Por G.B. D. Agustín Alcázar Segura (R).

En el campamento de La Kiatara, en la Mosquitia hondureña, cerca de la frontera con Nicaragua, hasta entonces cuartel general de los indígenas misquitos levantados en armas contra los sandinistas, se celebró, en la mañana del 16 de abril de 1990, una ceremonia que quedaría para la historia.

El acto comenzó con una oración, sencillas arengas y discursos. A continuación, uno de los miembros de la Resistencia Nicaragüense, el comandante Ceferino Benze, se adelantó y entregó su fusil al representante de las Naciones Unidas, el General de División español, D. Agustín Quesada Gómez quien, como jefe del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), dirigió la primera operación de Mantenimiento de la Paz de la ONU en esta región del mundo azotada por la violencia durante la última década.

Detrás del comandante, 260 combatientes más, entregaron sus armas. Eran los primeros en desmovilizarse bajo la bandera de las Naciones Unidas. El acto finalizó con un canto patriótico-religioso. Para esta zona la guerra había terminado.

Dos días después, el 18, se produjo otra ceremonia similar en el enclave de Yamales (Honduras), hasta entonces la base principal de operaciones de los contras (1) nicaragüenses.

Los dos actos constituyeron el inicio de la operación de desmovilización de los guerrilleros que durante casi una década lucharon contra los sandinistas y definieron el momento más álgido del mandato de ONUCA, un mecanismo puesto en marcha por los cinco presidentes de Centroamérica para intentar poner fin a la escalada de la guerra en la región y reconducir los procesos políticos hacia una vía democrática.

ONUCA fue la primera operación de Mantenimiento de la Paz cuya máxima autoridad ostentó un militar español. La mayor responsabilidad recayó, por tanto, sobre el contingente español. De alguna manera, el Ejército español puso en juego su prestigio y profesionalidad. Meses después, los numerosos elogios de Gobiernos, instituciones y personalidades y, más importante aún, el agradecimiento expresado diariamente en pueblos y aldeas por las gentes centroamericanas probaron que habían logrado un gran éxito.

La puesta en marcha de ONUCA fue producto de un largo proceso de consultas y negociaciones diplomáticas y de la resolución de los presidentes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes desde 1987 expresaron su voluntad de sentar las bases para iniciar el proceso pacificador de toda Centroamérica, una región que había sufrido en la última década más de 100.000 muertos a causa de los abusos de pasados gobiernos y la actividad de grupos guerrilleros. «Centroamérica —declaró por entonces Pérez de Cuéllar— se encontraba ante una histórica encrucijada: o bien superaba recelos y animosidades basados en diferencias ideológicas frecuentemente exageradas y armonizaba estrategias con vistas al desarrollo económico y social de la región, o bien continuaba en la peligrosa pendiente hacia un conflicto generalizado con fatales consecuencias».

El entonces presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, diseñó un plan para resolver simultáneamente los problemas internos de cada país. Sus principios básicos fueron recogidos por los cinco presidentes en los acuerdos conocidos como Esquipulas II (2). Los mandatarios, reunidos en Guatemala en agosto de 1987, dieron su conformidad al llamado «Procedimiento para establecer la Paz fime y duradera en Centroamérica» por el que se comprometieron a poner en marcha un proceso de democratización interna, promover el diálogo nacional, decretar una amnistía general, lograr un genuino cese el fuego y fomentar la celebración de elecciones libres, pluralistas y honestas. En cuanto al cese de hostilidades, mostraron su voluntad de poner fin a todo apoyo a las fuerzas irregulares y de impedir el uso de su territorio para desestabilizar a otros Estados.

A estas declaraciones siguieron diversos acuerdos alcanzados en sucesivas reuniones de los cinco presidentes centroamericanos que culminaron con la Declaración de Costa del Sol, el 14 de febrero de 1989 en la que pidieron la colaboración del secretario general de la ONU para crear un «mecanismo imparcial» de supervisión. El Congreso estadounidense decidió en esos momentos terminar con la ayuda a los guerrilleros nicaragüenses y el Gobierno sandinista anunció la celebración de elecciones libres bajo la supervisión de la que se denominaría Misión de Observadores de las Naciones Unidas para verificar el proceso electoral en Nicaragua (ONUVEN).

Como respuesta a las peticiones, Pérez de Cuéllar creó un grupo técnico que, a mediados de marzo tenía ya preparado el documento de trabajo «Grupo de Observadores de NU en América Central» en el que se esbozaban las líneas directrices de lo que sería la primera misión de paz en aquella región. Los cancilleres centroamericanos solicitaron oficialmente la creación del Grupo de Observación en una carta remitida al secretario general el 31 de marzo pero un contencioso entre Honduras y Nicaragua impidió tomar medida alguna. Fue necesaria otra reunión de los presidentes, esta vez en Tela (Honduras), entre el 5 y el 7 de agosto de 1989, para desbloquear la situación y profundizar en un plan de desmovilización. El plan preveía la creación de una Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV) por parte de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA). Tanto ONUVEN como CIAV fueron posteriormente aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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(1) Contras o contra fue el nombre dado a los diferentes grupos insurgentes opuestos al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder en  Nicaragua desde el derrocamiento, en julio de 1979, del gobierno del dictador Anastasio Somoza. Aunque el movimiento de la Contra agrupaba diferentes organizaciones con objetivos diversos y poca unidad ideológica, la Fuerza Democrática de Nicaragua, FDN, era su facción más importante

(2) En mayo de 1986, tuvo lugar una reunión, «Esquipulas I», a la que asistieron cinco presidentes de América Central, la reunión sirvió de base para consolidar la decisión política de los gobernante y establecer con Esquipulas II en 1987 el procedimiento para conseguir la Paz Firme y Duradera en la región.