En noviembre un funcionario emiratí fue elegido presidente de Interpol (Organización Mundial de Policía Criminal): Ahmed Nasser Al Raisi, inspector general del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos , acusado de torturas y con investigaciones abiertas a sus espaldas fue el elegido. Paralelamente Hu Binchen, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública de China, fue elegido miembro ejecutivo de la organización. 

Interpol es la organización policial más grande del mundo, aunque no cuenta con agentes propios ni realiza sus propias investigaciones. Su función principal se basa en cometidos de colaboración y ayuda a las fuerzas del orden para la localización de fugitivos y al mismo tiempo constituye una vía a través de la cual las policías de diferentes países comparten información. También se encarga de la coordinación de operaciones transfronterizas: como la organizada este mismo año y en la han participado unidades policiales especializadas de hasta 20 países, entre ellos Irlanda o Camboya. 

Interpol también ofrece apoyo en las investigaciones de trata de personas, abuso infantil y la esclavitud, y cada vez se encuentra más involucrado en la lucha contra el terrorismo. Asimismo dispone de una amplia base de datos de pasaportes robados empleados por delincuentes para cruzar las fronteras. Un aspecto que ha ido cobrando cada vez mayor importancia a medida que la delincuencia organizada se ha ido globalizando. 

Sin embargo, en los últimos años el temor de que Interpol haya caído bajo la influencia de gobiernos más represivos ha aumentado. Países como Rusia, China o Turquía han enviado al organismo solicitudes para llevar a cabo el arresto de un gran número de personas, incluidos refugiados y críticos a sus respectivos sistemas. Además funcionarios de estos países han sido elegidos para puestos de alto nivel dentro de la organización. En 2016 Meng Hongwei, funcionario de seguridad chino, fue elegido presidente. Dos años más tarde de que el propio Meng fuera detenido, un candidato próximo al círculo de aliados  de Vladimir Putin estuvo cerca de ser elegido como su sucesor. Las voces críticas insisten en recordar que el país de origen de Raisi, es una monarquía con un pobre historial en derechos humanos y esto no ha hecho más que alimentar las dudas acerca del liderazgo dentro de la organización.

El ascenso de Raisi al cargo más alto de Interpol ha reavivado la preocupación sobre el poder que podrían ostentar en la organización los diferentes regímenes autoritarios. El emiratí se enfrenta a acusaciones de tortura y detenciones arbitrarias en al menos cinco países, entre ellos Francia, donde Interpol tiene su sude en la ciudad de Lyon. Desde Emiratos Árabes niegan tales acusaciones, y los medios de comunicación, estrictamente controlados, no han hecho ninguna declaración al respecto. Los funcionarios del gobierno han  señalado estas narrativas como parte de una “campaña de desprestigio”. 

A pesar de su posición como presidente de Interpol, el alcance de Raisi para influir en la organización es limitado. Su puesto de trabajo no es remunerado y es a tiempo parcial. En este sentido, el Secretario General de la agencia, Jürgen Stock, ostenta un cargo de mayor importancia. La función más visible del presidente pasa por presidir las asambleas generales anuales de la organización. También preside las tres reuniones anuales del comité ejecutivo de Interpol, que supervisa el trabajo de su Secretaría General. 

Según los expertos el hecho de que un funcionario chino ocupara la presidencia durante dos años no afectó al correcto funcionamiento de la agencia ni a sus operaciones, aunque  al parecer no fue por la falta de intentos de Meng, que supuestamente buscó asumir poderes adicionales encontrándose con la oposición de los burócratas. 

No obstante, este hipotético deterioro de Interpol tendría graves consecuencias  a nivel internacional. “Si tu reputación es mala, pierdas la confianza y sin confianza no puedes obtener cooperación”, afirmó Sarka Havrankova, rival de Raisi como candidata a la presidencia. Según Havrankova, el riesgo podría traducirse en que las agencias policiales nacionales buscaran otras formas de cooperar, como por ejemplo a través de Europol, una agrupación de carácter regional, socavando así el sistema policial internacional.

La reputación de Interpol fue puesta en entredicho anteriormente. Meng, el primer ciudadano chino en ser elegido presidente, fue condenado a 13 años y medio de cárcel en 2020 tras declararse culpable por aceptar sobornos. Años antes, Jackie Selebi, comisario de policía sudafricano y primer dirigente africano de Interpol, también fue condenado por aceptar sobornos de un narcotraficante. Más recientemente, un funcionario chileno, elegido para el comité ejecutivo en 2019, fue puesto bajo arresto domiciliario en Santiago por denuncias de malversación de 146 millones de dólares en fondos públicos. 

