La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha impuesto a Mali duras sanciones tras la nueva demora de las elecciones, aplazadas por la junta militar que lidera el país actualmente. La CEDEAO también cerrará sus fronteras con Mali en respuesta a estos continuos retrasos tras el golpe militar de 2020. Las nuevas medidas de la CEDEAO suponen un endurecimiento significativo de su postura hacia Mali.

Tras este anuncio, los 15 miembros de la CEDEAO celebraron una cumbre extraordinaria en la capital de Ghana (Acra) en la que se valoraron las distintas justificaciones ofrecidas por las autoridades malienses encargadas de llevar a cabo la transición política y que han acordado la celebración de elecciones en diciembre de 2025, en lugar del próximo mes como en un principio fue acordado. Anteriormente, el gobierno había achacado las sucesivas demoras al desafío que suponía la organización de unas elecciones democráticamente sólidas en medio de una violenta insurgencia islamista. 

En un comunicado, la CEDEAO ha señalado que resulta totalmente inaceptable el calendario propuesto por la junta que lidera la transición. Este calendario “significa simplemente que un gobierno de transición militar ilegítimo tomará como rehén al pueblo maliense”. El grupo también ha informado que ha acordado la imposición de sanciones adicionales con efecto inmediato, incluyendo el cierre de las fronteras terrestres y aéreas de los miembros de la CEDEAO con Mali, la suspensión de transacciones financiares no esenciales y la congelación de los activos estatales malienses en los bancos centrales y comerciales de la CEDEAO. 

Mientras, la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), ha exigido a todas las instituciones financieras bajo su dominio que suspendan sus actividades con Mali con efecto inmediato, revocando el acceso del país a los mercados financieros regionales. Las autoridades malienses no respondieron de forma inmediata a estos hechos, aunque posteriormente el gobierno sí ha manifestado su asombro por la adopción de estas medidas, y como respuesta ha prometido cerrar también su lado de la frontera con los estados miembros de la CEDEAO, así como retirar a sus embajadores y reservarse el derecho a considerar su pertenencia al grupo y a la UEMOA. «El gobierno condena enérgicamente estas sanciones ilegales e ilegítimas», manifestó en un comunicado en la televisión estatal el portavoz Abdoulaye Maiga , que pidió también a los malienses que mantuvieran la calma.

En agosto de 2020, oficiales del ejército dirigidos por el coronel Assimi Goita, derrocaron al presidente electo Ibrahim Boubacar Keith en medio de protestas callejeras en contra de su impopular gobierno. Bajo la amenaza de sanciones, Goita prometió posteriormente restaurar un gobierno civil en un período de 18 meses. 

Pese a sus promesas, Goita organizó un segundo golpe en mayo de 2021, forzando la salida de un gobierno civil interino y asumió el cargo él mismo. Este hecho interrumpió el calendario de reformas, y fue recibido con una condena diplomática amplia a lo largo de todo el mundo. La CEDEAO insistió en que Mali debía celebrar elecciones en febrero de 2022. Pero el gobierno maliense informó entonces que solamente fijaría la fecha de las elecciones tras la celebración de una conferencia a nivel nacional, argumentando que una votación pacífica era más importante que la rapidez con la que se celebraran dichas elecciones.

El pasado mes de diciembre, tras la conclusión de la conferencia sobre la reforma política de Mali, el gobierno propuso un período de transición de entre seis meses y cinco años, a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, el mediador de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, solicitó al gobierno militar que revisara el plan durante una visita realizada la pasada semana, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop. 

El pasado sábado, los gobernantes militares de Mali presentaron una nueva propuesta del calendario. La medida tiene como objetivo “mantener el diálogo y la buena cooperación con la CEDEAO”, señaló Diop sin dar más detalles. “La contrapropuesta de Mali se basa en una transición de cuatro años. Parece una broma”, manifestó posteriormente un alto funcionario de Ghana y actual presidente de la CEDEAO. 

La CEDEAO respondió al primer golpe de Goita en 2020 con el cierre de fronteras con Mali, imponiendo restricciones comerciales, la suspensión de su pertenencia a la CEDEAO, y los miembros de transición del gobierno y sus familiares quedaban sujetos a la prohibición de viajes y a la congelación de activos. Como respuesta, el ejército de Mali instauró un gobierno dirigido por civiles y se comprometió a celebrar elecciones, lo que se tradujo en un levantamiento de las anteriores sanciones económicas, aunque Mali continúa suspendido de los principales organismos del CEDEAO. El grupo no impuso sanciones inmediatamente tras el segundo golpe, aunque en noviembre sí optó por  tomar medidas específicas contra miembros individuales del ejército por los retrasos percibidos en los preparativos de las elecciones. 

La demora del regreso de un gobierno civil en Mali ha puesto en peligro la credibilidad de la CEDEAO, que trata de defender los principios fundamentales de gobierno y de contener la inestabilidad regional. Varias áreas de Mali se encuentran fuera del control estatal, y el gobierno se encuentra sumergido en una lucha en un intento de sofocar un levantamiento armado que ha hecho estragos desde 2012. 

La agitación política en Mali también ha agudizado las tensiones con Francia, que tiene miles de soldados desplegados en la región del Sahel para luchar contra el terrorismo islamista. Otros países de la Unión Europa, como España y Alemania, también cuentan con efectivos militares en suelo maliense, y tienen intereses estratégicos y de seguridad en Mali, una de las piedras angulares para la estabilización de la región del Sahel y también clave para impedir el avance el yihadismo.