G.B. D. Agustín Alcázar Segura (R).

El 9 de Febrero de 1910 el rey llamó a D. José Canalejas y Méndez para formar gobierno. El nuevo presidente tuvo que enfrentarse a los cinco problemas siguientes: 1º) La guerra de Marruecos; 2º) La cuestión religiosa;  3º) La cuestión catalana; 4º) La política de orden público y el malestar obrero; 5º) La cuestión social.

Dado el carácter específico de este trabajo, dejaremos de lado la mayor parte de ellas para centrarnos exclusivamente en las dos últimas.

A lo largo de sus casi tres años de estancia en la Presidencia, Canalejas hubo de enfrentarse con no pocos conflictos, huelguísticos de un lado, simplemente levantiscos de otro, en los que se puso a prueba tanto su concepción de la autoridad, como la solidez del gobierno.

En el otoño de 1911, se produjo una oleada de huelgas en todo el país, protagonizadas por la UGT, que con un alto índice de afiliación, había aumentado su poder de convocatoria y, consecuentemente, la tasa de conflictividad laboral. El momento más dramático de este año se produjo en Cullera, donde el juez de instrucción López de Rueca murió a manos de los rebeldes, que se adueñaron del pueblo proclamando la república. Sofocado el movimiento huelguístico en toda España, comenzaron los procesos contra los inculpados, con el fantasma de Ferrer gravitando sobre el caso. El 6 de Diciembre el Tribunal dictó seis condenas de muerte, que quedaron reducidas a tres por el capitán general de Valencia, sin que finalmente tampoco se ejecutase al último de los inculpados.

Pero el choque frontal entre el poder ejecutivo y las organizaciones sindicales se produjo en los comienzos del otoño de 1912 con la huelga general votada por los ferroviarios. El 9 de Octubre era el día señalado para su inicio, a lo que Canalejas respondió con la militarización de los empleados. Con esta medida, 12.000 de ellos, considerados como reservistas llamados a filas, quedaron bajo la jurisdicción militar.

Las dificultades de Canalejas en el diálogo con las fuerzas obreras, a pesar de su decidido intervencionismo teórico, fueron las provocadas por un sistema anquilosado para abrirse a los problemas de la España real.

La labor de Canalejas en el campo social fue muy intensa, pues no en vano fue un hombre del Instituto de Reformas Sociales[1], verdadero embrión del intervencionismo del Estado en las cuestiones laborales.

Bajo su mandato se logró un notable impulso en lo concerniente a la legislación del trabajo, tales como: la ley que establecía la jornada laboral máxima en las minas en nueve horas, la relativa al contrato de aprendizaje, la denominada ley de la silla[2], la que prohibía el trabajo nocturno de las mujeres en fábricas y talleres; mejoras en las leyes existentes sobre Contratos de Trabajo, Accidentes laborales o Crédito Agrícola, etc.

Portada del diario ABC con el asesinato de Canalejas

Asimismo, Canalejas intentó durante su mandato desarrollar medidas que acortasen los privilegios de las clases dominantes, tales como las relativas al orden fiscal (intento de un impuesto progresivo sobre las rentas), así como la supresión de la reducción a metálico y el establecimiento del servicio militar obligatorio, aunque, todavía, sujeto a ciertas diferencias notorias en favor de los ricos[3].

El día 12 de Noviembre de 1912, cuando Canalejas se dirigía a pie y sin escolta, desde su casa en la calle de las Huertas al Ministerio de la Gobernación, fue víctima de un atentado mortal. El anarquista Pardinas, desplazado a la capital de España con el propósito de asesinar a Alfonso XIII, no quiso desaprovechar la ocasión que le brindaba casualmente el Presidente del Gobierno, detenido ante el escaparate de la librería de San Martín, en la Puerta del Sol, a pocos metros de donde él se hallaba apostado aguardando el paso del coche real; y disparó su revólver contra Canalejas, que apenas pudo reaccionar, desplomándose tras recibir un segundo disparo de su agresor. El homicida, desasiéndose de un transeúnte que trataba de detenerle, y volviendo el arma sobre sí mismo, se quitó la vida.

La muerte de Canalejas tuvo una significación decisiva en la evolución política de la monarquía. Una vez más, escribe Aunós[4], había de repetirse en la España contemporánea la ley aciaga (la de Prim, la de Alfonso XII, la de Cánovas), según la cual, apenas surgía un nombre extraordinario o se consolidaba una situación estable, el destino se los quitaba de un zarpazo al país.

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[1] La Comisión de Reformas Sociales fue un órgano gubernamental del siglo XIX en España, que sirvió para proposición de leyes y demás órdenes de carácter legislativo en defensa de la clase trabajadora. Aunque ya trabajaba desde su creación como un buscador e impulsor de las necesidades de la clase obrera, y creando dictámenes de lo que debe reformarse, no tomó cuerpo ninguno de sus dictámenes hasta entrado el siglo XX. Entre ellos, están el referente al descanso dominical y por ende la ley del descanso dominical. Su actividad finalizó en 1919 ya que se reconvirtió en Instituto de Reformas Sociales con más competencias y germen del futuro Ministerio de Trabajo de España

[2] En virtud de la misma se obligaba a toda empresa a disponer de asiento para todas las obreras y dependientes en el transcurso de su trabajo. Esta ley vino a completar la decretada en 1907 referente a la protección de la mujer obrera antes y después del alumbramiento.

[3] GRAN HISTORIA DE ESPAÑA. El reinado de Alfonso XIII. Vol. 24. Club Internacional del Libro. Madrid 1994. p 44.

[4] AUNÓS PÉREZ, Eduardo: Itinerario histórico de la España Contemporánea (1808-1936). Casa Ed. Bosch. Barcelona 1940. p 320.