La investigación sobre el ciberataque que ha afectado los sistemas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apuntaría a Rusia como posible responsable del incidente. La sospecha en torno a la implicación rusa obedecería, no tanto a razones técnicas, sino a criterios políticos y geoestratégicos, según señalan fuentes gubernamentales.

El ataque cibernético supuestamente sería la respuesta por parte del Gobierno ruso tras una serie de incidentes diplomáticos y militares que recientemente han enturbiado las relaciones entre Rusia y España. Según los expertos el objetivo pasaría por desprestigiar a la institución pública y al Estado español, a la vista de las consecuencias que tiene para la ciudadanía la paralización de este servicio.

En el marco de una crisis como la que estamos atravesando, las consecuencias se ven agravadas y la cancelación masiva de citas o de los trámites relacionados con las prestaciones por desempleo tiene un impacto significativo en la ciudadanía.

Según fuentes próximas a la investigación, el descontento social derivado cuadraría bastante con los propósitos rusos a raíz del enfriamiento de las relaciones durante los últimos meses. Un deterioro de las relaciones que entre otros motivos obedecería a la presencia militar española en el Mar Negro. Esas mismas fuentes han asegurado que “solo una potencia que trate de ajustar cuentas con España puede estar interesada en inspirar tal ataque».

El pasado 9 de marzo el SEPE fue víctima de un  ciberataque. Según apuntan las investigaciones, los hackers emplearon un virus del tipo “ramsomware” capaz de encriptar archivos y bloquear ordenadores. No es frecuente que este tipo de de ataques tengan como diana instituciones cuya capacidad para ceder al chantaje es limitada o directamente nula, razón por la cual es habitual que se dirijan contra empresas y grandes corporaciones, entidades que pueden hacer frente al pago de un rescate a cambio de restablecer la configuración inicial de los equipos y sistemas infectados.

En este tipo de situaciones la atribución resulta sumamente complicada, especialmente teniendo en cuenta que el modus operandi ruso se caracteriza por evitar en lo posible la intervención directa, actuando a través de intermediarios que hacen las veces de pantalla de humo y sirven como canal para alcanzar los objetivos estratégicos del Kremlin en diferentes áreas.

Dichas prácticas dificultan a su vez las investigaciones que pudieran señalarles como responsables de este tipo de campañas, eludiendo así su responsabilidad. Investigaciones como la que actualmente lideran el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional (adscrito al Centro Nacional de Inteligencia).

El deterioro de las relaciones

El pasado mes de febrero un viaje de Borrell a la capital rusa estuvo marcado por las tensiones que se vivieron durante la rueda de prensa protagonizada por el propio jefe de la diplomacia de la Unión Europea y Sergei Lavrov, jefe de la diplomacia rusa.

Si bien las relaciones con la UE ya presentaban un deterioro significativo desde finales de 2020, cuando ambas partes chocaron por la crisis en Bielorrusia, a la vista del apoyo ruso a Lukashenko, el encuentro entre ambos representantes únicamente sirvió para agravar la fractura. Prueba de ello fue la expulsión, poco después, de tres diplomáticos europeos por participar en las manifestaciones en apoyo a Navalny.

El encarcelamiento del líder opositor constituye uno de los principales elementos de la controversia, llegando a traducirse en la adopción de sanciones por parte de Bruselas contra Moscú. En concreto, la UE impuso a principios de marzo medidas contra cuatro altos funcionarios rusos responsables del encarcelamiento de Navalny. Fue la primera vez que el grupo impuso una sanción por violaciones de los Derechos Humanos, un nuevo instrumento del que se dotó la UE para responder de manera ágil ante violaciones flagrantes de los derechos fundamentales.

La colaboración de las Fuerzas Armadas españolas con las Fuerza Aérea de Rumania en la misión de Policía Aérea de la OTAN en el sureste de Europa, tampoco ha sentado bien en corazón del Krmelin. Desde el 1 de febrero hasta el 30 de marzo, seis cazas Eurofighter y un contingente de 130 militares del Ejército del Aire, conforman el destacamento español PAZNIC en la base aérea rumana de Mihail Kogalniceanu. Su misión: realizar labores de patrulla junto a la fuerza aérea rumana.

Según ha explicado el Estado Mayor de la Defensa, dicha misión tiene como fundamento, entre otros, mostrar la naturaleza defensiva de la OTAN y disuadir a Rusia de la agresión o la amenaza de agresión contra los Aliados de la OTAN.

En el marco de dicha misión y durante el mes de marzo se han sucedido las intercepciones de cazas rusos Su-30 por parte de los ‘eurofighters’ españoles. Las aeronaves rusas volaban sin transpondedor ni plan de vuelo, al sur del Mar Negro.

El aumento de la actividad española en las proximidades parece haber incomodado a Moscú y el propio Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia anunció la pasada semana en un comunicado que “las fuerzas de la Flota del Mar Negro comenzaron a vigilar las acciones de la fragata española Méndez Núñez de la Armada española que entró en aguas del Mar Negro”.

Esta parece ser la tónica habitual cada vez que un buque de guerra de un país no ribereño del Mar Muerto cruza el Estrecho del Bósforo. En ese momento el Ministerio ruso de Exteriores se apresura a recordar que la presencia de esos buques “puede afectar a la estabilidad de la región”.