Redacción

El próximo domingo 25 de septiembre, los ciudadanos suizos están llamados a las urnas en referéndum. Votarán a favor o en contra de una nueva ley para los Servicios de Inteligencia que permitiría el acceso a las comunicaciones privadas de los ciudadanos. Esta medida se toma como respuesta a un posible ataque terrorista, así como para vigilar el espionaje y el tráfico de armas.

Esta ley implicaría, si así lo requiere la gravedad del asunto, que los servicios de seguridad puedan vigilar las comunicaciones privadas de todos los habitantes, esto es, sus envíos postales, comunicaciones por Internet e incluso sus conversaciones telefónicas. Además podrán interceptar aquellas comunicaciones internacionales que se llevan a cabo mediante una red cableada.

En la actualidad, estos servicios tienen derecho a recabar información de dominio público o que estén disponibles a través de otras autoridades. La ONG Amnistía Internacional ha explicado que en Suiza se conservan durante seis meses los metadatos de las comunicaciones, es decir, el qué, el cuándo, el dónde o el con quién nos comunicamos. Estos datos pueden ser consultados por la policía si fuese necesario.

La ley llega en un momento de tensión internacional, tras los atentados terroristas en Francia y Bélgica. «Con esta ley, salimos de la bodega y subimos a la planta baja, en comparación con el panorama internacional» ha afirmado Guy Parmelin, ministro de Defensa suizo.

Según los últimos sondeos, la ley podría ser aceptada por entre el 53% y el 58%. Pero al tratarse de un referéndum, solo se necesita la aprobación de los ciudadanos y no de una doble mayoría de ciudadanos y cantones.

Aprobada en el Parlamento
El sistema de democracia directa del país permite que la entrada en vigor de la ley pueda ser votada aunque ya haya sido aprobada en el Parlamento. La ley fue aprobada en septiembre del año pasado.

A raíz de la votación en el Parlamento, se desarrolló un movimiento denominado “Alianza contra el Estado fisgón” que agrupaba a varios partidos políticos como el Partido Socialista o Los Verdes, y organizaciones como el Partido Pirata o el Grupo por una Suiza sin Ejército. También se unió al movimiento el sindicato de medios de comunicación Syndicom entre otros. Este grupo consiguió la recogida de firmas necesarias para someter a la ley a referéndum.

La ley, denominada Ley Federal del Servicio de Inteligencia, regula las actividades de los servicios secretos y sustituye a las leyes anteriores de esta materia. Se trata de una adaptación a los tiempos actuales, según ha declarado el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que estas medidas estarán sometidas a controles. Si se sospecha de una persona, deberá presentarse una solicitud de vigilancia que deberá ser firmada por el Tribunal Administrativo Federal, la delegación del Consejo Federal para la Seguridad y el Ministro del Ministerio de Defensa.

¿Una vez más?
El temor a la implantación de esta ley viene infundado por la historia del propio país.

Ya en 1989, se descubrió que 900.000 ciudadanos suizos estaban fichados por la policía por su pertenencia a grupos sindicales, relaciones con grupos de izquierdas o viajes a determinados países del Este. Este escándalo trajo consigo una reducción de la actividad policial en términos de registro  que se vio obligada a incrementar la transparencia de sus actividades.