El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha acusado a Vladimir Putin de haber orquestado la crisis migratoria en la frontera del país con Bielorrusia. Esta ola sin precedentes de inmigrantes que intentan entrar ilegalmente a Polonia amenaza con desestabilizar la Unión Europea. 

El primer ministro polaco ha afirmado durante una sesión de emergencia del parlamento polaco que el líder bielorruso, aliado cercano de Putin, está detrás de la crisis migratoria pero que “tiene su cerebro en Moscú: Putin es el autor intelectual”. Mateusz describió la situación en la frontera como parte de un plan ruso para desestabilizar la región que se encontraba bajo su control durante la era soviética, y añadió que “la seguridad de nuestra frontera oriental está siendo brutalmente violada. Es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de esta índole en 30 años, y podemos afirmar que se está poniendo a prueba la integridad de nuestras fronteras”. 

Polonia ha reforzado su frontera con Bielorrusia con policías antidisturbios un día después de que diversos grupos intentaran entrar a través de valla de alambre que separa ambas fronteras, advirtiendo sobre una posible escalada armada temiendo que Bielorrusia intente provocar un incidente a mayor escala. Al menos 2.000 migrantes permanecen concentrados en la frontera oriental de Polonia a las puertas de la Unión Europea. Imágenes de vídeo han mostrado a una multitud de personas en el lado bielorruso de la valla fronteriza. Algunos han intentado abrirse paso a la fuerza mediante el uso de herramientas, mientras los guardias polacos han intentado rechazarlos con gas lacrimógeno. 

La mayor parte de los inmigrantes son hombres jóvenes, aunque también se han desplazado mujeres y niños, en su mayoría de Oriente Medio y Asia. Los migrantes permanecen acampados en tiendas en el lado bielorruso, atrapados entre guardias polacos por un lado y bielorrusos al otro. Las temperaturas nocturnas de la frontera se han desplomado por debajo de 0 y varias personas han muerto en los últimos días. 

Mientras tanto el líder bielorruso, Alexander Lukashenko, ha negado las afirmaciones que le acusan de estar animando a su población a cruzar la frontera como venganza por las sanciones impuestas de la Unión Europea. 

Polonia, Lituania y Letonia, miembros de la Unión Europea, han  informado sobre un incremento en el número de personas que han intentado entrar de forma ilegal en sus países desde Bielorrusia durante los últimos meses. El pasado martes, Lituania declaró el estado de emergencia en su frontera con Bielorrusia, y Polonia es el país con más llegadas de inmigrantes, especialmente alrededor de su principal cruce fronterizo en Kuznica. Polonia ha sido acusada de hacer retroceder a los migrantes hacia Bielorrusia, en contra de las normas internacionales de asilo. El acceso a la zona a periodistas y organizaciones humanitarias ha sido prohibido, y los activistas han señalado que los inmigrantes están siendo utilizados como peones de un juego político entre Bielorrusia y la Unión Europea. 

La Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos han acusado a Bielorrusia de estar detrás del aumento de inmigrantes, y la Comisión Europea culpa a Lukashenko de atraer a los inmigrantes con falsas promesas de una entrada fácil a la Unión Europea. Bruselas ha señalado que las acciones del presidente bielorruso son una represalia contra las sanciones de la Unión Europea, impuestas después de su reelección ampliamente desacreditada y la posterior represión de las protestas masivas. Desde la Unión Europea informan que se han tomado medidas contra 13 países por su implicación en supuestos vuelos que transportan migrantes de Minsk. Josep Borrell, portavoz diplomático de la Unión Europea, señaló que Moscú se encuentra en su “radar” y que Bruselas estaba investigando la información y los datos obtenidos sobre los vuelos desde Rusia y su posible implicación. 

Polonia no ha sido el único país en trasladar sus tropas a la frontera con Bielorrusia. Lituania también se encuentra preparada para una posible avalancha de migrantes, y el gobierno ha manifestado que declarar el estado de emergencia ha sido una respuesta de precaución. 

