El ejército de Myanmar se ha hecho con el control del país en un golpe de estado, declarando el estado de emergencia tras la detención de Aung San Suu Kyi y otros líderes  políticos en redadas que se han llevado a cabo durante la mañana. El golpe se produce en el marco del reciente incremento de las tensiones entre el gobierno civil y el ejército a raíz de los resultados electorales en los últimos comicios.

Policías montan guardia detrás de una barricada en la carretera, como parte de los preparativos de seguridad antes de la inauguración del parlamento de Myanmar en Naypyitaw, Myanmar, el 29 de enero de 2021/AP

Es oficial, el frágil gobierno democrático ha sido derrocado y el país ha despertado con apagones generalizados en las comunicaciones (telefonía e internet), medios de noticias bloqueados, bancos cerrados y soldados uniformados patrullando las calles de la capital (y de las principales ciudades). Esta maniobra devuelve al país a un régimen militar tras un experimento de democracia que apenas ha durado diez años.

Esta semana estaba programada la celebración de la primera sesión del Parlamento, desde las elecciones del 8 noviembre en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), principal partido civil del país, se hizo con el 83%de los escaños. Por su parte el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, obtuvo solamente 33 de los 476 escaños que componen el parlamento.

Se esperaba que el nuevo Parlamento respaldara los resultados de las elecciones y aprobara el próximo gobierno pero los militares han confirmado la detención de Suu Kyi, amparándose en presuntas irregularidades durante las elecciones del pasado mes.

La posibilidad que efectivamente tuviera lugar un golpe militar ha estado planeando sobre el imaginario colectivo durante los últimos días. Tras el intento frustrado de invalidar los resultados ante la Corte suprema, los militares ya amenazaron con “tomar medidas”.

Min Aung Hlaing/AP

Tras la detención de los líderes NLD, Aung San Suu Kyi y el presidente U Win Myint, junto con ministros del gabinete, políticos de la oposición, escritores y activistas, el golpe fue anunciado a través de la cadena de TV Myawaddy, propiedad de los militares, junto con la declaración del estado de emergencia durante un año y el traspaso de poder a manos de la cúpula militar con su comandante en jefe, Min Aung Hlaing, a la cabeza.

Hlaing ha sido acusado de graves abusos de derechos humanos relacionados con las atrocidades cometidas contra la comunidad rohingya.  Hasta ahora se había mantenido alejado del activismo político, incluso durante su formación universitaria mientras sus compañeros de estudios se unían a las manifestaciones, presentó la solicitud para unirse a la principal universidad militar, la Academia de Servicios de Defensa (DSA), logrando el acceso en 1974.

La noticia del golpe ha sido ampliamente condenada a nivel internacional. EE. UU ha manifestado su rechazo al golpe y desde Washington han mostrado su oposición frente a «cualquier intento de alterar los resultados de las elecciones o impedir la transición democrática de Myanmar».

El secretario de Estado, Antony Blinken, ha pedido la liberación de todos los funcionarios y líderes de la sociedad civil y ha manifestado su «apoyo al pueblo de Myanmar en sus aspiraciones de democracia, libertad, paz y desarrollo. La ministras de Relaciones Exteriores australiana, Marise Payne, ha exigido la liberación de los detenidos y que se  respete el estado de derecho, apelando a que el conflicto se resuelva a través de los cauces legales pertinentes.

Se abre ahora un periodo de incertidumbre en el que las principales incógnitas giran en torno a los planes de los militares para este año de gobierno y alrededor de las consecuencias sociales que podría provocar la intervención militar en la política del país.

Teniendo en cuenta los abrumadores datos de participación (el 70% de los votantes desafiaron al COVID-19 para depositar su voto) y el apoyo mayoritario a la figura de Aung Suu Kyi, en próximos días podríamos asistir a concentraciones multitudinarias de clamor popular y a una escalada de las tensiones que podría derivar en enfrentamientos.

Perfil de Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi/Reuters

Aung San Suu Kyi, de 75 años, es hija del héroe de la independencia de Myanmar, el general Aung San, asesinado justo antes de que Myanmar se independizara del dominio colonial británico en 1948.

Pasó casi 15 años bajo arresto domiciliario entre 1989 y 2010, convirtiéndose en un símbolo de resistencia pacífica frente a la opresión militar.

Llego a ser vista como un faro para los derechos humanos y en 1991  fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En noviembre de 2015 llevó a la Liga Nacional para la Democracia (NLD) a una victoria aplastante en las primeras elecciones libres en Myanmar en 25 años. En 2016 se convirtió  en la líder de facto de su país tras la apertura democrática.

En los últimos años su reputación se ha deteriorado ante la comunidad internacional, acusada por los mismos líderes internacionales y activistas que una vez le otorgaron su apoyo, por su supuesta cooperación con el ejército y su defensa de la campaña contra la minoría musulmana rohingya. Hasta el punto de que en 2019 representó al país en un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, en el que defendió a Myanmar contra las acusaciones de limpieza étnica. Dentro del país sigue  contando con el apoyo popular, especialmente entre la mayoría budista que siente poca simpatía por los rohingya.