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La Policía destapa una trama de fraudes a la Seguridad Social por más de 17 millones de euros

Redacción.

La Policía Nacional ha detenido a 28 personas por fraudes a la administración pública por más de 17 millones de euros. A los arrestados se les imputan 35 delitos contra la Seguridad Social por el impago de cuotas sociales, 18 delitos de insolvencia punible y 5 falsificaciones y estafas.

Durante la operación se han investigado 21 entramados empresariales con sede en Madrid, Barcelona, Granada, Alicante y Pontevedra.

Las pesquisas comenzaron al detectarse hace meses un importante número de empresas que podrían estar cometiendo fraude. Estas actividades irregulares fueron comunicadas a la policía por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Madrid, Barcelona, Granada Alicante y Pontevedra.

Tras recibirse esta comunicación, se requirió un informe detallado a los organismos competentes sobre la documentación relacionada con las defraudaciones y de las actuaciones administrativas llevadas a cabo.

Eludían el pago de los seguros sociales
Una vez analizada toda la información, los agentes comprobaron el carácter fraudulento de las empresas investigadas, creadas con la finalidad de eludir el pago de las cuotas de seguros sociales, lo que hacían provocando la descapitalización de la empresa deudora, trasladando los elementos de producción a otras sociedades, utilizando testaferros y empresas interpuestas para llevar a cabo sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes impidiendo o dificultando la localización y traba de los mismos.

El incremento de este tipo de actividad fraudulenta, entre otras, contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, propició la firma de un convenio de colaboración entre el ministerio de Empleo y Seguridad Social y el ministerio del Interior el pasado mes de abril.
La investigación, que continúa abierta, ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEV.


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