Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional emitía un informe analizando la situación actual de la crisis que atraviesa Libia. Paralelamente comienzan a surgir informaciones donde se augura la posibilidad de que las Fuerzas Armadas Españolas participen en la evacuación del personal restante de la OTAN que todavía permanece en el país.

La tensión crece y en los últimos días hemos conocido la noticia que confirma la reanudación de los bombardeos por parte de las Fuerzas Aéreas Libias, comandadas por el mariscal Jalifa Haftar, contra el sector meridional de Trípoli en su afán por tomar la capital del país.

En el marco de esa tensión creciente y fracturada en tres gobiernos enfrentados que no se reconocen entre sí, Libia se ha convertido en el escenario propicio para la proliferación de actividades criminales (mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, múltiples grupos terroristas de corte yihadista, etc.).

Por lo que se refiere al establecimiento de una operación militar en suelo libio, esta cuestión ha sido objeto de debate desde que diera comienzo el conflicto. Sin embargo, de manera reiterada los informes militares lo han desaconsejado y esta posibilidad ha sido descartada por el momento. Lo cual no implica que no se dispongan de planes de reserva para hacer frente este tipo de escenarios.

Desgraciadamente, Libia se encuentra sumida en una crisis desde que en 2011 se produjeran los levantamientos armados a raíz de las denominadas “primaveras árabes” y la posterior revuelta contra el régimen de Gadafi que finalmente derivaría en guerra civil,  forzando la intervención internacional a través de la Resolución 1973/2011 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este contexto aparece uno de los principales protagonistas del “nuevo periodo” crítico que atraviesa el país. Se trata del mariscal Jalifa Haftar, antiguo general de las Fuerzas Armadas Libias que cuenta con el apoyo directo de Arabia Saudí Emiratos Árabes, Egipto y Rusia, además de con un considerable número de efectivos y medios militares. Hafter es responsable de la puesta en marcha de la “Operación Dignidad” con el fin de derrocar al Congreso General de Transición (mayoritariamente islámico) y acabar con la actividad terrorista del Daesh.

En el informe del Departamento de Seguridad Nacional se cita a Hafter como “un actor principal que difícilmente renunciará a su intención de “controlar política y militarmente Libia, y presentarse como interlocutor indiscutible ante cualquier negociación”.

Tras las elecciones de 2015 y ante la fractura que divide el país, a instancias de la ONU, tiene lugar el “Acuerdo Político Libio” que dará lugar a la configuración de un “Gobierno de Acuerdo Nacional” (GAN) con sede en Trípoli y el reconocimiento de la Asamblea de Tobruk como Parlamento.

El control del sector oriental y meridional del país está en manos del Ejército Nacional Libio (LNA) liderado por Hafter, que en 2019 puso en marcha una campaña para tomar el control de los campos de petróleo y desplazar sus fuerzas con el objetivo de tomar la capital, Trípoli.

Bajo este panorama, no se puede descartar la posibilidad de que el personal de la OTAN que todavía permanece en el país prestando servicios de asesoramiento, deba ser evacuado de forma inmediata. En este punto es donde intervendrían nuestras Fuerzas Armadas, atendiendo a las circunstancias y los medios disponibles.

En caso de que finalmente fuese necesaria la intervención de efectivos españoles, el Mando de Operaciones (MOPS) como órgano responsable del planeamiento, la conducción y el seguimiento de las operaciones tanto a nivel nacional como internacional,  con el teniente general Fernando José López del Pozo al frente, serían los encargados de planificar dicha misión.

A pesar de que lamentablemente ya se conoce la existencia de víctimas mortales a raíz de los enfrentamientos por la toma de la capital, por fortuna no debemos lamentar ninguna víctima española. Tal y como viene reflejado en el informe, la colonia de españoles en Libia es muy reducida (entre 80-100 personas), en su mayoría con doble nacionalidad y la cifra de expatriados en Trípoli es de 8 personas, 4 de las cuales son personal de Repsol.

En cuanto a las consecuencias migratorias, el informe apunta a que, si bien por el momento no se ha producido un incremento del número de salidas de inmigrantes con destino a Europa, el volumen de desplazados en el interior del país es considerable y puede continuar creciendo si persisten los enfrentamientos. La Organización Internacional para la Migraciones advierte de que las primeras consecuencias de la situación que vive Libia pasarían por: “el colapso de los centros de detención de inmigrantes próximos a la capital y la cancelación de las operaciones de retorno voluntario de los inmigrantes que permanecen en Libia a sus países de origen”.

El informe también sostiene que la actividad terrorista probablemente continuará. Todo ello a pesar de que el Daesh ha sido expulsado de los territorios que controlaba, en la medida en que todavía cuenta con células durmientes preparadas para atentar.