Redacción.

El Gobierno de Gibraltar ha denunciado en un comunicado las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, sobre las posibles medidas contra el Peñón, ya que considera que son amenazas, y que supondrían volver a la política que sobre el Peñón ejerció Franco en los años 50 y 60.

El comunicado oficial, califica las declaraciones de Margallo como «las más retrógradas y amenazadoras» desde que se cerró la verja. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo ha acusado directamente al Partido Popular de intentar manipular a los medios de comunicación y por ende la opinión pública, para respaldar las medidas de «mano dura» que el ejecutivo de Rajoy pretende aplicar a Gibraltar.

El Gobierno británico ha expresado su voluntad de «utilizar todas las medidas necesarias» para salvaguardar la soberanía británica sobre Gibraltar, con la voluntad, no obstante, de resolver las diferencias con España por medios políticos.

El hormigón de la discordia
La tensión diplomática entre ambos países va en ascenso en las últimas semanas desde que el Gobierno del Peñón vertiera grandes bloques de hormigón con ganchos, que impiden que los pescadores españoles puedan faenar en las aguas que consideran de su soberanía.

a respuesta de España no se hizo esperar y llegó en forma de un notable incremento en los controles de la frontera alegando un sospechoso aumento de la llegada de tabaco a la parte española, siendo material de contrabando. Los estrictos controles fronterizos han provocado retrasos de hasta 7 horas. Desde el Gobierno del Peñón se quejan de la posible medida: «pese a que España y Gibraltar tienen la tarea de llevar a cabo un control aduanero y de inmigración en la frontera, el mismo han de ser proporcional y no excesivo, tal y como ha sido el caso desde hace alrededor de una semana, cuando España ha empezado a intimidar a Gibraltar usando la frontera como estrangulador».

Pero esta no es la única medida que podría aplicar España, por lo que ha anunciado Margallo, el Gobierno se plantea la posibilidad de cerrar el espacio aéreo y de imponer una tasa de unos 50 euros para poder entrar y salir del Peñón. Respecto al cierre del espacio aéreo, han considerado que dicha medida demuestra que el Gobierno español «no muestra ningún cuidado por la seguridad de las personas que van en el avión».