Ante los últimos acontecimientos en Cataluña, expertos juristas en el ámbito constitucional manifiestan su apoyo al cumplimiento de las leyes. El vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, Pere Huguet, afirmó en declaraciones al Observatorio que «se ha puesto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una situación muy complicada ante la orden de desobedecer las leyes, en un Estado de derecho», en referencia a las presiones recibidas en algunos cuerpos.

Pone de relieve el jurista catalán el acto de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la magistrada Mercedes Armas, que determinaba la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Esquadra), señalando que el domingo —pero no antes— “se impedirá la apertura” de los locales y, en su caso, “el cierre de todos aquellos que hubiesen llegado a abrirse”. La policía deberá también “impedir”, antes de ese día, “la utilización de locales o edificios públicos” para preparar la votación.

El criterio de Pere Huguet,  expresidente del Consejo de la Abogacía catalana, es claro, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado con suma celeridad en todo este asunto. «A primeras horas del domingo, la Generalitat declara el Censo Universal, incumpliendo la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional-, y se toman medidas policiales extraordinariamente efectivas: se impide el recuento de votos, se incautan ordenadores, se cancelan páginas web, etc.» El letrado hace referencia a los recientes acontecimientos, pero previamente se había procedido a otras medidas, como la vigilancia de infraestructuras críticas, redes de comunicación y medios de transporte, todo ello con el soporte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre ellas, se encuentran la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, entre otros.

Durante el propio domingo 1 de octubre, la propia Generalitat se ve incapaz de suministrar un censo en condiciones, «lo que incumple cualquier normativa de consulta o referendum» expresa Huguet, pero «es que también incumple la propia Ley del Referándum catalán», suspendida por el Tribunal Constitucional, junto con la Ley de Transitoriedad, dejando sin efecto legal ambas regulaciones.

«El Gobierno ha actuado con celeridad, suspendiendo la Ley de la Generalitat que regulaba la celebración del referéndum» afirma el abogado, aunque sí determina que «ante la ausencia de política, se ha pasado la patata caliente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE)». «Cuando la política no triunfa, se ha puesto las FFCCSE en una situación muy complicada para desobedecer una Ley».