Redacción.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer, en el marco de una operación en colaboración con la Inspección Técnica de Trabajo y Seguridad Social, a ciento una personas en la provincia de Málaga acusadas de cometer un fraude de más de un millón de euros a las arcas públicas.

La investigación, que comenzó hace nueve meses, se inició después de que el Servicio Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectase la existencia de varias empresas sospechosas, tras lo proporcionó toda la documentación a la Policía Nacional cuyos agentes, tras un estudio detallado de la misma, constataron que las nueve empresas investigadas tenían un carácter fraudulento.

Entre los detenidos en esta operación se encuentra el máximo responsable de la trama, además de dos empresarios. Según la Policía, el principal sospechoso, titular de una asesoría, “confeccionaba y tramitaba contratos de trabajo fraudulentos orientados presuntamente a conseguir prestaciones y subsidios de desempleo o regularizaciones administrativas de ciudadanos extranjeros en España”.

Según han podido averiguar los agentes, el principal responsable de la trama, en connivencia con los empresarios, se valía de sus conocimientos en materia laboral para tramitar contratos laborales a través de sociedades sin actividad real o de empresas cuyo número de trabajadores distaba mucho de ser real.

Mediante estas acciones, los falsos trabajadores lograban acumular los períodos mínimos necesarios para obtener prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Además, los falsos contratos permitían a los ciudadanos extranjeros obtener o renovar la autorización de residencia o trabajo.

Durante el tiempo en que este fraude estuvo activo, las nueve empresas investigadas generaron una deuda de 569.000 euros con el Organismo del Régimen General de la Seguridad Social. Adicionalmente, la trama logró, de manera fraudulenta, prestaciones públicas por subsidios o prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SAPE) por un valor de 534.613 euros, por lo que la cuantía total del fraude asciende a más de un millón de euros. En concreto, la Policía Nacional cifra el fraude en 1.105.000 euros.

La investigación, que sigue abierta, se ha centrado en nueve empresas, reales y ficticias, y ha culminado con la detención de ciento una personas, incluyendo al titular de una asesoría al que la Policía atribuye la máxima responsabilidad del fraude. Asimismo, la Policía Nacional ha detenido a varios empresarios, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que, mediante el uso de los contratos falsos, lograron regularizar su situación en España de manera fraudulenta.