«No es baladí que Puigdemont haya elegido Bélgica y el aeropuerto de Amberes» señala Rafael Alcoholado, ingeniero informático especialista en ciberseguridad. En referencia a las últimas circunstancias del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en su huida al país belga el 29 de octubre, tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) dos días antes en el Parlament catalán.

Rafael Alcoholado, ingeniero informático.

Los Registros de Pasajeros de los Vuelos (PNR) van a la Interpol, no a la Europol. La Interpol tiene 192 países miembros y la Agencia policial de la Unión Europea, 28 países. Es decir, el cribado para localizar a alguna persona es internacional y no europeo, con lo cual es más laborioso y amplía la base de datos.

Tampoco es inane que haya despegado desde fuera de España evitando así posibles controles policiales nacionales. «Llegar desde Marsella a Amberes, con esta particularidad, tiene más ruido para descifrar la información que si hubiera cogido un vuelo directo de España a Bruselas» determina Alcoholado, experto en encriptado de información. Juega con la ventaja de que en Francia no hay alerta activa sobre Puigdemont.

Según información de especialistas del Sistema de Información de Schengen (SIS), Europol  puede disponer de menos identidades verificadas de extranjeros terroristas, mientras que, por ejemplo, los servicios de seguridad franceses cuentan con un listado de más de 10.000 sospechosos.

Periplo de viaje

El periplo de datos personales de Interpol a Europol puede compararse con el viaje realizado por el exdirigente catalán, con escalas e indirecto. A partir de la información de Interpol, que es sobre personas que están en busca y captura o que tienen algún embargo, estos datos se trasladan a Europol y posteriormente a cada Estado miembro, con lo cual esto lleva un tiempo. Además, en la base de datos de Interpol hay países «que tienen una tradición de Justicia un tanto laxa» por lo que este procedimiento es más lento y retrasa posteriores acciones, determina Alcoholado.

Tras el estallido de la crisis catalana, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han reforzado la vigilancia y control del puesto fronterizo de La Jonquera, de las estaciones de tren (en concreto de la barcelonesa de Sants), de autobuses y de los aeropuertos catalanes, concretamente el de Barcelona, según fuentes del Ministerio del Interior.