Los intentos de gobiernos autoritarios de utilizar a Interpol para perseguir y detener a sus opositores en el extranjero son otro foco preocupación. Rusia ha sido el país que más ha empleado este medio, con casi el 43% de todas las notificaciones (sólo 7.500 de las 66.000 notificaciones en circulación se hacen públicas. El resto sólo está disponible para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley). De ellas, muchas son para musulmanes rusos acusados de delitos terroristas. Algunos simplemente por enviar dinero al extranjero para sus familias, a las que Rusia ha designado como terroristas, según fuentes del país. 

Rusia también ha solicitado en repetidas ocasiones a Interpol la emisión de notificaciones de detención contra los críticos del Kremlin, entre ellos Bill Bowder, financiero británico, o Mijaíl Jodorkovski, antiguo oligarca. La policía española detuvo a Bowder en 2018, pero pronto fue liberado. Interpol también ha rechazado las peticiones rusas de incluir a Jodorkovski, que vive exiliado en Londres, en su lista de buscados. 

También Turquía, que acogió la asamblea de Interpol de este año, ha remitido numerosas solicitudes contra miembros exiliados del movimiento Gülen, un grupo islámico secreto al que se culpa de un violento golpe de Estado en 2016. La agencia ha reconocido recientemente que había rechazado casi 800 solicitudes turcas. Según los informes, funcionarios turcos intentaron, sin éxito, cargar los nombres de 60.000 personas en la base de datos de la agencia, y habrían recurrido al secuestro de simpatizantes de Gülen en el extranjero para llevarlos de regreso a Turquía.

Otro país vinculado a estas prácticas es China. En 2016, Huseyin Celil, uigur con ciudadanía china y canadiense, huyó a Canadá y fue arrestado en Uzbekistán con una orden judicial de Interpol y entregado a China, donde permanece en prisión por dudosos cargos de terrorismo. En julio, Idris Hasan, uigur residente en Turquía, fue detenido en Marruecos tras ser incluido en una de estas listas.

Safeguard Defenders, grupo por los derechos civiles, afirma que el empleo de este tipo de prácticas por parte de China contra los críticos al régimen y los sospechosos de corrupción parece haber aumentado de forma drástica bajo el mandato del presidente Xi Jinping. En muchos casos, Interpol se ha mantenido firme. La notificación sobre Hasan fue suspendida en agosto, aunque sigue luchando contra la extradición. Probablemente, China esperaba que Meng, presidente de Interpol en ese momento, se mantuviera firme y ayudara con la detención de más disidentes. El hecho de que Meng no haya complacido a sus jefes en Pekín puede haber contribuido a su propia caída en desgracia.

Emiratos Árabes ha tratado de seguir las mismas estrategias. Varios extranjeros que ayudaron a la princesa Latifa, hija del gobernante de Dubai, a escapar del arresto domiciliario impuesto por su padre en 2018, afirman que posteriormente fueron objeto de notificaciones de Interpol, que finalmente fueron retiradas. 

Interpol ha introducido algunas reformas, especialmente en el proceso para presentar las solicitudes de este tipo de notificaciones. Estos avisos ya no pueden ser emitidos contra personas a las que un estado miembro ha reconocido como refugiado. En una reunión en Estambul, la organización también reforzó los criterios para elegir a los candidatos a su comité ejecutivo. Sin embargo, los criterios para las elecciones para el puesto más alto de Interpol siguen siendo opacos. Los candidatos a la presidencia no se anuncian formalmente hasta el comienzo de la asamblea general, lo que impide que los delegados o el público en general puedan evaluarlos adecuadamente. Además las votaciones son secretas, hecho que hace inevitables los acuerdos secretos. 

Se sabe que China utiliza promesas de inversión y ayuda a otros países como intento para que sus candidatos sean elegidos para puestos en organismos internacionales. Hay voces que acusan a Emiratos Árabes de haber empleado esta misma estrategia para conseguir los votos para Raisi. Durante el verano realizó una gira por África, en la que se reunió con los presidentes de Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Senegal, y les prometió de forma pública su apoyo. 

Interpol cuenta con una escasa financiación teniendo en cuenta sus responsabilidades. Su presupuesto para este año es de apenas 145 millones de euros, de los cuales 62 millones proceden de contribuciones estatutarias (Estados Unidos, Alemania y Japón son los países que más dinero aportan). La organización podría verse afectada por las denuncias sobre los países autoritarios, que supuestamente intercambian contribuciones a cambio de influencia. En 2017, Emiratos Árabes prometió 50 millones de euros a la Fundación Interpol para un Mundo más Seguro, una de las mayores donaciones en la historia de la agencia. Algunos expertos han concluido que esta donación no es más que un intento de influir en la agencia a través de la financiación. La organización ha negado tales acusaciones y ha agradecido públicamente la donación.