Redacción.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer, durante la Operación Topolino, a trece personas de la cúpula de las clínicas dentales de Vitaldent por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La UDEF llevó a cabo quince registros de los que se saldó con trece detenidos y 124 fincas incautadas, además de 36 coches y una aeronave. Entre los arrestados se encuentran el máximo responsable de la franquicia, Ernesto Colman, y el responsable de la actividad de la empresa en Italia.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid) han dirigido la investigación. Los hechos por los que se les acusa son por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y falsedad documental.
Según ha informado la Policía Nacional, el máximo responsable de la empresa, para evitar sus obligaciones fiscales, ingresaba el dinero de las franquicias en Suiza o Luxemburgo. Posteriormente ese dinero se reinvertía en España en bienes inmuebles, vehículos y otros artículos de lujo, originando un blanqueo de capitales Y un delito de fraude que asciende a los diez millones de euros.
La investigación se desarrolló a raíz de la denuncias de algunos responsables de las franquicias de Vitaldent por tener que cobrar en metálico a los clientes, y pagar mensualmente un 10% “en negro” a Ernesto Colman, el máximo responsable.
¿Qué pasará ahora con las clínicas Vitaldent y sus pacientes?
Vitaldent, en un comunicado oficial que publicó ayer en su página web, afirma que su prioridad son los pacientes y que estos deben permanecer tranquilos respecto a las informaciones publicadas. “Nuestras clínicas continúan funcionando con normalidad y todos nuestros pacientes están siendo atendidos”. Y aseguran que están comprometidos con el esclarecimiento de la situación y colaborarán activamente con la Justicia.
La OCU asegura que, según fuentes de la investigación, el funcionamiento de las franquicias no debería verse afectado tras la operación policial llevada a cabo. Las clínias continúan abiertas y ofreciendo sus servicios a los pacientes. La Organización de Consumidores ofrece unas recomendaciones para aquellos que sean pacientes de estas clínicas: tener en posesión cualquier documento que certifique su vínculo como paciente con la clínica, posponer nuevos tratamientos o pagos, cancelar el préstamo con Vitaldent en el caso de que dejaran de ofrecerle servicios, denunciar cualquier irregularidad o el cierre de la clínica, entre otras cosas.
Desde Facua, dejan claro que “la gran mayoría de clínicas Vitaldent son franquicias, propiedad de empresarios ajenos a la cúpula de la empresa, así que no tienen por qué cerrar”. No obstante, el escádalo financiero puede llevarles a cambiar el nombre debido al desprestigio de la marca a raíz de estas detenciones. “Eso sí, no hay que descartar que se den casos de clínicas que no sean capaces de reconducir la situación y la pérdida de clientes les aboque al cierre. Ni tampoco el cierre de centros Vitaldent que no sean franquicias, sino propiedad de la empresa matriz”, matiza Facua en un comunicado.
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