Carlos González de Escalada Álvarez/ Sevilla

La terrible crisis económica que vive España ha distorsionado el discurso político convirtiéndolo frecuentemente en absurdo. Los españoles hace tiempo que hemos descubierto que la verdad no es lo que nos diga el PP, el PSOE, CIU UPyD o IU. Al contrario, sentimos con fuerza que existe «una verdad no contada», de la que no hablan los telediarios y los periódicos, una verdad sutil y repartida, alejada de los grandes dogmas que los partidos políticos sueltan sobre la sociedad como bloques graníticos absolutos.

La última chorrada institucionalizada es hablar del «recorte de derechos» en el pimpampúm mediático-político.  Usted perdone, pero los derechos no se pueden recortar. Los derechos antes que nada se reconocen y el Estado en todo caso, puede ayudar mediante prestaciones a que puedan ejercitarse: trabajo, salud, vivienda, justicia. Reducir prestaciones, no es reducir derechos. El Estado tampoco está obligado por ninguna norma y menos por la Constitución a mantener ayudas previamente prometidas. 

Derechos, prestaciones y equidad
Se puede argumentar que usted como español tiene perfecto derecho a hacerse inmensamente rico, pero eso no le genera a nadie la obligación de darle a usted un millón de euros. Todos tenemos derecho a una vivienda digna y todos estamos de acuerdo en que eso es justo; pero el Estado no tiene el deber de comprarnos una a cada español, ya que no sería equitativo. Todos tenemos derecho al trabajo, pero un empresario no está obligado a contratar a todos los parados que se lo pidan. Es decir, un derecho no tiene por qué generar obligatoriamente un deber para que un tercero pueda ejercitarlo. En algunos caso sí, pero en otros no.

Derecho y equidad
El terreno se vuelve más pantanoso todavía si entramos a debatir cuándo el ejercicio de un derecho es justo y equitativo. Se puede argumentar que el derecho a tener unas condiciones de vida dignas, articuladas a través de prestaciones es justa. Sobre todo le parecerán justas al receptor de las prestaciones; pero no le parecerán equitativas a un padre de familia de clase media que se siente acosado por las subidas de impuestos. Una prestación justa, puede no resultar equitativa. Parece justo que entre todos saquemos a España de la crisis, más discutible es si las cargas y los esfuerzos están resultando equitativos.

Disensos ante derechos fundamentales
Tampoco hay unanimidad social en la regulación de derechos fundamentales. Los derechos existen, pero se reconocen o no y en muchos casos no existe un consenso social sobre su justicia o cómo ha de articularse su ejercicio. Tomemos como ejemplo el derecho fundamental a la vida y su regulación dos países democráticos: Estados Unidos y España. En algunos estados de EEUU existe la pena de muerte, que suspende al reo de su derecho a la vida si éste comete determinados actos criminales que se consideren probados. La pena de muerte es legal, aunque muchos no la considerarán justa; y cabe debatir si es equitativo quitar la vida al que la quitó.

En España se reconoce el derecho al aborto, que es legal dentro de unos determinados plazos y supuestos. Sin embargo, muchas personas lo consideran injusto y, desde luego, poco equitativo entre las tres partes afectadas: la madre, el padre y el nasciturus. Sea cual sea la opinión de cada cual, se constata el disenso social que suscita la regulación de un derecho fundamental.

En definitva, los derechos existen pero pueden estar reconocidos, o no; generar un deber, o no; ser justos, o no; ser equitativos, o no. Corresponden a los gobernantes, libremente elegidos por nosotros, establecer un marco legal y normativo que fomente la justicia y equidad de las medidas. Esa es la clave.

 Ruego pues a nuestros dirigentes que hagan lo posible para que todos podamos ejercer nuestros derechos de manera justa y equitativa… y si me permiten, evitando cargar sobre las sufridas clases medias todos los fardos para salir del agujero.