Redacción

El Gobierno de Japón ha aprobado una nueva estrategia de seguridad nacional y un plan de reorganización de sus recursos militares en cinco años, en respuesta a la creciente amenaza de China.

Con esta decisión, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, da un vuelco a la política de defensa del país, de marcado carácter pacifista desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Algo que ya anunciaba al llegar al poder hace un año, cuando expresaba su idea de crear un ejército más potente preparado para hacer frente a las tensiones marítimas con China y a la «imprevisible» Corea del Norte.

Japón se embarca así en un ambicioso proyecto de reorganización de su defensa. Un plan que incluye la redistribución geográfica de sus efectivos y que supondrá un aumento del 5% del gasto de defensa en los próximos 5 años. El gobierno nipón planea adquirir, además,  lo último en tecnología militar:  incluidos submarinos, 28 cazas de combate F-35, 3 drones de vigilancia y 52 vehículos anfibios, entre otros. Un total de 174.000 millones de euros a invertir a lo largo del periodo 2014-2019.

La idea principal que subyace a la plan es establecer un contingente más ligero y ágil preparado para realizar despliegues rápidos en el archipiélago disputado.

«Preocupación a nivel internacional»
El gobierno de Japón ha tomado la decisión al considerar una «preocupación a nivel internacional» las intrusiones que China está realizando en torno a las disputadas islas Senkaku, archipiélago administrado por Japón, pero reclamado por China. Asimismo, China ha establecido recientemente una zona aérea de identificación que enmarca las islas.

Shinzo considera que China pretende «modificar el status quo regional con argumentos incompatibles con el derecho internacional», lo que podría desembocar en un enfrentamiento, de ahí la necesidad de prepararse para hacer frente a esta posibilidad.

El primer ministro también ha anunciado ya su intención de revisar la constitución pacifista del país, para redefinir el rol de las Fuerzas de Auto Defensa, así como la limitación, autoimpuesta de vender material bélico a otros países, para dar impulso a empresas niponas punteras en la materia.