En la última década los usuarios de internet han experimentado un deterioro generalizado de sus derechos online y la crisis del coronavirus no ha hecho más que acelerar el deterioro de las libertades digitales en el seno de internet a nivel global. No resulta sencillo medir las verdaderas implicaciones de este fenómeno pero los datos analizados en los informes más recientes parecen corroborarlo y alertan sobre la amenaza democrática que supone el auge del autoritarismo digital.

Una preocupante tendencia en alza, a la que podríamos estar acostumbrándonos peligrosamente, es el refuerzo sistemático por parte de los gobiernos en materia de “control ciudadano” mediante el uso de la propaganda online o directamente a través de campañas de desinformación diseñadas para expandir la polarización y neutralizar a los disidentes. Estas prácticas, advierten los expertos, están erosionando la confianza en internet y los cimientos mismos de la democracia.

El nivel de toxicidad que se respira en la esfera digital aumenta día tras día, en paralelo a la voracidad con la que se compilan y clasifican nuestros datos personales, hasta el punto de que cada vez resulta más complejo identificar las líneas rojas que blindaban las nociones tradicionales y los principios básicos de la privacidad en internet.

La Guerra Digital se está librando en estos momentos y hay actores que cada día se vuelven más osados y diestros en la ciencia de controlar internet. Mientras mantienen un dominio férreo de su “internet nacional” y sus audiencias,  exportan sus modelos de censura y vigilancia más allá de sus fronteras.

Por si no fuera suficiente, la era COVID-19 ha abierto un nuevo abanico de oportunidades para estos actores estatales y no estatales a la hora de moldear a su antojo las diferentes narrativas, acallar a las voces críticas o instaurar nuevos sistemas de control digital.

El coronavirus nos ha enfrentado a una nueva realidad en la que la conectividad ha dejado de ser algo meramente provechoso, para convertirse en una auténtica necesidad. La actividad humana en su conjunto (economía, medicina, política, educación, seguridad) se ha visto obligada repensar su reflejo en la esfera digital con todas las ventajas e inconvenientes que esto conlleva.

Los acontecimientos vividos durante este último año han demostrado la eficacia con la que internet puede ser empleado para poner patas arriba muchas de las certezas democráticas que dábamos por seguras en nuestra vida digital cotidiana.

Este tipo de transformaciones, especialmente aquellas que obedecen a detonantes repentinos, traumáticos y de índole global como el que nos afecta en estos momentos, históricamente van de la mano de unas tendencias que se repiten, en mayor o menor medida, con independencia de la época o el lugar, hablamos de: el pretexto político perfecto para limitar el acceso a la información, la oportunidad para ampliar los mecanismos de control sobre la población y la excusa para implantar la propia soberanía en un espacio hasta entonces compartido.

En muchos casos dicho pretexto ha sido empleado para justificar detenciones o sustentar procesos penales en una supuesta cruzada contra la desinformación, para neutralizar los canales de comunicación del disidente en aras del propio interés. Hemos sido testigos de la difusión de información falsa y engaños por parte de gobiernos más preocupados por distraer a la opinión pública de su propia ineficacia política, buscando chivos expiatorios por doquier.

En otros supuestos, nos encontramos con que sistemas de control y vigilancia que jamás hubiéramos tolerado en circunstancias normales, y que una vez consideramos excesivamente intrusivos, están hoy sobre la mesa de muchos de los poderes que mueven el mundo. Hemos abierto de par en par las puertas de la digitalización, disfrutando de las ventajas que comporta e ignorando que no hemos sido nosotros sino la crisis sanitaria la que nos ha empujado a ese universo apenas explorado, en la mayoría de los casos sin la preparación ni las herramientas apropiadas.

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que el ser humano hace frente a un desafío de estas características, pero jamás con estas proporciones. Las fronteras digitales antes inexistentes o difusas, se vuelven cada día que pasa más visibles. Internet se está fracturando en diferentes “soberanías cibernéticas”, a modo de feudos en los que cada gobierno trata de imponer su propio fuero para controlar el flujo de información en los lindes de su territorio virtual.

Estamos asistiendo a un nuevo CAMBIO y más nos vale conocer de antemano  las consecuencias que pueden ir ligadas a una transformación de estas características y que conecta directamente con nuestros derechos fundamentales.

