Redacción.

La Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios ha corregido algunas de las sanciones que se preveían en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, introduciendo también ciertos matices en la mismas tras las críticas políticas, sociales y jurídicas al conocerse el contenido de dicha ley.

El anteproyecto, que será llevado hoy al Consejo de Ministros por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para su aprobación previa al trámite parlamentario, podría sufrir aún alguna modificación más, ya que Fernández Díaz ha asegurado estar «abierto a todo tipo de sugerencias».

Sin embargo, en esencia, la ley sigue siendo la misma, ya que recoge fuertes multas de carácter administrativo sobre las que no existirá control judicial previo. Las sanciones oscilas desde un mínimo de 100 euros (infracciones leves) a un máximo de  600.000 euros (las infracciones muy graves).

Cambios en la consideración de las infracciones
Entre los cambios, se pasa a infracción grave (en el primer borrador estaba tipificada como muy grave) la asistencia a manifestaciones o concentraciones ante el Congreso, senado, y otras instituciones. También se rebaja la consideración a falta leve los insultos o amenazas a fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por otro lado, se especifica más otro de los puntos polémicos de la ley; en el que se facultaba a la policía a establecer «perímetros de seguridad» en la vía pública, ya que se podrá hacer en aquellos casos que «existan indicios racionales de que pueda producirse una alteración» y siempre «por el tiempo mínimo imprescindible». Igualmente, sólo «cuando se tenga conocimiento fundado» de que una persona pueda portar armas u objetos peligrosos se le podrá realizar un cacheo o un registro de su coche.

Otro de los cambios es que hasta el momento, las denuncias de los policías tenían presunción de veracidad, por lo que era el denunciado el que tenía que aportar las pruebas a su favor. En las correcciones de la ley se ha añadido que, en estos casos, los policías estarán obligados a «aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado».