La inestabilidad política en Malí no hace más que incrementar la inseguridad a lo largo y ancho del territorio. El estado y las fuerzas de seguridad nacionales están totalmente ausentes en gran parte de la región norte del país. Es por esta razón que actualmente las fuerzas de paz de las Naciones Unidas juegan un papel prioritario en aras de mantener la estabilidad regional.

Mali constituye uno de los principales escenarios internacionales en materia de lucha contra el yihadismo, junto con Níger y Burkina Faso. Francia tiene desplegados unos 5.000 soldados combatiendo en la región, respaldados por más de 1.000 soldados estadounidenses, mientras que cientos de comandos europeos, entre los que figura España, sirven como apoyo entrenando al ejército maliense, entre otros cometidos. 

Asimismo la ONU dispone de casi 15.000 de efectivos de fuerzas de paz en la zona. Sin embargo, y a pesar del despliegue de todas estas fuerzas, los insurgentes se han extendido de forma preocupante por Malí y sus países vecinos. Se estima que más de 2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus países y más de 10.000 han muerto en los últimos dos años. 

Como consecuencia, los gobiernos de la región y sus aliados occidentales están siendo sobrepasados de forma gradual en esta guerra de desgaste contra un enemigo difícil de erradicar. Uno de los principales factores que está contribuyendo al deterioro de la situación regional se encuentra en Malí, donde la llegada al poder de un gobierno corrupto, centralizado en la capital Bamako, ha terminado por desestabilizar definitivamente todo el país. En la mayor parte de Malí no existen fuerzas de seguridad y se acusa la falta de profesionales en la mayoría de ámbitos fundamentales que rigen el funcionamiento normal de una nación. En materia de justicia, educación o sanidad las carencias están afectando gravemente a la población local.

Recientemente un destacamento de las fuerzas de paz de la ONU se reunió con un gobernador regional para visitar una aldea del noreste del país. Muchos de los aldeanos declararon ver por primera vez a un representante del estado: en 2018 el 75% de los funcionarios públicos (incluyendo personal sanitario y profesorado) se encontraban en la capital. Las autoridades malienses han retirado sus fuerzas de gran parte del país, y han dejado la seguridad en manos de Francia y la ONU. Con esta situación no es difícil imaginar que en las áreas donde el estado no está presente, la criminalidad se ha extendido rápidamente y los yihadistas han ganado terreno. 

En Burkina Faso y Níger, los yihadistas también han prosperado en regiones desentendidas por el gobierno, incluso en distintas áreas han conseguido expulsarlo haciéndose con el poder. Desde 2.018 los insurgentes que se encuentran en tierras fronterizas entre los tres países han asesinado y secuestrado a al menos 300 funcionarios y sus familiares. 

Muchos expertos afirman que los yihadistas no pueden ser derrotados solamente por la fuerza, y que una política favorable y y un próspero desarrollo económico son esenciales para dotar de legitimidad y solidez al estado. Pero teniendo en cuenta la situación, no es fácil saber por dónde habría que empezar con una nación tan deslegitimada. 

En 2020, después de que el gobierno saliera victorioso en unas elecciones legislativas dudosas, miles de ciudadanos salieron a las calles en forma de protesta, no solo por el supuesto amaño electoral, también en contra de la corrupción y el deterioro de la seguridad. Muchos ciudadanos aplaudieron el golpe militar liderado por el coronel Assimi Goita en agosto de ese mismo año. Sin embargo, aunque prometió celebrar elecciones en un plazo de 18 meses y nombró presidente a un civil, no tardó en cambiar de opinión y  encabezando un segundo golpe en mayo de este mismo año terminó por proclamarse presidente. 

El actual primer ministro de Malí, Choguel Maïga, señaló en unas recientes declaraciones que las elecciones prometidas para febrero podrían retrasarse “unos meses”. Aunque todo parece apuntar a que se retrasarán mucho más. “¿Qué nos han dado las elecciones durante 30 años? Solo corrupción y nepotismo”, declaró Oumarou Diarra, ex imán y miembro del actual gobierno. Los golpistas han afirmado que necesitan más tiempo para poder “refundar” el país tras años de corrupción y de políticas nefastas. Una encuesta realizada el pasado mes de septiembre en la ciudad de Bamako encontró que el 75% de malienses veían con buenos ajos el aplazamiento de las elecciones. 

Desde las Fuerzas Armadas francesas sostienen que “la agitación y las dificultades políticas en Bamako han tenido un impacto muy limitado en las operaciones militares”. Pero este hecho no parece que vaya a durar, y el gobierno de Malí ha culpado de forma reiterada a Francia de los problemas del país, con el objetivo de afianzar y alargar su mandato. El primer ministro también afirmó de forma descabellada que Francia se encontraba en la región entrenando a fuerzas yihadistas, para más tarde lamentar tanto el cierre de algunas bases militares francesas como los planes de retirada de casi la mitad de sus tropas. 

Para complicar todavía más la situación, Malí contrató hace algunos meses al grupo de mercenarios rusos Wagner amparándose en la situación de inseguridad que atraviesa el país. Sin embargo este se ha demostrado como un movimiento notablemente arriesgado, teniendo en cuenta que probablemente Goita preferiría que el ejército francés permaneciera en el país pese a sus recientes declaraciones. En este sentido la Ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, advirtió que su país “no podrá convivir con mercenarios” si el grupo Wagner se despliega. 

Muchos yihadistas son figuras políticas que cuentan con seguidores:  Jyad Ag Ghali, líder de Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (“Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes») está vinculado a Al-Qaeda aunque no siempre fue yihadista, y fue conocido en sus inicios por ser un líder rebelde tuareg. Muchos yihadistas en el norte de Malí siguen vinculados a grupos separatistas tuaregs. 

En el centro de Malí, donde actualmente la violencia es más intensa que en el norte, los yihadistas han sacado provecho de las divisiones entre las distintas comunidades y han tomado el rol de defensores del grupo étnico Fulani. Milicias como Dan Na Ambassagou (“Cazadores que Confían en Dios”) afirman defender a otros grupos étnicos, generando de esta forma masacres selectivas entre los distintas comunidades. Una dinámica similar está desgarrando la sociedad en Burkina Faso y Níger. En este sentido la paz no solamente requiere de escuelas y atención médica, sino también de un sistema apropiado que permita compartir el poder entre las diferentes etnias. 

Muchos malienses creen que mantener conversaciones con los yihadistas podría ser una buena idea. Francia, que ha perdido más de 50 soldados en el Sahel desde 2013, se opone firmemente. Aun así, se han alcanzado más de 40 acuerdos de paz en diversas zonas de Malí y otros muchos en Burkina Faso. Algunos de estos acuerdos de paz se han dado entre grupos étnicos enfrentados, aunque otros incluyen a yihadistas. 

Las negociaciones políticas entre el gobierno maliense y los líderes yihadistas están todavía en el aire. El gobierno de Malí anunció recientemente que comenzaría conversaciones con estos líderes, aunque lo negó días más tarde. Muchos sospechan que la presión por parte de Francia se encontraría detrás de este cambio de rumbo. Pero también la supuesta tensión entre los dos líderes malienses podría tener algo que ver; Goïta que estaría a favor de las negociaciones, y Maiga con una posición más escéptica. 

En cualquier caso uno de los  principales problemas en este contexto es que el gobierno de Malí no asumiría ninguna negociación desde una posición de fuerza, de manera que solo ofrecería nuevas oportunidades a los terroristas para ganar terreno a costa de los eventuales acuerdos.