Redacción.

Este jueves se ha aprobado en el Congreso la nueva Ley de Seguridad Privada con el apoyo del Partido Popular y de CIU, y el voto en contra del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto. El texto de la nueva ley aumenta las competencias de los vigilantes de seguridad privada.

El único trámite pendiente antes de su entrada en vigor es la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto inicial ha sufrido leves modificaciones tras las numerosas enmiendas introducidas por diferentes grupos parlamentarios, algunas de las cuales han obtenido el apoyo del PP y CIU, como es el caso del artículo 41 que permitía a los vigilantes de seguridad patrullar por zonas comerciales.

Sin embargo, otros puntos de la ley que han despertado polémica durante su tramitación se ha mantenido tal cual se redactaron en un principio. Es el caso del artículo que asigna potestad a los vigilantes para detener a los sujetos que han cometido un delito. Del mismo modo, podrán registrar datos personales pero deberán pasárselos a las autoridades, no podrán realizar comprobaciones por sí mismos (como sí se recogía en el texto original).

La nueva ley se ha encontrado con el rechazo total del resto de grupos parlamentarios, que ven en la misma una «privatización» de la seguridad pública. El PP se defiende de esta acusación asegurando que «la seguridad privada estará supedita a lo que marque la autoridad», como ha explicado el portavoz de Interior del Grupo Popular, Conrado Escobar. «Se aprovecha la seguridad privada, su potencial, pero siempre con la preeminencia del Estado», ha recalcado, afirmando que la idea es que los vigilantes ejerzan el rol de «auxiliares de las fuerzas de seguridad».

Favorecer a las empresas privadas
Los partidos de la oposición consideran que con esta ley, aparte de favorecer a las empresas privadas, el estado está «delegando» una de sus principales funciones que es la seguridad de los ciudadanos. Temen que se obligue a ciertos colectivos a la contratación de seguridad privada para determinados eventos (y por supuesto abonarla), algo que se verá en el reglamento posterior que desarrolle la nueva ley.

También se han modificado los requisitos exigidos para ser vigilante, ya que se disminuye la exigencia de las pruebas físicas. Por otro lado, no será necesario tener nacionalidad de la Unión Europea y será suficiente con no tener antecedentes penales por delitos dolosos o, durante los últimos cinco años, por vulneración de derechos fundamentales.