GB D. Agustín Alcázar Segura (R)

Director del Curso “Historia militar de Gibraltar”

A lo largo de trescientos años, Gibraltar ha pasado por distintos “status” desde que en 1704 fue ocupada por las tropas británicas durante la Guerra de Sucesión.

Fue cedida a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht, firmado el 13 de julio de 1713, y en 1830 el Reino Unido le concedió la denominación de «colonia de la Corona». En 1909 las autoridades británicas levantaron unilateralmente la verja.

De la misma forma que en el siglo XIX se habían alzado críticas desde la misma Inglaterra denunciando la ocupación británica de Gibraltar, tampoco en el XX faltaron voces autorizadas que clamaron en el mismo sentido. Así, William C. Atkinson[1], en Febrero de 1951, indicaba como Inglaterra se había comportado en el tema de Gibraltar añadiendo “el insulto a la herida”.

En 1954, el autor inglés Halliday Sutherland declaró que la toma de Gibraltar en 1704 representó un acto de piratería. Es un escándalo que España, Gibraltar y el Reino Unido no tomen las medidas necesarias para acabar con esta situación. También es frustrante que el resto de Europa consienta (a través de la inacción) la última colonia en suelo europeo. En justicia, Gran Bretaña debe devolver la soberanía de Gibraltar al Reino de España, dando la posibilidad de mantener la ciudadanía británica para los ciudadanos gibraltareños que así lo deseen.

Asimismo, en 1966 Arnold J. Toinbee[2] señalaba la injusticia de la ocupación británica de Gibraltar[3].

Pero el hecho más significativo que se produjo durante el siglo XX, especialmente a partir de la finalización de la II Guerra Mundial; fue la creación de diferentes organismos internacionales (ONU, OTAN, CSCE, UE), lo que facilitó que el tema trascendiera del ámbito estrictamente bilateral, permitiendo a España plantear el problema al amparo del derecho internacional. No obstante, aún cuando la ONU ha dado reiteradamente la razón a nuestro país en cuanto a los derechos inalienables que España tiene sobre la Roca, insiste en que la solución se realice a través de los acuerdos bilaterales, estableciéndose un “círculo vicioso” con los nulos resultados de todos conocidos.

Mientras tanto, en 1967, Gran Bretaña, en contra de la voluntad de la ONU, celebró un referéndum en la Roca, con un resultado abrumador a favor de continuar el vínculo con Inglaterra. El proceso se culminó en 1969 al concedérsele una Constitución (modificada en 2006). En ella, se confiere a Gibraltar una autonomía aún mayor de la que ya tenía, alcanzando niveles casi equivalentes a los de un país independiente, mediante la cual se estableció el cambio en el estatus de la colonia, transformada en un Territorio Británico de Ultramar (British Overseas Territory)[4]. El nuevo marco estableció también la transferencia de los asuntos internos al ejecutivo local, elegido por los propios gibraltareños, mientras que se reservaban exclusivamente al representante del gobierno de la corona los asuntos externos y de defensa. Así mismo, un Ministro Principal se constituyó en el representante de la Corona británica.

En respuesta a esta medida, España cerró la frontera y retiró los permisos de trabajo en Gibraltar, medidas que sucesivamente han ido dulcificándose hasta volver en la actualidad a una situación de normalidad.

La posición del gobierno español sobre Gibraltar ha sido siempre unánime entre todos los partidos del arco parlamentario; sin embargo, el cambio de gobierno producido en Marzo de 2004, trajo también un cambio de estrategia con respecto a este problema, estableciendo el denominado “Foro de diálogo”, sin que tampoco se produjeran los efectos deseados para nuestros intereses.

Con la llegada del nuevo gobierno en Noviembre de 2011, parece que se han abandonado las vías anteriores, adoptándose actitudes más firmes y tradicionales, pero que hasta el momento no se han traducido en hechos concretos.