En solo 18 meses, distintos líderes militares han encabezado el derrocamiento de los gobiernos electos de Malí, Chad, Guinea y Sudán , el ultimo y más reciente ha sido Burkina Faso.

La Unión Africana (UA) ha suspendido a Burkina Faso de todas sus actividades en la organización hasta el restablecimiento del orden, como respuesta al golpe militar perpetrado la semana pasada por los militares liderados por el teniente coronel, Paul Henri Sandaogo Damiba, según ha informado esta semana la UA. Damiba ya advirtió que el orden se restablecerá cuando lo decida el pueblo. 

La decisión de la UA se produce una semana después de que una facción del ejército anunciara la destitución del presidente Roch Kabore. Mientras, enviados de África Occidental y de las Naciones Unidas han mostrado su preocupación por los hechos y han iniciado conversaciones con los líderes golpistas.

Desde el Consejo de Paz y Seguridad de la UA, compuesto por 15 miembros, han informado de su voto a favor de la suspensión en relación con la participación de Burkina Faso “en todas las actividades de la UA hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país”. Moussa Faki Mahamat, quien preside la Comisión de la UA, condenó el golpe poco después de que ocurriera el 24 de enero.

La medida de la UA ocurre pocos días después de que el bloque regional de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) suspendiera de sus filas a Burkina Faso y advirtiera al país sobre las posibles sanciones a la espera del resultado de las reuniones con los golpistas, quienes disolvieron el gobierno y el parlamento, comprometiéndose a restablecer el “orden constitucional” dentro de un “plazo razonable”. La pasada semana, oficiales militares enviados por la CEDEAO a Burkina Faso se reunieron con el líder del golpe, el teniente coronel Damiba, para tratar de esclarecer los hechos. 

Una comisión conjunta de la CEDEAO y la ONU se han reunido esta semana con la junta militar que dirige Burkina Faso desde el golpe de estado y con el depuesto presidente. La delegación de la CEDEAO estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey; mientras que lideró la de la ONU el enviado especial para África Occidental y el Sahel, Mahamat Saleh Annadif. Ayorkor ha afirmado que aunque Burkina Faso sea suspendida de la CEDEAO, no pretenden romper con todos los lazos: “No dejaremos a Burkina Faso solo, continuaremos trabajando juntos para luchar contra esta amenaza del terrorismo y el conflicto armado”. La delegación también visitó a Kabore, quien está bajo arresto domiciliario, y que se encuentra bien y «de buen humor», según ha informado uno de los delegados.

También se espera que los líderes de la CEDEAO realicen una cumbre en la capital de Ghana para evaluar la situación y determinar si deben imponerse o no sanciones. Anteriormente suspendieron y aplicaron sanciones contra Malí y Guinea, donde también se han producido golpes de estado en los últimos 18 meses.

La destitución de Kabore supone el último episodio de agitación en el que se ve inmerso Burkina Faso, un estado sin salida al mar que ha sufrido una inestabilidad crónica desde que se independizó de Francia en 1960. Kabore fue elegido en 2015 tras una revuelta popular que obligó a abandonar el poder a Blaise Compaore. El propio Compaore había tomado el poder en 1987 durante un golpe de estado en el que el líder revolucionario del país, Thomas Sankara, fue asesinado a tiros.

Kabore fue reelegido en 2020, pero al año siguiente hizo frente a una ola de ira impulsada por su deficiente manejo de una crisis de seguridad cada vez grave, contagiada desde su país vecino Malí. El pasado 24 de enero, soldados amotinados detuvieron a Kabore en medio de esta creciente indignación popular por su incapacidad para detener la violencia de los grupos armados que asolan la empobrecida nación. Más tarde publicaron una carta escrita a mano en la que anunciaba su renuncia con un documento que, según miembros de su partido,  es auténtico.

Desde 2015, los ataques de grupos armados vinculados a ISIS y Al-Qaeda han acabado con la vida de más de 2.000 personas, mientras que la agencia de emergencia del país afirma que hasta un millón y medio de personas, en una población de 21 millones, han huido de sus hogares.

La repentina sucesión de estos golpes de estado no ha hecho más que alarmar a los líderes civiles de los países vecinos que todavía quedan en la región. El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ha declarado que los derrocamientos “representan una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en África Occidental”.

El primero de estos decorramientos se produjo en Malí en agosto de 2020, cuando el ejército, aprovechándose del descontento de la población por unas supuestas elecciones fraudulentas y de la incapacidad del gobierno para controlar a los grupos armados, arrestó al presidente Ibrahim Boubacar Keith y lo obligó a dimitir. 

En marzo de 2021 se produjo en Níger un intento fallido de golpe de estado protagonizado por un grupo de militares que asaltó los alrededores del palacio presidencial en la capital del país y que acabó en un tiroteo. En abril de 2021 el golpe de estado se produjo en Chad, cuando el presidente, Idriss Déby que había gobernado el país durante treinta años, fue asesinado en pleno campo de batalla mientras combatía al frente de sus tropas contra un grupo rebelde. Su hijo, el general Mahamat Idriss Déby, tomó el poder violando la constitución. 

En septiembre fue el turno de Guinea, cuando un grupo de militares encabezados por el teniente coronel Mamady Doumbouya, responsable de las Fuerzas Especiales de Guinea-Conakry, detuvo y trasladó a un lugar desconocido al presidente del país, Alpha Condé. Doumbouya anunció la suspensión de la constitución, la disolución de las instituciones y del gobierno. El golpe de estado de Sudán fue en octubre. Generales del ejército tomaron el poder y realizaron una serie de arrestos a miembros civiles del gobierno, incluido al primer ministro, Abdalla Hambok, incumpliendo un acuerdo de reparto del poder que tenía como futuro objetivo la celebración de las primeras elecciones libres del país en décadas.