Francisco Bolumar Montero

El once de septiembre de 2001, Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y, como tal, máximo responsable de los atentados en Nueva York y Washington, se convertía en el hombre más buscado del planeta. Tuvieron que pasar casi diez años hasta que, el uno de mayo de 2011, el Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, anunciase que un equipo del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial (SEAL) había acabado con la vida de Bin Laden en un complejo de Abbottabad, Pakistán.

Desde entonces, se han publicado numerosos artículos, libros e, incluso, películas sobre la llamada ‘Operación Gerónimo’. Sin embargo, hasta ahora eran muy pocos los que conocían los entresijos legales a los que tuvieron que hacer frente cuatro abogados en Washington para defender, con argumentos jurídicos, todos los aspectos de la incursión estadounidense en Pakistán.

Los Protagonistas
Los cuatro abogados eran expertos en cuestiones de seguridad y eran altos cargos en la administración estadounidense: Stephen W. Preston, consejero jurídico de la CIA, Mary De Rosa, consejera jurídica del Consejo de Seguridad Nacional, el contra-almirante James Crawford III, consejero jurídico del Estado Mayor de Estados Unidos (Joint Chiefs of Staff) y Jeh Johnson, consejero jurídico del Pentágono.

De izquierda a derecha Stephen W. Preston, consejero jurídico de la CIA; Mary De Rosa, consejera jurídica del Consejo de Seguridad Nacional; Contra-Almirante James W. Crawford III, consejero jurídico del Estado Mayor y Jeh C. Johnson, consejero jurídico del Pentágono.

Preston y De Rosa sabían desde hacía seis meses que la CIA creía haber localizado a Bin Laden en el complejo de Abbottabad y, en la primavera de 2011, la agencia estaba lo suficientemente convencida de la identidad del habitante del complejo como para empezar a estudiar diversas acciones, momento en que los juristas comenzaron su trabajo. Unas semanas antes de la operación, Preston y De Rosa se reunieron en el Pentágono con Crawford y Johnson y les plantearon la siguiente pregunta hipotética: “imaginen que encontramos a un objetivo de un alto valor. ¿Qué cuestiones habría que plantearse?”. Los dos juristas militares presentaron varias cuestiones como la necesidad de tener un lugar en el que mantener retenida a esa persona y Johnson propuso utilizar la base de Guantánamo a pesar del compromiso del Presidente de no volver a usar la prisión en Cuba. No obstante, la conversación era demasiado genérica. Si los dos mayores expertos juristas del Pentágono iban a contribuir a resolver los obstáculos legales existentes, debían ser informados.

“El mayor secreto en Washington”
A partir de ese momento, los cuatro juristas comenzaron “la nada envidiable tarea de resolver un conjunto de asuntos legales sensibles sin poder consultar con sus colegas”, en palabras de Robert M. Chesney, profesor de Derecho de Universidad de Tejas. Después de todo, se trataba del “mayor secreto en Washington” como le dijo, el veinticuatro de marzo de 2011, Michael G. Vickers, Vicesecretario de Defensa para Inteligencia, a Jeh Johnson. El secretismo era tal que Eric Holder Jr., Fiscal General (título equivalente al de Ministro de Justicia en España), no fue informado hasta el día de antes de la operación, cuando todas las cuestiones jurídicas ya estaban resueltas.

Rodeados de un ambiente propio de las mejores películas de Hollywood, los abogados, que trabajaban en ordenadores encriptados y se intercambiaban memorándums enviados con mensajeros de absoluta confianza, resolvieron “numerosas cuestiones legales complejas, algunas de las cuales eran totalmente nuevas a pesar de llevar una década de conflicto con Al-Qaeda” según le dijo Chesney al New York Times.

Entre los asuntos que trataron los juristas se encontraban la posibilidad de enviar efectivos estadounidenses a Pakistán sin contar con el permiso de este país, si era legal autorizar de manera explícita una misión letal o si podían enterrar a un enemigo de guerra en el mar.

Forzando unos precedentes jurídicos bastante escasos, los abogados concluyeron que “bajo el Derecho de Estados Unidos y el Derecho Internacional, existía una amplia y clara autoridad para el uso letal de la fuerza” según declaraciones de una fuente oficial estadounidense.

Días antes de la operación, los abogados decidieron escribir una argumentación jurídica sobre cada una de las cuestiones que habían tratado para, llegado el caso, poder demostrar que la argumentación legal existía con anterioridad y no se la habían inventado posteriormente para justificar la incursión estadounidense. Según diversas fuentes oficiales, el consejero jurídico de la CIA, Stephen W. Preston, les dijo a sus colegas “deberíamos escribir nuestra argumentación por si se nos llama a explicar nuestras conclusiones legales, especialmente si la operación sale terriblemente mal».

Un argumento dudoso
Jeh Johnson, consejero jurídico del Pentágono, escribió un memorándum, en el que trataba de solucionar si existían argumentos legales que permitiesen a EEUU emplear la fuerza en el territorio de Pakistán. La legislación internacional establece de manera muy clara una prohibición general al uso de la fuerza en el territorio de otro país en tiempos de paz salvo que se cuente con la autorización expresa de ese país.

