Redacción.

El Gobierno abordará hoy durante la reunión del Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de ley de seguridad privada.

El objetivo de dicho anteproyecto es el de revisar y actualizar la normativa en este sector, dispersa, que data de 1992 y ha sufrido numerosas modificaciones. La idea es también que la nueva normativa suponga  mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz aseguró el pasado mes que el objetivo del anteproyecto sería el de «aprovechar el potencial privado en colaboración con las Fuerzas de Seguridad», matizando que no se trataba de privatizaciones.

Según los datos facilitados por el propio ministerio, el de la seguridad privada es un sector que da trabajo a 90.000 personas en España y que cuenta con una facturación de 3.200 millones al año.

La futura ley pretende incluir reformas referentes a la actividad de los detectives privados, reformas que pasan por «velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado»

Con esto se quiere evitar que se repitan casos de espionaje como el ocurrido en Cataluña hacia miembros del Partido Popular.