Redacción.

Ayer se celebró una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, bajo la presidencia de la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, para tratar de las circunstancias y condiciones del ejercicio de la libertad de expresión de miembros de las FAS a instancia de las tres asociaciones profesionales que forman parte del Consejo.

Los representantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal han manifestado la imposibilidad de realizar valoración alguna en este órgano consultivo sobre esta cuestión, pronunciamiento que habían solicitado los representantes de las asociaciones de personal a propósito de la sanción disciplinaria impuesta al presidente de la AUME, subteniente Jorge Bravo Álvarez (fue sancionado con un mes y un día de privación de libertad por hacer declaraciones a la prensa relacionadas con reivindicaciones profesionales de los militares).

Los representantes del Ministerio han recordado al respecto que las sanciones disciplinarias son materia reservada según acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 28 de noviembre de 1986.

Asimismo han puesto de relieve que la regulación del derecho a la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus límites se encuentra recogida en el artículo 11 de la actual Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En un comunicado, Defensa ha subrayado que, de acuerdo a la legislación vigente, los representantes de las asociaciones en el Consejo de Personal  «tienen derecho a la libertad de expresión con iguales condiciones y límites que cualquier militar».