Por D. Julio Capón Caballero.

En el siglo XVIII, las relaciones Iglesia-Estado se vieron afectadas a raíz de la aplicación de la doctrina regalista. En la Península se aplicó desde 1707 y en Ultramar a partir de 1760, al implantar la «Regalía soberana patronal», también conocida como «Regio vicariate», en virtud de la cual el monarca asume plena jurisdicción canónica, pero no como mera concesión papal, sino como atributo de su propio poder personal, convirtiéndose la Regalía Soberana en una institución civil de signo antipapal cuyo fin era mejorar la organización y administración eclesiásticas, terminar con las discordias entre las distintas órdenes religiosas y detener la relajación de costumbres en amplios sectores del clero. Para lograrlo, se celebraron Concilios provinciales en Méjico, Lima, Santa Fe de Bogotá y Charcas. Se restringieron la inmunidad eclesiástica, el derecho de asilo, la jurisdicción del fuero eclesiástico y otros privilegios tradicionales como la disminución de exenciones tributarias y privilegios económicos.

La Compañía de Jesús se había instalado en las colonias portuguesas de Ultramar en 1549 y en las españolas entre 1568-1572. A mediados del XVIII sus componentes se encontraban en todos los lugares del continente siendo muy apreciadas sus actividades, no sólo en educación, con sus escuelas y colegios en todas las ciudades importantes de Hispanoamérica, sino también por la posesión de una vasta red de empresas que controlaban la ganadería, la industria textil, las haciendas americanas, vinícolas, etc., siendo las más famosas las “Reducciones” del Paraguay. Bajo la tutela de la Compañía de Jesús, los indios de las misiones se organizaron en una sociedad paralela donde los bienes eran comunes y se defendieron con fuerzas militares de los cazadores de esclavos brasileños y de los colonos españoles. La formación de esta nueva sociedad iba contra la política seguida por la Corona, en la que la evangelización del indio estaba ligada a su integración en la sociedad colonial.

En Portugal el Ministro Pombal consiguió que el monarca José I decretase en 1759 la expulsión de los jesuitas en todos sus reinos y la confiscación de todos sus bienes, pasando sus iglesias a los obispos y sus bienes fueron adquiridos por la aristocracia criolla. En España la expulsión fue decretada por Carlos III a raíz del motín de Esquilache en Madrid en 1766.

Cerca de 5000 religiosos tuvieron que abandonar América, provocando una crisis que, en algunos casos, ha sido interpretada como catastrófica. El daño que se le hizo a las misiones, a la educación y a la cultura, fue irreparable. Y en la enseñanza el problema fue más grave todavía, ya que eran excelentes educadores.

La expulsión de la Compañía, aunque enriqueció a algunos colonos por la desamortización de sus bienes, produjo un gran resentimiento contra el Estado, por parte de un gran número de influyentes familias americanas que consideraban el hecho como un acto claro de despotismo.