Más de dos docenas de migrantes detenidos en Lituania tras cruzar de forma ilegal desde Bielorrusia son sospechosos de mantener vínculos con organizaciones terroristas, según informó el viceministro del interior de Lituania, Kestutis Lancinskas. La mayoría presentó identificaciones falsas al ser detenidos y la verificación de antecedentes todavía está en curso. Aunque Lancinskas no pudo señalar las organizaciones terroristas a las que supuestamente estarían vinculados los migrantes, sí dijo que “siempre existe cierto nivel de riesgo cuando hay una gran cantidad de personas que cruzan una frontera” y agregó “todos los estados miembros tienen algún nivel de amenaza terrorista. Nuestros servicios de inteligencia están haciendo todo lo posible para prevenir este tipo de actividades”. 

En medios de comunicación estatales, el presidente bielorruso informó sobre su posición y  declaró que su deseo es evitar cualquier escalada militar en la frontera que pudiera llevar a su aliado ruso a un conflicto: “no soy un loco, sé lo que hay en juego”, pero también se mantuvo desafiante y señaló que “no nos arrodillaremos”.  El ministro de defensa de Bielorrusia ha acusado a Varsovia de violar los acuerdos al trasladar sus tropas a la frontera. Desde Bielorrusia insisten en que los inmigrantes llegan allí de forma legal y que ellos simplemente actúan como “un país hospitalario”. A su vez, Rusia ha alabado el manejo “responsable” de su aliado en la zona fronteriza y ha informado que está observando la situación de cerca. 

Rusia es el principal aliado de Bielorrusia, y Lukashenko ha confiado en Putin como apoyo político y financiero ante la creciente presión de la Unión Europea y Occidente por las disputadas elecciones del año pasado, los derechos humanos y, recientemente, la actual crisis migratoria. 

A pesar de que nada en el Código Schengen, que rige la gestión de las fronteras, impide que la Comisión Europea subvencione la construcción de las vallas, Bruselas señala que estas son demasiado costosas e ineficientes: se pueden escalar, no disuaden a los migrantes y se interponen en el camino de los auténticos refugiados con derecho a asilo. En contrapartida, la Unión Europea proporciona guardias fronterizos y paga por soluciones tecnológicas. 

Pero ahora se insta a la comisión a que cambie de opinión: el número de personas que han solicitado asilo se ha visto duplicada en comparación con 2020. Además de la crisis en la frontera de Bielorrusia, en Europa también se espera la llegada de miles de afganos, y este mes 12 estados miembros han solicitado cambios sobre el modo en que la Unión Europea aborda la seguridad fronteriza. Entre las medidas exigidas destaca la financiación de las vallas por parte de la Comisión. 

El grupo, que incluye a Hungría, Letonia, Austria, Polonia y Grecia,  liderado por Lituania, exigen que la Unión Europea cubra el 75% de los 152 millones de euros que supondrá la construcción de una valla de tres metros de altura en su frontera con Bielorrusia. Además Grecia también habría solicitado financiación para su propia barrera: 60 millones de euros de valla a lo largo de su frontera noreste con Turquía. Se trata de una medida preventiva, en caso de que lleguen los afganos, y una «necesidad» de protección fronteriza, según ha señalado un portavoz griego.

La Comisión todavía no ha respondido formalmente, pero la semana pasada su presidenta, Ursula von der Leyen, rechazó la solicitud en una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas: «no habrá fondos para alambradas de púas y muros” informó a los líderes según ciertos medios de comunicación. A pesar de ello, la Comisión está adoptando un enfoque más estricto con la migración: a través de financiación y más personas destinadas para esta problemática o la propuesta para la creación de una comité y un coordinador de deportaciones común. 

Los países europeos han construido cerca de 1.000 km de vallas fronterizas durante los últimos 30 años, y hoy en día más de la mitad de los estados miembros cuentan con alguna barrera física en sus fronteras. A medida de que la migración se intensifique resultará más difícil para la Comisión Europea negar hacerse cargo de los costes que supone la construcción de estas vallas a los estados miembros, que argumentan que las barreras físicas son ahora parte de la protección y que su financiación es parte de la responsabilidad de la Unión Europea.