbia también firmaron acuerdos similares con China entre 2018 y 2019 como parte de la política exterior de Xi Jinping. Medios chinos informaron haber visto a oficiales chinos patrullar de forma conjunta con la policía croata en Zagreb el pasado mes de julio. La ONG también asegura que dichas estaciones se han podido establecer en Sudáfrica y países de alrededor a través de un acuerdo similar con Pretoria.