La ONG con sede en Madrid, Safeguard Defenders, ha publicado un informe donde destapa que China tiene al menos 54 centros policiales ilegales en 30 países de los cinco continentes, que tendrían el objetivo de perseguir a ciudadanos prófugos y disidentes. La investigación ha revelado que 230.000 ciudadanos chinos han sido “persuadidos” de regresar a su país a través de estos centros ilegales dirigidos por las oficinas de seguridad pública de las ciudades chinas de Fuzhou y Qingtian.

España es el país con más comisarías ilegales chinas, albergando nueve de estos centros: tres en Madrid, tres en Barcelona, dos en Valencia y una en Santiago de Compostela. Italia es el segundo, con un total de cuatro. En Holanda, Irlanda, España y Alemania ya se han iniciado investigaciones; Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido o Portugal son otros de los tantos países donde se encuentran dichas comisarias ilegales. La ONG insiste en su informe en que la gran parte de estos centros se encuentran en países democráticos, especialmente en Europa, donde está establecida una parte importante de la disidencia del presidente chino, Xi Jinping.

Aparentemente creadas para ayudar a los ciudadanos chinos con los trámites administrativos, como la renovación de sus pasaportes o permisos de conducir, estas estaciones de servicio policial no oficiales se están empleando para perseguir a los sospechosos de delitos y a los disidentes en el extranjero, según los informes de la ONG. Otra de las razones oficiales que respaldan estos centros es la lucha contra la delincuencia transnacional, principalmente el fraude en las telecomunicaciones y el crimen cibernético.

Los mecanismos se inician a través de un requerimiento al ciudadano en cuestión. Si este no atiende a la petición, se procede con la presión a sus familiares en China para que convenzan al compatriota a regresar al país.

Los métodos de persuasión que son llevados a cabo estas comisarias incluyen la negación del derecho a la educación a los hijos de los familiares de los prófugos, además de otras limitaciones a los miembros de las familias. La manera de proceder para obligar a dichos fugitivos pasa por castigar a los familiares por “culpabilidad por asociación”, incluso en casos donde no existe sospecha de haber cometido delito alguno.

La ONG ha informado de que, entre abril de 2021 y julio de 2022 y a pesar de las restricciones de la pandemia, hasta alrededor de 230.000 ciudadanos chinos se vieron obligados a regresar para enfrentarse a posibles cargos penales en China a través de estos métodos, que a menudo incluyen amenazas y acoso, tanto físico como cibernético y tanto a los prófugos en sus países de residencia como a sus familiares residentes en la República Popular China.

Asimismo, las comisarias ilegales también emplean estos mismos mecanismos para perseguir a los disidentes políticos en el extranjero. En este sentido, no solamente los sospechosos de fraude y delitos serían el objetivo. Las estaciones, cuyo alcance de actividades todavía se desconoce, también son utilizadas para silenciar a activistas y críticos chinos.

Testimonios de ciudadanos chinos han sido recabados desde distintos países gracias a Safeguard Defenders, en los que afirman haber sido forzados a regresar a China por tener posiciones políticas contrarias al control que ejerce Xi Jipingin, y por abogar por la democracia, los derechos humanos y la libertad civil

De acuerdo con la Convención de Viena, de la que China también formó parte, los servicios diplomáticos deben ser proporcionados por embajadas y consulados reconocidos por los gobiernos anfitriones. De momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China está a la defensiva; sostiene que las comisarías incriminadas se encuentran en la línea del derecho internacional y sirven para agilizar el proceso de renovación de licencias de circulación de sus ciudadanos residentes en el exterior, así como para combatir el crimen transnacional.

Desde Safeguard Defenders ponen en duda la legalidad de estos mecanismos: “Estas operaciones evitan la cooperación policial y judicial bilateral oficial, violan el estado de derecho internacional y pueden violar la integridad territorial de terceros países al establecer un mecanismo policial paralelo que utiliza métodos ilegales”, según señala su informe.

Además, Safeguard Defenders también ha señalado que el pasado 2 de septiembre, China aprobó una ley, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, por la cual se establece la total extraterritorialidad sobre chinos y extranjeros en todo el mundo ante determinados delitos (fraude, fraude en las telecomunicaciones, estafas online, etc.), lo que significa que China se considera con derecho a detener a cualquier persona acusada de dichos delitos en cualquier parte del mundo.

Como resultado, en lugar de utilizar los mecanismos internacionales de cooperación policial o judicial, que proporcionan mecanismos de control para proteger los derechos del detenido, incluido el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, China emplea los métodos de coacción mencionados como forma de obligarles a regresar al país.