Redacción.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llevará el viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En la mañana de hoy será debatido en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de pasar al Consejo.

La nueva ley, una vez pase el trámite parlamentario y sea aprobada definitivamente por las Cortes sustituirá a la conocida como «ley Corcuera», aprobada en el año 1992 con el impulso del ministro del PSOE José Luis Corcuera. La «ley Corcuera» contaba con 39 artículos, mientras que la nueva ley contará si no hay cambios con 55 artículos, recogiendo nuevas infracciones clasificadas en leves, graves o muy graves (las multas por infracciones leves oscilan entre 100 y 1.000 euros; las graves, entre 1.001 y 30.000 euros, y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros). La nueva ley pasará a legislar las infracciones administrativas, conductas punibles que antes legislaba el Código Penal.

La normativa supondrá la imposición de castigos de tipo administrativos para conductas como manifestarse sin permiso ante el Congreso o participar en un escrache. Las astronómicas sanciones económicas oscilan, en el primer caso, entre 30.001 euros y 600.000 euros, al ser tipificada como una infracción muy grave.

Pero no solo ante el Congreso, también si se hace ante el Senado o los Parlamentos autonómicos, incluso cuando los diputados y senadores no están en dichas sedes. Se pretende así atajar acciones desarrolladas en esta legislatura, como el 25-S, no consideradas castigables penalmente por la justicia.

Evitar los escraches
En la misma línea referente a las manifestaciones, se considerará una falta grave participar en las mismas usando capuchas u otros objetos que dificulten la identificación de los participantes. Asimismo, serán sancionados con multa quienes profieran amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o la Guardia Civil (hasta 30.000 euros).

También podrán ser sancionadas aquellas personas que usen o difundan fotos o vídeos de agentes de la policía o Guardia Civil, siempre «que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad».

Aunque la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión en concreto, claramente quiere evitar los escraches a políticos al facultar a la policía para que vete una determinada zona urbana para evitar que allí se reúnan grupos de personas (el anteproyecto lo recoge como «establecer zonas de seguridad»).

«Patada en la boca a la democracia»
Las reacciones en la oposición han sido rápidas y contundentes. Desde el PSOE, Eduardo Madina, secretario general del grupo socialista en el Congreso, afirmaba en su twitter que se trata de  «una Ley de seguridad ciudadana a la altura de su propio miedo» y a la que el PSOE se opondrá en el Congreso.

El también socialista Antonio Trevín, considera que es «una coartada para embridar el derecho de manifestación», y el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, va más allá al calificarla de «ley de la patada en la boca a la democracia».