Sin embargo, el gobierno estadounidense tenía determinadas sospechas de que los pakistaníes sabían que Bin Laden se encontraba en Abbottabad ya que el refugio del líder de Al-Qaeda se encontraba a unos cinco kilómetros de una base militar pakistaní. La CIA, por tanto, temía que si se informaba a los Pakistaníes y se esperaban a ver si obtenían permiso para llevar a cabo la operación, agentes pakistaníes podían mover a Bin Laden o facilitar su huida.

Miembros de una unidad anti terrorista pakistaní rodean el complejo de Abbottabad en el que fue abatadido Bin Laden

Por esta razón, los abogados decidieron defender la aplicación de una excepción a la prohibición del uso de la fuerza: un país puede usar la fuerza en el territorio de otro país cuando el gobierno de éste “no quiera o no pueda” eliminar una amenaza que emane de su territorio y dirigida contra otros Estados. La aplicación de esta excepción en el presente caso es, cuanto menos, dudosa ya que Estados Unidos no puede afirmar, y menos aún demostrar, que Pakistán no quería o no podía detener (o matar) a Bin Laden pues nunca se intentó obtener la colaboración pakistaní.

No obstante, los abogados consideraron que la excepción era legal y legítima y se reservaban, además, un as en la manga: Obama podía violar la ley internacional porque si la operación salía bien pocos países, excepto Pakistán, iban a preocuparse por el incumplimiento del Derecho Internacional y, si salía mal, los SEAL podían salir de Pakistán y EEUU podría fingir no saber nada de lo ocurrido.

“Si está desnudo y con las manos en alto, no disparéis”
Mary De Rosa, consejera jurídica del Consejo de Seguridad Nacional, escribió un memorándum sobre la legalidad del objetivo de la misión: matar a Bin Laden. Según la versión oficial, el equipo SEAL esperaba enfrentarse a resistencia armada y, por tanto, entraron en el complejo de Abbottabad disparando. Según los abogados, esta acción estaba legalmente cubierta por la autorización del uso de la fuerza contra los autores del 11-S aprobada por el Congreso de Estados Unidos.

La Ley de la Guerra (ius in bellum) exige que los combatientes acepten la rendición de sus enemigos por lo que si Bin Laden decidía rendirse, los SEAL no podrían dispararle. A pesar de la claridad de esta regla sobre el papel, ésta se difumina en el contexto del terrorismo islamista en el que es posible que una persona, aparentemente desarmada, lleve un chaleco de explosivos debajo de la ropa.

Matt Bissonnette, uno de los miembros del SEAL team six, recordaba en su libro Un Día Difícil, que, durante la preparación de la misión, un abogado les dijo “si [Bin Laden] está desnudo y con las manos en alto, no le podéis disparar”. Según la versión tanto de Bissonnette como de otro de los miembros del equipo, Robert O’Neill, en sus últimos momentos de vida, el jefe nominal de Al-Qaeda no opuso resistencia pero tampoco se rindió.

Un funeral marítimo
El contra-almirante James W. Crawford III fue el encargado de resolver las dudas legales sobre qué hacer con el cuerpo. Estados Unidos quería asegurarse de que no existiese un lugar de enterramiento que pudiera convertirse en un reclamo para islamistas radicales.

El Derecho Internacional Humanitario y, específicamente, el artículo diecisiete del Primer Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña de 1949, establece que “las Partes en conflicto velarán por que se entierre a los muertos, si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían”. En el caso de un musulmán, esta regla implicaría un enterramiento bajo tierra y mirando a La Meca.

No obstante, la Sharia, la ley islámica, permite los funerales marítimos en determinados casos por lo que si Arabia Saudí se negaba a aceptar el cuerpo, como fue el caso, éste podría ser lanzado al mar sin que ello supusiera un sacrilegio.

En los márgenes de la historia

De izquierda a derecha: el Presidente de EEUU, Barak Obama; el Consejero de Seguridad Nacional, Tom Donilon; la Secretaria de Estado, Hillary Clinton; el Director Nacional de Inteligencia, James Clapper; el Director de la CIA, Leon Panetta; el Jefe del Gabinete del Presidente, Bill Daley y el Vicepresidente de EEUU, Joe Biden, el 1 de mayo de 2011 durante la Operación Gernónimo

El domingo uno de mayo de 2011, Jeh Johnson se despertó pronto, tomó la comunión en su iglesia episcopal y se fue a la oficina donde se juntó con el contra-almirante Crawford. Ambos siguieron la operación desde el centro de operaciones del Pentágono. Mary De Rosa siguió la incursión desde la Casa Blanca mientras que Preston, que había preparado una bolsa con un cepillo de dientes y un cambio de ropa para quedarse en la oficina si algo salía mal, estuvo siguiendo a los SEAL desde la sala de conferencias del director de la CIA.

En el momento de iniciarse la operación, se tomaron numerosas fotografías de los protagonistas políticos: el Presidente, Barak Obama, el Vicepresidente, Joe Biden, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton… pero los cuatro abogados que asfaltaron el camino para llegar hasta ese momento quedaron en los márgenes de las fotografías y de la historia. Hasta ahora.