Luis Hurtado González (RV)

No creo descubrir nada si digo que la actual reserva voluntaria de nuestras Fuerzas Armadas es, lamentablemente, poco más que un simple trámite o adorno para éstas; consideración que, desde luego, podrá ser discutible y discutida, pero que es la que compartimos muchos –por no decir todos- de los que tenemos el tremendo honor y privilegio de formar parte de aquélla. No es, desde luego, una opinión generada por la actitud de las personas –los militares profesionales- con quienes compartimos función en nuestros períodos de activación, sino por otros motivos, entre los que quizás sean los más relevantes el propio diseño teórico de reserva voluntaria española y, sobre todo, su limitada puesta en práctica.

Son características que llevan a tan negativo diagnóstico la reducida dimensión de este recurso defensivo; la inadecuación parcial del procedimiento –de las reglas, más bien- de selección de sus miembros; la escasísima –insignificante- y, por tanto, deficiente formación militar de los mismos; su no bien entendida función en las unidades de destino y, consecuentemente, su poco o nulo encaje operativo en ellas; y, finalmente, el incumplimiento sistemático (falta de activaciones) del papel que está llamada a desempeñar la reserva voluntaria.

La crisis económica es, en efecto, una y la más fácil explicación para la mayoría de estos defectos. Porque cada plaza (proceso selectivo, formación, uniformidad…) cuesta un dinero (igual que las activaciones) del que, por desgracia, no se dispone.

De ahí, por ejemplo, que para 2013, sólo se hayan convocado 100 plazas de nuevo ingreso; de ahí que el período de formación militar general (hablo que mi caso y soy Oficial) haya sido, sin descontar los sábados y domingos y un día de fiesta, de dos semanas, más otra semana (5 días laborales, en realidad) de formación específica; y de ahí que, desde mi nombramiento, no haya sido activado ni una sola vez, teniendo en cuenta que obtuve la plaza en la convocatoria de 2011.

Pero no todo es crisis. Muchos de esos defectos traen causa en el propio concepto, que no es sino el que resulta de la normativa vigente, de la Reserva Voluntaria; concepto que, por otra parte, también debería -si es el que se quiere- adecuarse a la crisis. Propongo lo siguiente:

1º) Actualmente, el número de efectivos de nuestras FFAA está fijado en 80.000. No es que este número sea el ideal para la defensa del país, ni siquiera el mínimo necesario, sino que es el que puede permitirse nuestra economía, dado el carácter profesional (retribuido) de sus miembros.

La diferencia entre ese número de militares profesionales sostenibles y el de efectivos necesarios para garantizar la defensa nacional debe ser igual al número de reservistas voluntarios, sin techo (sean cuantos miles sean) y en la proporción (tropa, suboficiales y oficiales) técnicamente adecuada.

2º) Este incremento (sin duda, espectacular) del número de Reservistas permanentes sólo tiene sentido (entendiendo por “sentido” su eficacia militar) si el perfil individual de cada uno se acomoda al propio perfil del militar profesional, al menos en sus aspectos básicos. Me refiero, sobre todo, a la edad y estado físico, de modo que las convocatorias de plazas deberían exigir unas condiciones análogas para unos y otros.

Actualmente, la selección de reservistas (hablo, por ejemplo, de oficiales) descansa en los méritos (titulación, antecedentes militares, años de servicios en la función pública, otra experiencia profesional, etc.). De modo que generalmente obtienen las plazas en concurso los aspirantes de mayor edad (los más, de mucha edad, no importa si cercana, incluso, al tope de los 58 años establecido para el ingreso), a los que simplemente se exige un reconocimiento médico de salud, no una determinada aptitud física demostrable en unas pruebas de esfuerzo.

Creo que la reserva voluntaria, para que realmente puedan completar el número de efectivos necesarios para la defensa de España, debe estar integrada (sobre todo, su tropa) por gente más joven, mucho más joven, esencialmente joven. Y para esto, los criterios de selección deberían incluir un baremo de puntos por edad (más puntos mientras menos edad tenga el aspirante) que equilibre los méritos que, gracias a su mayor edad, otros candidatos hayan podido acumular. La edad, por tanto, que comporta una determinada aptitud (si menos, más), debe convertirse en un mérito más a efectos del concurso.

Seguidamente, el proceso de selección debería incluir unas pruebas físicas (no hace falta que sean exageradamente duras o difíciles), tanto de carácter eliminatorio (no sé, 100 metros lisos en 15 segundos), como de puntuación, otras, para sumar en el concurso (más puntos si mejor resultado).

