Por Carlos González de Escalada Álvarez

Con su fría eficacia la OTAN nos ha informado de que Rusia ha invadido Ucrania. Dentro de las fronteras del malogrado vecino, su ejército ya sumaba más de 1.000 hombres y vehículos, el 29 de agosto; incluyendo unidades de infantería acorazada y mecanizadas, así como de artillería autopropulsada. Esta agresión viene a complicar, aún más si cabe, el sombrío panorama en el este de Europa, por donde circula además el 75% gas natural necesario para calentar el continente en invierno.

En España, la opinión pública (hecha a tantas penas) muestra una lejana curiosidad por esta guerra civil y sólo se han movilizado colectivos de agricultores ante el bloqueo a los camiones de fruta en la frontera rusa. Más allá de ser una consecución de malas noticias, nadie parece reparar en la tremenda trascendencia que tiene el comportamiento belicoso de todo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las últimas acciones de Rusia, suponen un vapuleo enorme a la precaria arquitectura legal por la que han que regirse las naciones del mundo. Según recuerda el profesor Manuel Badás, el derecho internacional público se basa en tres pilares: los tratados internacionales, las costumbres de los estados y los principios generales del derecho. El tratado con mayor grado de adhesión y mayor legitimidad internacional es por supuesto la Carta de las Naciones Unidas; hasta el punto que se puede afirmar que el derecho internacional es indisociable de la existencia de la ONU. Pero la mal llamada «legalidad internacional» no es un conjunto de leyes que estén escritas en ningún sitio, como recuerda Badás no hay  una «Constitución Internacional» que los estados estén obligados a cumplir. Hablamos de acuerdos multilaterales o bilaterales, de libre adhesión por parte de las naciones y que no siempre tienen mecanismos inmediatos de sanción si se rompe lo pactado.

El artículo 1 de la Carta explica las cuatro razones de ser de la ONU: «Los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales […]; fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad […]; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales […]; servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

Aplicación problemática
La legitimidad y la aplicación del derecho internacional público es muy problemático por varios factores: porque los titulares de derecho son los estados y no las personas; porque no todos los estados tienen la misma «calidad democrática»; porque ha sido utilizado tradicionalmente por la izquierda en  la confrontación de bloques; porque el funcionamiento del Consejo de Seguridad es intrínsecamente oligárquico, no democrático y, finalmente porque la mayor parte de la opinión pública internacional no tiene un conocimiento demasiado exacto de esta materia.

Traduciendo el argumento al terreno práctico: al haber cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, más un número rotativo de miembros no permanentes, en dicho órgano no existe verdadera igualdad. Por eso es crucial que los «cinco grandes», como mínimo, se conduzcan con sumo escrúpulo como garantes del derecho y la seguridad internacionales. La ejemplaridad es exigible e imprescindible.

De lo contrario, es muy oportuno cuestionarse si las decisiones del Consejo de Seguridad dejan de ser legítimas y pasan a ser preponderante la legitimidad de un parlamento nacional o la de una organización como la OTAN, cuente o no con el respaldo del C.S. Los vasos comunicantes de las relaciones internacionales hacen que conforme un órgano pierde legitimidad, otros lo ganan a su costa porque de lo contrario se produciría un comprensible daño moral al existir obligaciones para «países de segunda» que no les son de aplicación a los cinco «países de primera». Puede que esto no importara cuando la Unión Soviética era un régimen totalitario, pero hoy en día es comúnmente aceptado es que las naciones han de tender a la democracia como mejor sistema de convivencia. La vigencia del derecho internacional ha de ser cuidado y respetado por los principales actores globales para no perder legitimidad democrática, de manera idéntica a lo que ocurre con un monarca democrático, un gobierno, un parlamento o presidente de república.

Pues bien, siguiendo con la Carta de las Naciones Unidas, resulta que Rusia, todo un miembro permanente esta violando de manera flagrante varios de los principios fundacionales, recogidos en el artículo 2 de la Carta, porque no ha respetado varios puntos de su artículo 2: «Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de conformidad con esta Carta; Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia […] los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Nada de esto está haciendo Rusia, que no respeta para nada los dispuesto en la Carta: al contrario está amenazando a Ucrania; se inmiscuye violando el principio de no-injerencia; está apoyando a grupos ilegítimos y está invadiendo con total impunidad, sin que se la pueda frenar mediante una inciativa del Consejo de Seguridad.

Paradójicamente se produce una situación injusta en el ordenamiento jurídico internacional porque Rusia es a la vez juez y parte en la ONU y no es ni buen juez ni buena parte.