Por Carlos González de Escalada Álvarez

El 93% de nuestros lectores opinan que las Fuerzas Armadas españolas están demasiado burocratizadas, con lo que nueve de cada diez de ellos percibe que la función militar está lastrada por una excesivo papeleo. En el imaginario épico, visualizamos las batallas en su punto de inicio, cuando todo está preparado para el choque guerrero. Cuesta imaginar al Cid Campeador sumergido entre legajos previos y pocas fotografías nos han llegado del General Patton firmando su carpeta de órdenes. Los grandes guerreros de la historia y los papeles, sencillamente parece que no casan, con la excepción quizá del Gran Capitán.

Conviene no confundirse, la carga administrativa que conlleva la dirección de más de 120.000 hombres en nuestras Fuerzas Armadas es inevitable y necesaria. El Ejército español es moderno y constitucional, sujeto a garantías y a una gestión transparente de recursos. Cada uno de los bolígrafos con los que escriben nuestros soldados viene registrado en alguna partida y algún papel. Los aproximadamente 8.000 millones de euros de presupuesto anual en Defensa han de justificarse al céntimo. Y hay que decir que esto es algo que en Defensa se hace bien. Siempre he pensado que los militares son cuidadosos con los dineros y como prueba pensemos que en las últimas décadas, apenas se tiene constancia de casos graves de corrupción entre mandos de las Fuerzas Armadas. Ser puntilloso con los euros lleva aparejado un control administrativo minucioso y una intervención militar eficaz. Hasta aquí estamos de acuerdo.

Fricción burocrática
Pero tristemente en el mejor de los casos la buena administración puede morir de éxito y en el peor de ellos puede servir de refugio de enchufados. Cuando hay un exceso improductivo de procedimientos administrativos hablamos de burocracia. La administración descontrolada genera barreras de papeleo, y lo que es peor, se convierte en un objeto en sí  mismo. He escrito en muchas ocasiones que las Fuerzas Armadas son fiel reflejo de la sociedad de la que forman parte y el aumento inmoderado de la burocracia es un efecto nocivo del gran desarrollo que España ha disfrutado en democracia. Todas las administraciones tienen órganos de dudosa o nula eficacia, cuya existencia es perfectamente prescindible, máxime cuando escasean dolorosamente los recursos. 

Pero hay un efecto aún peor a la complejidad administrativa que impone la burocracia. Dicho término proviene etimológicamente del francés y griego bureau cratie, literalmente «el gobierno de los despachos». En la burocracia perfecta los papeles se convierten en el verdadero poder, incluso en una tiranía. Y el ser humano tiende rendir pleitesía al poder y a temer a las tiranías.

El militar español, acaso más campechano, valiente y despreocupado hace décadas que ahora, solía decir entre risas que «el soldado español tiene más miedo de su mujer que del enemigo». Hoy la frase podría actualizarse a que «el soldado español tiene más miedo de los papeles que de su mujer».

La discrecionalidad de un mando militar se viene estrechando sin pausa por el efecto tirano de ese «gobierno de los papeles»; privando al mando de ámbitos de toma de decisones que le son naturales y legítimos. Hoy todo, todo, todo está reglamentado y a lo peor si no está reglamentado «no existe». Hoy la iniciativa de un teniente coronel jefe de batallón (si es que se permite una iniciativa) puede subir velozmente a su teniente general, que ante la duda, casi que mejor lo consultará con el jefe del Estado Mayor del Ejército. Nadie se hace responsable de la toma de decisiones, y eso que ya no se fusila a nadie.

Capacidad de interpretación
Hoy los generales y coroneles mandan infinitamente menos que hace tres décadas y eso no es bueno. Los oficiales superiores necesitan poder tomar decisiones, tienen derecho a errar y a que sus jefes asuman sus errores como consecuencia natural e inevitable de su dirección. Es más, abogo porque los oficiales superiores tengan incluso capacidad interpretativa de la norma, como tienen los jueces.  No hablo de saltarse las normas, sino que el criterio de un general, un almirante, un coronel o un capitán de navío, pueda prevalecer sobre una normativa según el caso y por motivo justificado. Y por supuesto siempre sujeto a recurso y a las debidas garantías procesales, si las hubiere.

La orden de un guardia civil de tráfico prevalece justificadamente sobre la señalización viaria y nadie se alarma, porque siempre hay un motivo justificado. Los médicos no operan conforme a ningún reglamento estricto y realizan su acción médica según su mejor criterio profesional. ¿Un teniente coronel lo tiene que tener todo escrito?  

Pues no. Porque para eso los oficiales y suboficiales han hecho una carrera y han superado exigentes selecciones, para mandar y para decidir dentro de su ámbito de competencias. Sin capacidad de decidir no puede haber liderazgo. Y esa capacidad de decisión razonable, ha de estar protegida y amparada. En el legítimo derecho a la acción de mando, no puede ser que un oficial»se la juegue» si algo va mal, incluso con responsabilidades penales. Los altos directivos de empresa tienen seguros de responsabilidad civil que compensan el riesgo inherente a la responsabilidad de decidir. ¿Y los militares qué tienen?

En el justo medio está la virtud y entre el ejército de Pancho Villa y un Ejército de papel, España debe saber encontrar un modelo que aúne eficacia, rigor, liderazgo y sentido común.