El consenso político, empresarial y social  que hizo posible conectar a millones de personas, armonizando protocolos, estándares de seguridad y regulaciones comerciales a nivel global, que permitió el acceso libre a una red de información y a un desarrollo humano sin precedentes, se ha visto desplazado por el auge de un autoritarismo aparentemente descontrolado e inflamado por ideologías.

No basta con buscar culpables y señalar a China, ciertamente pionera en estos asuntos, por su bloqueo sistemático de los servicios de internet extranjeros o por su infraestructura técnica destinada controlar el tráfico de cualquier información que pretenda entrar o salir del país; tampoco a Rusia que recientemente aprobaba leyes que permitirían aislar al país de internet en supuestos de emergencia nacional.

Existe un alarmante consenso cada vez más generalizado entre los expertos: “Este tipo de prácticas ya no son exclusivas de los regímenes más represivos del mundo. Países de todo el espectro democrático están erigiendo sus propias fronteras digitales en una señal de que la confianza en un internet libre se ha erosionado”.

Si algo nos ha enseñado la lucha contra la pandemia, es que la coordinación efectiva entre los responsables políticos y la sociedad civil resulta clave a la hora de enfrentar los desafíos en un mundo interconectado. Probablemente lo más acertado sería apostar por la coordinación intergubernamental, teniendo en cuenta la singular naturaleza de internet, y la creación de instituciones de vocación transnacional alejadas de esa peligrosa premisa que aboga por los cotos particulares dónde la jurisdicción pretende ser única.  Organismos cuya razón de ser obedezca a la protección de todos y cada uno de los usuarios sin distinción.

Libertad en la Red 2020

Según las conclusiones del informe Freedom on the Net 2020, que evalúa la libertad de Internet en 65 países, representando el 87% de los usuarios de Internet en todo el mundo, la libertad en Internet ha disminuido por décimo año consecutivo. De los 65 países analizados en el informe, 26 mostraron un deterioro en sus índices de libertad digital y 22 registraron avances cuantificables en este ámbito. Myanmar, Kirguistán, India, Ecuador y Nigeria obtuvieron los peores resultados. Por su parte, Sudán y Ucrania experimentaron las mejoras más significativas, seguidos por Zimbabwe. Finlandia es el país que ocupa la primera posición en materia de libertad en internet.

Por cuarto año consecutivo EE.UU ha visto como empeoran sus datos, haciendo peligrar su tradicional posición entre los primeros del ranking y un número récord de países presentó interrupciones deliberadas de su servicio de internet. Por el contrario, también se han sucedido una serie de fallos judiciales dirigidos a apuntalar los derechos humanos online que podrían haberse visto comprometido por algunas disposiciones en diferentes países de todo el espectro democrático.

Los datos sobre censura por parte de las autoridades dejan un balance de 28 países en los que se persiguieron informes independientes sobre el virus y 45 países en los que ciudadanos fueron arrestados por sus críticas virtuales. En al menos 20 países, la pandemia fue citada como una justificación para imponer restricciones vagas o demasiado amplias al flujo de información.

Según las conclusiones del informe, la crisis de salud pública está sentando las bases para el futuro estado de vigilancia. En al menos 30 países los gobiernos están invocando la pandemia para participar en una vigilancia masiva en asociación directa con proveedores de telecomunicaciones y otras empresas. Se han introducido aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten el seguimiento de contactos o la monitorización del cumplimiento de la cuarentena en al menos 54 países, con pocas o ninguna protección contra posibles abusos.

El auge de la “soberanía cibernética” es innegable. Los legisladores en Brasil, Pakistán y Turquía aprobaron o consideraron regulaciones que requieren que las empresas eviten que los datos de los usuarios salgan del país, lo que facilitaría el acceso a la información confidencial dentro del propio territorio. Más recientemente, los gobiernos de Estados Unidos e India ordenaron prohibiciones de aplicaciones populares de propiedad china. Si bien estas acciones se produjeron en respuesta a preocupaciones genuinas de seguridad y derechos humanos, sirvieron para legitimar los llamamientos de funcionarios chinos para que cada estado supervise su propio «Internet nacional.»