Redacción /Madrid.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió, en Madrid, el acto de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, junto con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, el subsecretario del Interior, Luis Aguilera, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, respectivamente. El ministro quiso rendir un homenaje a la labor que desempeñan los más de 25.000 funcionarios que trabajan en la Administración por y para la reinserción de las personas que se encuentran privadas de libertad. Por el contrario, ni hizo ninguna referencia al futuro de los funcionarios, sobre todo los miembros de la Guardia Civil en Instituciones Penitenciarias, desde hace unos meses en el aire por su posible sistitución por seguridad privada

“No podemos olvidar lo que recoge el artículo 25 de la Constitución: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, resaltó el ministro.  En estos momentos, hay más de 60.000 personas que se encuentran recluídas que, como explicó Fernández Díaz, solicitan del Estado ayuda para superar sus problemas derivados de sus drogodependencias, enfermedades mentales o su capacitación laboral. “Si la sociedad no es capaz de recuperar a estas personas se estará cimentando el conflicto futuro en nuestras calles”, recalcó.

En su discurso, la parte más emotiva llegó cuando el ministro del Interior elogió el trabajo que los funcionarios de prisiones, junto con otros cuerpos como Guardia Civil y Policía, desempeñan con la ley como único instrumento “frente a la constante amenaza de quienes pretenden imponer un modelo totalitario de muerte y violencia”.  “También desde las cárceles se puede derrotar a diario a los terroristas”, explicó Fernandez Díaz, y destacó que los funcionarios de prisiones se tienen que ver “a cara descubierta frente a sus verdugos, que en más de una ocasión pretenden disfrazarse de víctimas”.

Por este motivo, el Ministerio de Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias otorgaron ayer el máximo reconocimiento penitenciario a aquellos funcionarios que han sido objeto de atentados terroristas. Un total de 25 Medallas de Oro, además de ocho placas, se entregaron en forma de agradecimiento al sacrificio y abnegada labor de estos profesionales.

Durante el acto de celebración, también se hicieron entrega de las Medallas de Oro al Mérito Social Penitenciario a Obra Social La Caixa y al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) por el esfuerzo que ambas entidades realizan para la capacitación laboral y reinserción social, por un lado, y por el esfuerzo de integración por parte del municipio manchego de la cárcel de Herrera de La Mancha. Otras 31 entidades y asociaciones recibieron la condecoración de Plata al Mérito Social por su contribución y apoyo a la mejora de las actividades en los centros penitenciarios.

En esta línea, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, destacó la aportación “generosa” por parte de los profesionales penitenciarios y entidades sociales. En este sentido, agradeció “su capacidad para llegar donde la administración no llega, cuando acogen al  recluso toxicómano, enfermo o indigente y hacen realidad palpable esa humanidad, que tantos otros solo reivindican como labor del Estado o inclinación ajena”, concluyó Yuste.