Redacción

Tras la victoria del “no” en el referéndum colombiano, el país vuelve a poner en marcha un acuerdo de paz para acabar con la guerra de las FARC. El nuevo pacto incluirá los reclamos de la oposición. Todavía se desconoce cómo se llevará a cabo su aprobación.

Desde el pasado 4 de noviembre, en la Habana, trataba de firmarse un nuevo acuerdo. El Gobierno de Santos, que ha sido galardonado con el premio Nobel de la Paz, quiso comenzar cuanto antes las negociaciones con las FARC tras la victoria del “no” en el referéndum del pasado 26 de septiembre.

Para llevar a cabo el proceso, un equipo negociador del gobierno ha sido el encargado de incluir, en la medida de lo posible, las demandas de la oposición.

Ahora, un nuevo proyecto se abre camino para la paz de Colombia.

Todavía no se ha establecido cómo se aprobará el nuevo documento. Desde los medios de comunicación se descarta una nueva consulta al pueblo. Se apuesta por el denominado “fast track”, que se realiza en el Congreso y que consistiría en un trámite con menos debates de los que se necesitarían en condiciones normales para aprobar una ley. De otra manera, el proceso se alargaría hasta finales del año que viene, algo que las FARC  se rechaza.

El texto ya ha sido firmado por ambas parte el pasado sábado 12 de noviembre.

Una nueva ilusión
Una nueva posibilidad de conciliar la paz vuelve a abrirse en el camino colombiano. Desde la oposición, Álvaro Uribe pidió en su día a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que el texto no tuviese alcance definitivo y fuese público antes de ser aprobado.

Para el nuevo documento, alrededor de 400 propuestas en 57 bloques se han negociado con las FARC. Por ello, este pacto incorpora muchas de las objeciones que en su día se reclamaron por parte de la oposición.

Muchas son las novedades, por ejemplo que la guerrilla deberá entregar sus bienes e informar sobre el dinero que destinará a las víctimas.

Evitará que sus miembros vayan a la cárcel.  Ha incluido la delimitación de las zonas en las que se cumplirán las sanciones, que  no estarán sometidas a la orden penal que existe en el país. Esto quiere decir que aquellas decisiones que se tomen en materia judicial podrán ser revisadas en otras instancias. Lo que sí elimina es la presencia de jueces extranjeros en estos tribunales, aceptando  la participación de expertos en la materia de fuera del país. La nueva jurisdicción funcionará durante diez años y solo podrá recibir solicitudes de investigación los dos primeros.

En lo que respecta a las tierras, nada de lo que esté incluido en la reforma agraria afectará a la propiedad privada, o sea, que a nadie se le expropiará sus terrenos.

Muchas habían sido las críticas al texto antiguo en relación con el colectivo LGTBI. Los sectores más conservadores del país aseguraban que salían privilegiados de la situación. El texto se ancla al reconocimiento de los derechos de las personas  independientemente de sus creencias, orientación sexual… Y se hace especial mención como víctimas del conflicto a las mujeres.

Sin embargo, el único punto que no ha cambiado es la participación política de la banda. Ésta seguirá teniendo presencia en el marco político del país durante los dos próximos periodos electorales.

Hasta el propio jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha acabado admitiendo la superioridad de este acuerdo: «Dije que el acuerdo del 26 de septiembre era el mejor acuerdo posible. Pero hoy, con humildad, reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto que resuelve muchas críticas».