Mucho se habla de la independencia del poder Judicial pero poco de la independencia del poder Legislativo, como si nos hubiéramos olvidado de que los pilares de un sistema de libertades son tres y no sólo dos. Obviar la separación de poderes conduce a la tiranía. «Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, escribió este aserto en siglo XVIII pero que tiene validez plena hoy. Es sabido que como uno de los grandes filósofos de la Ilustración francesa, Montesquieu consagró la teoría de la separación de poderes. Se inspiró para ello en el modelo parlamentario británico de checks and balances (límites y contrapesos). Hoy sigue vigente en las democracias plenas pero sufre crecientes vicios y anquilosamientos.

En el mes de octubre de 2020, el grupo parlamentario Socialista y el de Unidas Podemos, presentaron una proposición de ley impulsada desde el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La intención era legalizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta del Congreso, eliminando el requerimiento de mayoría reforzada de tres quintas partes de la cámara. Este episodio, al que se suma el impulso de la aprobación de un estado de alarma de seis meses en el que el Ejecutivo no tendrá que someterse a otras votaciones sobre su vigencia, amenaza la separación de poderes, la que debe regir entre el Gobierno y el Parlamento. Los miembros de la Cámara Baja se ha dejado arrebatar poderes al dictado del Gobierno de turno, sin queja alguna de los diputados del mismo color político. La separación de poderes no es algo que deba existir entre «el Judicial» y «los otros dos» sino que deben formar los tres pilares autónomos del sistema democrático. En los últimas años, se viene usando el concepto de calidad democrática y constatamos su deterioro tanto en España como en otras naciones. Escasean los pensadores que ideen fórmulas para explorar mejorar nuestro marco de convivencia. Sin embargo, resulta urgente la emancipación de sus señorías.

Desde el comienzo de la transición en España se ha impuesto el voto por bloques de cada partido, sin fisuras. Puede entenderse que esta actitud fuera necesaria como contrapeso a parlamentarios que tuvieran afinidad o nostalgia del régimen de Franco, pero el problema es hoy en día sigue consolidado. El voto en bloque es la práctica imperante en nuestro Congreso y Senado, como en los parlamentos autonómicos, pero tiene el inconveniente de ser totalmente antidemocrático. Las escasísimas voces que alguna vez han defendido la independencia de criterio de cada diputado han sido castigadas sin contemplaciones. Hemos visto recientemente cómo se ha relevado recientemente a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz, por llevar la contraria al presidente de su partido. Le han quitado sus responsabilidades como a una colegiala díscola. Adolecemos de un Parlamento servil, cuyos próceres obedecen ciegamente lo que marcan las direcciones de los respectivos partidos.

Esta actitud tan indigna con nuestros cargos electos, tiene clara traducción en la propia falta de actitud de muchos de ellos. No se sienten importantes, no demuestran saber lo que implica ser depositarios de la soberanía nacional ¡nada menos! Se pierde el sentido del decoro, a tenor de los trapos que visten algunos; se carece de toda noción del sentido del deber, vistas sus clamorosas ausencias; muchos son maleducados, noten la grosera costumbre de beber a morro de sus botellas de agua. Se pierde el respeto por la esencia del cargo que es el diálogo, por eso insultan, gritan o juegan con el móvil, cuando deberían escuchar lo que proclama cada orador. Tenemos el grupo de diputados y senadores más degradado de nuestra joven democracia, pero claro, si los jefes de tribu no los tienen en consideración, ellos mismos se infravaloran.

La práctica de prestar el dedo (agradecido) sin rechistar, conculca gravemente el artículo 67 de la Constitución Española, que prohíbe expresamente esta práctica: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo«. ¿A no? ¡pues y tanto que están ligados por un mandato imperativo! El que dicte su portavoz parlamentario que a su vez le dicta el jefe del partido. Existen incluso sanciones por romper la disciplina de voto, algo que es una aberración constitucional.

Los parlamentarios suelen ser personas de partido cuya virtud más apreciada es la sumisión. Con  lo bravos que somos los españoles, causa asombro lo modosos que son nuestros padres de la patria. Se conforman con haber sido incluidos en las listas como privilegio, disfrutan callados las prebendas y aparente prestigio de su condición. Eso sí, el pacto no escrito es que una vez en el escaño, tienes que votar lo que te digan sin rechistar. Escasean los artículos de altura de nuestros diputados o senadores sobre cuestiones de actualidad política, económica o legislativa. Pensar por uno mismo está mal visto.

