La OTAN rechaza las acusaciones del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sobre la concentración de tropas en la frontera del país. La portavoz aliada, Oana Lungescu, aseguró que las afirmaciones acerca del refuerzo de efectivos en las proximidades a la frontera con Bielorrusia son completamente infundadas y exigió a las autoridades del país que respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En sus declaraciones, Lukashenko apareció vestido con uniforme militar y anunció que las fuerzas armadas del país se encontraban en alerta máxima, en respuesta al supuesto movimiento de tropas por parte de Polonia y Lituania en la frontera occidental. Así mismo, afirmó públicamente que el bloque de la OTAN tendría por objetivo fracturar Bielorusia e instalar un nuevo presidente en Minsk.

«Están sacudiendo la situación dentro de nuestro país, tratando de derrocar a las autoridades«, dijo Lukashenko, y anunció que ha ordenado a sus responsables de seguridad que «adopten las medidas más duras para defender la integridad territorial en el país». La OTAN ha rechazado tales afirmaciones y sostiene que «no representa una amenaza para Bielorrusia o cualquier otro país. Nuestra postura es estrictamente defensiva».

Frente a tales acusaciones, la respuesta de los aludidos no se ha hecho esperar. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha asegurado que solamente se trata de una estrategia «del régimen para tratar de desviar la atención de los problemas internos de Bielorrusia a cualquier precio, con declaraciones totalmente infundadas sobre amenazas externas imaginarias». En la misma línea se han pronunciado fuentes próximas a la presidencia polaca, calificando de “propaganda del régimen” las insinuaciones relacionadas con cualquier intento de desestabilizar la frontera por parte de Polonia.

La situación en el país no ha hecho más que empeorar desde que Lukashenko fuera reelegido presidente el 9 de agosto, en unas elecciones consideradas fraudulentas por un importante sector de la población. Las protestas que siguieron a los resultados se encontraron con una brutal represión que acabó con la vida de al menos a cuatro personas. Los testimonios de algunos manifestantes han denunciado torturas en las prisiones y centros de detención.

Lukashenko ha prometido aplastar los disturbios y no ha dudado en culpar a una supuesta disidencia de «revolucionarios respaldados por extranjeros». Sin embargo, las protestas continúan y las huelgas se extienden por la mayoría de sectores. El sábado, multitud de manifestantes agitaron luces y banderas bielorrusas en las calles de Minsk mientras gritaban «libertad», ante unas fuerzas policiales que se empleaban para dispersar a las aproximadamente 1.000 personas reunidas en la Plaza de la Independencia de la ciudad.

La líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, se vio obligada a abandonar el país tan solo un día después de las elecciones. En una reciente entrevista, Tikhanovskaya aseguraba que los derechos fundamentales de la población estaban en juego y prometió «resistir hasta el final».

Mientras tanto, los aliados de Tikhanovskaya en el nuevo Consejo de Coordinación de la oposición, creado para organizar una transición pacífica y unas nuevas elecciones, han sido convocados al Comité de Investigación de Bielorrusia (SK),  acusados ​​de intentar tomar el poder de forma ilegal.

La líder de la oposición ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ayuden a establecer los cauces de diálogo que reconduzcan la situación. Hasta entonces, la UE  ya ha anunciado las primeras sanciones contra Lukashenko.

La UE y los EE.UU han respaldado la demanda de la oposición para que se retomen unas elecciones con garantías. Por su parte el Kremlin ha lanzado un contundente mensaje haciendo hincapié en que “cualquier interferencia externa en los asuntos de la república es inaceptable y que la única forma de resolver todos los problemas internos de Bielorrusia es a través del diálogo entre los líderes del país y sus ciudadanos».

¿Sin vuelta a atrás?

Se trata de unas manifestaciones cuya escala no tiene precedentes en el país, llegando a concentrar a aproximadamente 100.000 personas en el centro de la capital el pasado 16 de agosto, para protestar contra el gobierno y exigir la dimisión de Lukashenko.

Asistimos a una sucesión de protestas, enfrentamientos entre  los manifestantes y las fuerzas de seguridad, denuncias de brutalidad policial y huelgas en las principales empresas estatales. Para comprender la magnitud de la crisis a la que se enfrenta Bielorrusia es preciso conocer el trasfondo y las características particulares de la región.

Su localización geográfica la sitúa entre Rusia (este), Ucrania (sur), Letonia Lituania y Polonia (norte y oeste), miembros estos últimos de la UE y la OTAN. Al igual que sucede con Ucrania, sus 9,5 millones de habitantes están atrapados sufren las consecuencias del tradicional conflicto entre Rusia y Occidente.

Lukashenko, aliado de Rusia y considerado por muchos «el último dictador de Europa«, suma ya 26 años desde que llegara al poder en 1994 tras el colapso de la URSS en 1991. Durante su mandato la represión y la censura ha sido una constante ante cualquier forma de oposición, preservando notas características del comunismo soviético más tradicional.

En la actualidad dicha oposición ha cobrado la suficiente fuerza como para exigir un nuevo liderazgo democrático y la reforma económica que acabe con el monopolio estatal. Las elecciones del pasado 9 de agosto, en las que Lukashenko alcanzó una abrumadora mayoría, han sido la gota que ha colmado el vaso y las sospechas de fraude electoral han convertido el país en un polvorín demasiado inestable.

La crisis del coronavirus ha agravado la situación y ha contribuido a inflamar el descontento entre una población cansada de la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades. Las huelgas se han extendido por todo el país, afectando a las principales empresas e incluso a la televisión estatal, tradicionalmente afín a la línea marcada por el gobierno.