Fernando Ibáñez.

Director del Curso de Técnico avanzado en análisis del fenómeno de la piratería y del curso de Técnico avanzado en metodología de la investigación que se imparten en el campus CISDE.

La operación Atalanta nació en 2008 con el fin de afrontar la amenaza de los piratas somalíes. Ha venido prorrogando su mandato cada dos años. El actual termina en diciembre del año que viene. A lo largo de los últimos meses, he tenido ocasión de escuchar, incluso en foros internacionales, opiniones diversas respecto a si la primera operación naval de la Unión Europea debe o no finalizar el año que viene, evitándose su prórroga una vez más.

Soy consciente de que puede que mi opinión no resulte simpática a ciertos sectores. Por ejemplo, en el ámbito de la industria las presiones están siendo notables con el fin de que se prorrogue el mandato de la misión más allá de 2016. Y, por otra parte, y como es lógico las distintas marinas se muestran encantadas de continuar su presencia en la zona.

Sin embargo, en mi opinión no hay razones que justifiquen (ni siquiera en marzo de 2015, cuando escribo estas líneas) la presencia militar internacional en aguas del océano Índico occidental.

En primer lugar, porque desde mayo de 2012 los piratas somalíes no han sido capaces de secuestrar un mercante y obtener un rescate por él. Este es un dato objetivo, un hecho irrefutable. La piratería somalí es un negocio que requiere de inversores y éstos, como puede suponerse, ya no están por la labor de contribuir a una actividad que, desde hace tres años, no genera beneficios. Ahora, los inversores se dedican a otros menesteres. Y los antiguos piratas parece que también… entre estas nuevas actividades, algunos de ellos incluso protegen barcos locales con el fin de proporcionarles seguridad… contra la piratería.

El mapa de incidentes de piratería de este año 2015 habla por sí solo. Ningún ataque reportado por las fuentes habituales. Ni uno solo en casi tres meses.

Fuente: https://icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-map

Sabemos que, sin embargo, se están produciendo algunos incidentes, pero que éstos no son reportados por la industria a las fuerzas navales presentes. ¿Por qué? Porque no les hace falta. Ya no necesitan de su protección. Más del 90% de los buques que navegan en estos momentos en el Índico occidental lleva embarcado un equipo de seguridad privada. La capacidad disuasoria de estos vigilantes armados es indiscutible. Y esa capacidad es mayor que la que pueda aportar la presencia naval internacional. Quitemos mañana mismo a los vigilantes armados de los mercantes y volverán los secuestros. Traigamos a casa a los buques de guerra y aviones de patrulla marítima y… no habrá más secuestros. Quizás se reporte algún ataque más, pero los piratas no capturarán ningún barco. Y esta realidad la reconocen, en privado, militares en activo tanto de España como de fuera de nuestro país. Y si se trata de oficiales retirados, el reconocimiento de esta realidad es mucho más explícito.

Resulta obvio que, como me decía recientemente un almirante retirado, la piratería en Somalia ha sido una oportunidad magnífica para que las marinas de muy diversos países hayan podido hacer acto de presencia en una zona por la que, la mayoría de ellas, nunca había navegado. Y, lógicamente, la piratería ha servido también para que los altos mando de las distintas Armadas hayan podido ejercer presión sobre sus gobiernos con el objetivo de que les dedicasen recursos extraordinarios, especialmente deseados en esta época de recortes presupuestarios en Defensa. Y no pocas potencias han podido mostrar músculo gracias a la acción de los piratas somalíes. Buques de guerra de China, Rusia, India o Irán han sido desplegados frente a esta amenaza. Incluso Japón cambió su legislación interna para permitir el envío de fuerzas militares a la zona de operaciones de los piratas somalíes.

Sin embargo, a estas alturas resulta difícil justificar, desde un punto de vista geoestratégico (ya no digamos económico) el alto coste que implica la presencia militar de fuerzas militares patrullando el Índico. Ese coste se ha calculado en unos 1.000 millones de dólares para el año 2013[1]. Se trata de un desembolso muy notable y que contrasta con la ausencia de incidentes piratas dignos de mención.

Esta realidad parece estar detrás de la reciente decisión de Italia de anunciar que sus fuerzas dejarán de formar parte de la misión antipiratería Escudo oceánico de la OTAN. La ministra de Defensa, Roberto Pinotti, lo acaba de anunciar en el parlamento. Es más, los efectivos militares italianos desplegados en buques mercantes de su propia bandera también van a retirarse… en beneficio de la contratación de vigilantes privados de seguridad[2].

Se trata de una decisión razonable. No tiene sentido mantener un despliegue militar contra una amenaza que, hoy por hoy, parece desmantelada. Por lo tanto, cabe imaginar que, en un inmediato futuro, nuevos países se sumarán a la decisión italiana. Y puede haber llegado el momento para que España, impulsora de la operación Atalanta, dé también un paso atrás en una misión que nos cuesta más de 100 millones de euros anuales[3]. Si nuestros buques mercantes y pesqueros están suficientemente protegidos con vigilantes de seguridad privada, no tiene sentido duplicar el gasto con la presencia de nuestros militares. La propia industria debe hacer frente al coste de proteger sus activos. Ya lo hace y no hay razones para que lo deje de hacer.

Es cierto que sería conveniente mantener algún despliegue militar, en particular, para proteger a los barcos del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Su presencia es fundamental para aliviar las penurias de la población somalí. Y cabe recordar que algunos de ellos ya fueron secuestrados por piratas somalíes en el pasado. Pero esta función de escolta de estos cargueros puede llevarse a cabo sin necesidad de una misión como Atalanta.

Y también podría ser aconsejable mantener el corredor de seguridad que desde 2009 protege la navegación por el golfo de Adén. Pero también es verdad que navíos de países no miembros de misión internacional alguna están protegiendo mediante convoyes a los barcos de distintas nacionalidades que navegan por el corredor. Así lo hacen, por ejemplo, Rusia, China o Corea del Sur.

Por todo ello, sólo un cambio en el mandato de la operación Atalanta podría justificar su mantenimiento más allá de diciembre de 2016. Por ejemplo, con el fin de afrontar un fenómeno como el de la pesca ilegal por parte de flotas extranjeras en el dominio marítimo somalí. O para suministrar formación y medios a los países de la región (empezando por la propia Somalia y sus regiones) en aras de construir e incrementar unas capacidades básicas de guardia costera. Esto permitiría a las propias fuerzas locales patrullar, al menos en una primera fase, sus propias aguas territoriales. Algunos de los esfuerzos llevados a cabo en Somalilandia por la misión EUCAP Nestor o por los programas antipiratería de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) podrían servir de ejemplo para este fin.

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[1] “The State of Maritime Piracy 2013”, Oceans Beyond Piracy: http://oceansbeyondpiracy.org/publications/state-maritime-piracy-2013

[2] “Pinotti: stop alle missioni anti pirateria dei militari italiani”, 20 de marzo de 2015: http://www.interris.it/2015/03/20/49186/cronache/italia/pinotti-stop-alle-missioni-anti-pirateria-dei-militari-italiani.html

 [3] “Las misiones militares en el exterior han costado 616 millones este año”, El País, 16 de diciembre de 2014