El auge de la influencia y la presencia china en América Latina es una realidad de la que son conscientes no solo los principales líderes políticos a nivel global, sino también un factor plenamente contemplado en el ámbito empresarial y de la seguridad por sus importantes repercusiones internacionales. A esta realidad ahora hay que sumar las proporciones del impacto que ha tenido el COVID-19 en la región y las oportunidades que plantea para un actor como China.
En el curso de las últimas dos décadas la actividad comercial con china se ha multiplicado por 18, lo que se traduce en 314.000 millones de dólares, a medida que sus empresas se han convertido en socios y proveedores de primer orden para los operadores clave de campos petrolíferos, minas, puertos, telecomunicaciones y eléctricas en la región.
En el ámbito de la seguridad, el Ejército Popular de Liberación (EPL) también ha incrementado su actividad en la región: contribuyendo con la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití mediante el envío de policía militar durante estos ocho últimos años; mediante el desplegando su buque hospital hasta en tres ocasiones; a través de la presencia regular de sus buques de guerra haciendo escala en puertos «amistosos» o participando en ejercicios militares conjuntos, programas de entrenamiento como el impartido por el Centro de Instrucción para la Guerra en la Selva (CIGS) de Brasil a oficiales chinos o el curso de Lanceros en Colombia.
Estos lazos comerciales y en materia de defensa plantean una serie de riesgos estratégicos para el resto de potencias que compiten con China, en particular para EE.UU y sus socios. Sin embargo, dichos riesgos no deben ser entendidos como una baza para boicotear el derecho de la nación china a prosperar o el de América Latina para beneficiarse de tales compromisos comerciales.
No obstante, lo cierto es que con frecuencia el modus operandi chino y su actitud “depredadora”, a la hora de asegurar su propio beneficio a través de iniciativas, presiones y todo un arsenal de maniobras cuidadosamente ejecutadas entre bambalinas, generalmente sitúan a su contraparte en una clara desventaja al tiempo que favorecen una corrupción y un populismo de por sí endémicos en la región.
Cuando se trata de China, no es extraño que los derechos humanos y las libertades fundamentales, la legislación internacional, los principios democráticos e incluso la libertad de expresión queden subordinados a los intereses de Beijing.
En el ADN del enfoque chino para alcanzar sus objetivos, la fabricación, la compra y el robo de capacidades clave constituyen algunos de los ejes centrales de su estrategia. Estos pilares se han visto reforzados por una creciente influencia y una capacidad sin precedentes para moldear la opinión pública, logrando así un clima receptivo hacia sus políticas.
En América Latina, al igual que en el resto de escenarios en los que tiene intereses, China ha puesto a sus grandes corporaciones en el centro de su estrategia, potenciándolas con vastos recursos y apoyo estatal con el objetivo fundamental de obtener tecnologías clave y posicionarse en la primera línea de los mercados. En el marco de dicha estrategia es posible identificar una serie de patrones que se repiten.
En primer lugar, busca copar los mercados de minerales estratégicos, como por ejemplo el niobio en Brasil o las minas de litio en Chile, Argentina, Bolivia y México
En segundo lugar, nos encontramos con la inversión de un importante volumen de recursos financieros destinados a potenciar la eficacia de sus empresas en sectores clave. Principalmente se lleva a cabo a través de la participación en empresas extranjeras con amplia experiencia en un campo específico con el fin de diseñar estrategias más competitivas y eficaces.
En tercer lugar, son evidentes los esfuerzos de China a la hora de obtener el reconocimiento y apoyo diplomático de los estados en su tira y afloja con Taiwán. El principal objetivo: aislar a su rival. Recientemente tenemos los ejemplos del cambio de postura de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador. En todos los casos dicho cambio vino acompañado por una serie de acuerdos comerciales poco transparentes que facilitaron la penetración de empresas chinas esos países.
En cuarto lugar, resulta evidente la sinergia entre el control de la demanda, la oferta y el dominio de las infraestructuras, especialmente a la hora de favorecer el predominio y la dependencia hacia sus empresas. Un ejemplo claro lo encontramos en las polémicas empresas de telecomunicaciones Huawei y ZTE. El 5G ha acaparado la mayor parte de la atención pero en segundo plano e igualmente amenazante es la posición de china como proveedores mayoritarios de telefonía y otros sistemas.
A medida que las empresas chinas se hacen con un porcentaje cada vez mayor de las infraestructuras financieras y digitales, el riesgo para un país aumenta en la medida en que la propia legislación china obliga a dichas empresas a entregar datos que puedan ser de interés para la nación. Nos encontramos por tanto con una estrecha colaboración entre el tejido empresarial y aparatos gubernamentales como el Ministerio de Seguridad chino, cuyo historial en materia de robos de tecnología e información viene de largo.
China no duda en tomar medidas “rígidas” para silenciar a gobiernos, empresas e incluso particulares que puedan ser críticos con sus actividades o sus formas. Tenemos el ejemplo de la suspensión de las importaciones de soja con Argentina en 2010, o de la compra de carne de cerdo australiano en 2020 a raíz de la petición por parte de Australia de una investigación más exhaustiva respecto a los orígenes del COVID-19.
Sin embargo, a menudo opta por un enfoque más sutil, a través de “prebendas” que favorecen la autocensura de empresas que esperan hacer negocio, académicos en busca de financiación o estudiantes y profesionales de la comunicación que moderan su tono crítico para tapar los favores recibidos.
La tendencia apunta a que la pandemia impulsará la importancia de la demanda china en la región, especialmente a la vista de un crecimiento proyectado del 8,1% del PIB el próximo año, frente al prácticamente generalizado estancamiento occidental.
No hay que olvidar que el impacto del Covid-19 en América Latina está siendo muy severo. Según las estadísticas del Banco Mundial, se trata de la crisis más dura a la que se enfrenta la región desde la Gran Depresión en las décadas de 1920 y 1930. Las consecuencias: disminución de las exportaciones; el precio de las materias primas se ha reducido debido; la reducción de la demanda ha desplomado los precios; y el turismo se ha derrumbado.
A la vista de este difícil panorama, los gobiernos latinoamericanos acosados por las crisis económicas y sociales estarán mucho más tentados de tomar la mano que les tiende China y aceptar rescates en forma de préstamos que beneficien de manera desproporcionada a las empresas chinas. Por si no fuera suficiente los expertos apuntan a que el resurgimiento de la izquierda política en muchos de estos países posiblemente ampliará todavía más las oportunidades de China en la región.
En materia de seguridad el escenario no es mucho más tranquilizador, teniendo en cuenta que a pesar de la ausencia de bases militares chinas y alianzas oficiales en la región no neutraliza el poder que tendría China para presionar a diferentes países en caso de conflicto de modo que se aviniesen a sus peticiones.
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