La introducción de estos dos criterios “rejuvenecedores” no debe impedir el acceso a la reserva voluntaria de profesionales de excepcional experiencia (y, por tanto, de más edad), para lo cual podrían establecerse salvedades o matizaciones (es decir, una combinación más moderada de los indicados criterios) para la serie de plazas en que, por su específico perfil técnico, científico, etc. (médicos especialistas, ingenieros…), dicha experiencia se considere mérito preferente.

4º) Los aspirantes seleccionados deben convertirse en militares de verdad. Quiero decir que su formación debe realizarse durante el tiempo que, de acuerdo con esta finalidad (y no por otras consideraciones), sea necesario, que no creo que pueda ser inferior al establecido para instrucción de reclutas en la etapa del desaparecido Servicio Militar Obligatorio. Y con análogo nivel de exigencias.

Se trataría, a la par, de un período de verdadero esfuerzo con cuya superación el Reservista se revestiría del mínimo caché militar de que actualmente carece y por cuya falta es también por lo que puede existir un cierto recelo o rechazo de su figura por parte de algún personal militar profesional, sobre todo, si de menor rango.

5º) La duración del compromiso debe tener también unos límites, mínimo (que rentabilice la selección y formación), pero también máximo (que garantice el flujo de nuevos aspirantes), con sus lógicas excepciones (profesionales de gran experiencia, oficiales que hayan ascendido espectacularmente  -por cumplimiento de los retos que se le establezcan – durante el compromiso, prórrogas por falta de demanda de las plazas de nuevo ingreso que se convoquen, etc.).

6º) Debe garantizarse la plena e indistinguible incorporación del reservista en su unidad de destino, esto es, algo así como lo que, para el ámbito civil laboral, el Estatuto de los Trabajadores llama “ocupación efectiva”, durante los períodos de activación, que deben ser inexcusables para la Administración (en lo que al llamamiento se refiere), significativos (en su duración) y preferentemente programados, de modo que tanto la Unidad como el Reservista sepan cuándo se va a producir la activación y, de esta forma, por ejemplo, cubrir vacaciones o ausencias previstas del personal militar profesional. Sin perjuicio de otras activaciones (extraordinarias) que, por necesidades sobrevenidas, puedan efectuarse.

7º) Períodos de no activación: Durante ellos, el reservista debe mantener sus capacidades militares, para lo cual se podría crear un vínculo orgánico entre todos los adscritos y dependientes de cada Subdelegación de Defensa, con un mando propio “real” y una sede física, que programe ejercicios mensuales de instrucción, participación formal en los actos militares que se celebren en la ciudad, cursos y seminarios de perfeccionamiento, etc.

8º) Todo lo anterior depende del concepto mismo del reservista voluntario, que no tiene por qué ser gregario del diseño básicamente “profesional” (es decir, retribuido) de nuestras Fuerzas Armadas, sino que debe inspirarse únicamente en su propio fundamento constitucional: que la reserva voluntaria es la vía por excelencia para la satisfacción de un derecho de los españoles, el derecho de contribuir a la Defensa Nacional.

De modo que, en este entendimiento y como regla general, el reservista no tiene que ser retribuido ni compensado económicamente (o, mejor, puede serlo sólo simbólicamente) por los servicios que preste en sus activaciones ordinarias. Su misma condición de reservista, el honor y privilegio que ésta representa, es la única y verdadera “retribución” perseguida por quienes la ostentan.

Dejaría así la reserva voluntaria de constituir un coste para el Presupuesto del Estado; con las lógicas excepciones que se determinen, como serían, acaso, el período de formación inicial (dada su más dilatada duración), las activaciones extraordinarias, o para misiones en el extranjero, etc.

Esta gratuidad o no onerosidad de los servicios del reservista no sólo es inescindible anejo de la propia voluntariedad que caracteriza a esta su condición y, por tanto, verdadero rasgo distintivo con el militar profesional (que, en realidad, también accede por voluntad a su condición de tal). También sería el definitivo factor corrector de las disfunciones que actualmente se vienen produciendo por falta o insuficiencia de las partidas presupuestarias correspondientes, evitándose que estas razones de tipo económico impidan la existencia y disponibilidad de una verdadera fuerza de reserva (en número de miembros, en activaciones, etc.).

Pero es que, a la par, la inexistencia de retribución creo que es la que otorgaría al reservista voluntario el “título” que, en su convivencia con el militar profesional, le falta: el título de su total y absoluta abnegación que, susceptible de provocar sólo admiración y sana envidia de los demás, definitivamente socavaría todas las resistencias psicológicas que actualmente aún son perceptibles en algunos miembros (profesionales) de nuestras Fuerzas Armadas.