Parte del problema es la deficiente democracia interna de los partidos españoles. En los años ochenta, no era raro escuchar la frase: «La democracia en España se acaba en los cuarteles y en los partidos políticos», una vez más el reflejo totalitario que persiste. A pesar de meritorios esfuerzos, la tentación de dominar o amañar el ascenso en los partidos es demasiado fuerte. Así, el atónito ciudadano contempla elecciones primarias a las que sólo concurre una élite del partido, o sucesiones designada o elecciones por aclamación, a la búlgara. Cómo va a ser un demócrata el líder de un partido que asciende a base de retorcer el sistema a su favor. Imposible.

Propuestas de regeneración democrática
Los diputados tienen la obligación de defender los intereses de sus electores con libertad, no pueden seguir siendo meras comparsas de un líder supremo. Esta libertad de voto debe regir también en los diputados autonómicos que son depositarios de la potestad de crear leyes en ámbitos tan importantes como la sanidad, la educación, el turismo, la vivienda, la industria o el consumo. En las democracias con mayor tradición, como son la británica y la estadounidense, los miembros electos del parlamento son agentes independientes que votan según conviene a sus «constituents,» los electores de su circunscripción. Es habitual que los Ejecutivos británico o estadounidense deban convencer y negociar el voto con cada miembro del parlamento o congresista y no siempre lo consiguen, lo cual es sano.

Si somos concretos, he aquí algunas mejoras:

• Emancipación del poder legislativo:  El poder legislativo español ya tiene mayoría de edad. Los diputados obtienen su mandato como agentes de la voluntad de sus electores y no deben someterse siempre a la dirigencia de sus partidos. Es denunciable, por antidemocrático, que diputados y senadores sean un mero número en los cálculos políticos de los jefes de los partidos.
• Eliminación de las listas cerradas: Las listas cerradas obligan al elector a votar a un equipo de cuyos integrantes no sabe nada. Sólo conoce unas siglas y un ambiguo programa. Ningún miembro de las listas hace campaña o explica qué va a hacer por su provincia o circunscripción, que merezca el voto de sus conciudadanos. Si la Constitución hubiera propugnado que los diputados y senadores fueran meros números o personas instrumentales, no habría necesidad de Parlamento.
• Jamás sancionar a un diputado: Resulta humillante que un diputado o un senador reciba una sanción formal (o el ostracismo de su grupo) por variar el sentido del voto decidido por el partido. Tampoco se debe permitir la expulsión de un grupo parlamentario por pensar diferente. Algo que debería impugnarse en todos los casos. Hay que acabar con la disciplina de voto le pese a quién le pese (la minoría poderosa).
• El senado, también cámara alta para los parlamentos autonómicos: Resulta sorprendente que el Congreso de los Diputados tengan su contrapeso en el Senado y las cámaras autonómicas no tengan ninguno. El Senado del Reino de España debería actuar como cámara alta de todos los parlamentos regionales, que tienden a ir por libre sin apego a una idea de proyecto compartido. Con libertad de voto, podría haber alianzas transversales en los territorios.
• Transparencia en la elaboración de las listas: El gran público tiene escasa o nula noción de quién elabora las listas electorales, que es siempre motivo de pugna entre los que viven de la política. Los afiliados de los partidos deben poder elegir libremente a potenciales cargos electos. Y si las listas fallan y los partidos desaparecen, no pasa nada, ya vendrán otros nuevos.
• Juntas electorales, también en las primarias de los partidos: Las juntas electorales deben actuar también en los partidos con representación parlamentaria como depositarios del acervo democrático de un país.
• Creación de opinión: Nuestros diputados, senadores y diputados autonómicos deben ser también líderes de opinión y no dejar ese trabajo a dudosos contertulios o avezados periodistas. Deben asumir el protagonismo que les corresponde y explicarnos a sus electores cuál es su proyecto de país, por qué son necesarias qué leyes y cómo se sustancia la defensa del bien común.
• Inculcar valores, la cultura del fair play: La democracia se basa en el respeto, valores que se deben asumir desde la cuna. Con excesiva frecuencia se entiende la política como batalla donde sólo puede prevalecer la ideología propia.

Los demócratas no queremos una partitocracia dirigida por una élite sectaria, sino un verdadero sistema de hombres y mujeres libres e iguales. Queremos parlamentarios que defiendan el bien común y que sean capaces de llegar a acuerdos transversales, que superen las luchas cainitas. Nada os lo impide, es una cuestión de perder el miedo a los pequeños césares de nuestra política.

Ánimo, señorías, rompan las cadenas.