Por Emilio Barcelona.

Carta al Director

Conocer el movimiento de las tropas del Estado  vecino, lo que está ideando la tecnología del país colindante o adelantarse a las acciones del enemigo siempre han sido labores propias de la inteligencia, que otros entienden con el despectivo nombre de espionaje. Conceptualmente esta disciplina y recursos han tenido su finalidad ligada a la Defensa  de una nación ante posibles acciones hostiles del exterior, y a partir del siglo XX vemos cómo evoluciona y se aplica al control de mafias, tráfico de armas, personas o estupefacientes, así como cualquier actividad delictiva que sea una amenaza para la seguridad interior.

La Directiva Anual de Inteligencia aprobada por el Gobierno ha ido modernizado sus objetivos de acuerdo con las particularidades y necesidades del contexto mundial, y es por ello que se tiene especial atención en la creciente actividad de Al Qaeda en el Magreb (AQMI) como principal amenaza para la seguridad nacional, además del ciberterrorismo, los delitos económicos, ataques especulativos de los mercados financieros o el terrorismo y desarme de ETA.

La inteligencia utilizada por las agencias de investigación privadas siempre han permanecido en el día a día, tocando la capa más próxima a la realidad cotidiana, resolviendo -por ejemplo- casos de empresa en operaciones antifraude de la Seguridad Social (bajas laborales fingidas), o particulares (infidelidades) y en ocasiones colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pero lo ocurrido en los últimos días en Cataluña ha echado al traste el concepto ético no solo de las agencias de detectives, sino de lo que debe ser el poder político y de sus formas de actuación. Por si no tuviéramos bastante con los ya innumerables casos de corrupción que salpican la prensa diaria, sobornos y enriquecimientos indebidos a costa de los demás, ahora se descubre una madeja de intereses partidistas y escuchas indebidas realizadas con tal de hallar irregularidades o más bien lograr una determinada posición de fuerza ante el contrario político.

Nos enteramos que la vocación que debe tener un dirigente por servir a los intereses de su comunidad choca con lo que estamos viendo en los medios de comunicación, donde medio mundo espía al otro medio, donde nadie se fía de nadie, donde parece que todo sea un juego de poder, un Watergate catalán.

Si analizamos nuestra propia historia no hace falta ir muy lejos para darnos cuenta cómo una vez más están convergiendo ingredientes muy peligrosos como la fuerte crisis económica, el hastío de la población sobre varios esquemas económico-sociales o la incredulidad de la clase política, factores que están asediando una Constitución que tanto costó conseguir y donde se conjuga el respeto y la libertad.