Marta Gómez/ Sevilla.

El Plan de Reducción de Escoltas del Ministerio del Interior, que contempla una disminución de protecciones estáticas y dinámicas, ha dispuesto colocar a 1.400 agentes a las tareas de lucha contra el crimen organizado y seguridad ciudadana. Las incorporaciones se están haciendo de “forma paulatina”

«La mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó”, así manifestaba el ministro del Interior, Jorge Fernández, ante la presentación del Plan de Reducción de Escoltas a principios de marzo. Mediante este plan –ejecutado en tres fases- el Ministerio daba respuesta a la situación de crisis económica reinante en el país y analizaba el “nivel de riesgo” de aquellas personalidades que requerían una mayor protección. Así, en una primera fase, Interior decidió mantener la protección a 697 personas y suprimía 424 agentes de seguridad privada en el País Vasco y Navarra.

En cuanto a la segunda fase, correspondiente a protecciones estáticas llevadas a cabo por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se redujo el número de personas protegidas en 22.

“En España el número de personas protegidas se cuenta por centenares”
Ya insistió el ministro del Interior en recordar que el resto de países europeos tienen un nivel reducido de escoltas, en concreto, “decenas”, mientras que en nuestro país el número se cuenta de cien en cien.

En este sentido, la tercera fase del plan se está materializando de “forma paulatina”, según comentan desde la Dirección General de Policía.

De esta manera, en torno a 1.400 agentes de protección estática y dinámica están pasando a desempeñar tareas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. En concreto, estos agentes reforzarán la Brigada Móvil, la Unidad de Investigación Tecnológica (IUT) o radiopatrullas. Según la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana, afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derecho de reunión”, cita el preámbulo de dicha ley.

Mediante esta medida, el Ministerio del Interior quiere reforzar la jefatura de la Brigada Móvil coincidiendo con la época estival en la que se producen más salidas de viajeros en diferentes puntos de territorio nacional. “La misión de la Brigada Móvil o Policía en el Transporte es la prevención del delito en los diferentes medios de transporte de pasajeros, tanto en las líneas regulares como en las estaciones de autobuses, ferrocarril y marítimas”, especifican desde la Dirección General de la Policía.

La Brigada Móvil pertenece a la Red Internacional de Organización de Policía de los estados miembros de la Unión Europea (RAILPOL), encargada de las labores ferroviarias así como también colabora con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Seguridad en el Transporte Terrestre (IWGLTS), con funciones en materia de seguridad internacional.