Redacción.

Según ha publicado El País, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha encargado a una comisión de expertos un borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal según el cual los jueces podrían autorizar a la policía a «hackear» los equipos informáticos de sospechosos para obtener información sobre sus actividades.

Concretamente, la medida se recoge en el artículo 305 de dicho borrador, donde dice que el Tribunal de Garantías podría autorizar «la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del titular o usuario del contenido de un ordenador».

En caso de aprobarse, esta medida sólo sería de aplicación en el caso de individuos que hayan cometido delitos con penas máximas que superen los tres años de cárcel, para el cibercrimen, para el crimen organizado y para el terrorismo.

Si así fuera, seríamos el segundo país europeo en aplicar una norma de estas características. Alemania ya reguló el acceso a los quipos informáticos de los detenidos, pero solo en los casos de terrorismo. Esto fue así ya que el Tribunal Constitucional de este país declaró inconstitucional la norma anterior, aprobada por el Estado de Renania del Norte-Westfalia, al considerarla contraria “al derecho fundamental a la garantía de confidencialidad e integridad de los equipos informáticos”.

Dicho Tribunal estableció al respecto unos límites muy precisos para futuras regulaciones de estas características: autorización judicial, que sean delitos de especial gravedad que afecten a la vida, la libertad o la seguridad del Estado y que se proteja “el núcleo esencial de la vida privada”.

Instalando un troyano
Los profesionales de la policía instalarían un troyano o spyware, que se instalan a distancia en un ordenador, de manera que podrían controlar su contenido de forma remota sin que el usuario del equipo se de cuenta de ello. La técnica no sólo se limitaría a ordenadores, sino a todo tipo de dispositivos informáticos, desde tablets o teléfonos inteligentes hasta discos duros portátiles.

Mediante este sistema, la policía no solo tendría acceso a la información que se almacena en el disco duro, sino también a las contraseñas que suelen guardarse en la memoria, al correo electrónico y a todas las redes sociales, e incluso a programas de comunicación como Skype, además de las IP de otros ordenadores con los que haya compartido información.