Redacción.

Este lunes comienza en El Cairo el juicio contra Mohamed Mursi y otros catorce dirigentes del Partido Libertad y Justicia (PLJ) y del movimiento de los Hermanos Musulmanes, acusados de incitación al homicidio y la violencia durante los enfrentamientos del 4 de diciembre del pasado año.

Mursi ha sido trasladado al Tribunal este lunes en helicóptero (antes de los previsto por motivos de seguridad) a la academia de Policía del El Cairo, donde se celebra el juicio. Desde el golpe de Estado ha permanecido detenido el lugar secreto. El resto de acusados han sido trasladados en coche durante las horas de toque de queda.

Todos ellos se enfrentan a cargos que pueden conllevar a una condena de cadena perpetua o pena de muerte.

Los enfrentamientos, en los que perdieron la vida al menos 10 personas, tuvieron lugar frente al Palacio Presidencial de Ittihadiya, cuando los partidarios del entonces presidente Mursi agredieron a los participantes de una sentada de protesta contra un decreto presidencial que ampliaba los poderes de éste. Según la fiscalía, Mursi ordenó a sus partidarios que dispersaran por la fuerza la protesta de sus detractores.

Además de juzgados por estos cargos, Mursi está siendo investigado por espionaje y el secuestro y asesinato de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El apoyo de sus seguidores
Cientos de partidarios del depuesto presidente Mursi, ahora acusado, se han concentrado esta mañana a las puertas de la sede del Tribunal Supremo, en El Cairo.

Según ha publicado el diario «Al Ahram», el Partido Libertad y Justicia, al que pertenecen los acusados, ha denunciado que el Tribunal sólo ha permitido la entrada en la sala de 4 de los 28 abogados que asisten a los acusados.

El golpe de Estado que derrocó  a Mursi tuvo lugar tras la negativa de este a abandonar el cargo después de múltiples manifestaciones en su contra, esgrimiendo el argumentos de que se trataba de un mandato electo y que recibía el apoyo de una parte d ela población.

Tras el golpe, los Hermanos Musulmanos se han negado sistemáticamente a reconocer la legitimidad de las autoridades que tomaron el poder, un gobierno civil interino, con la influencia del estamento militar. El Gobierno interino asegura que su intención es la de aprobar una nueva Constitución y celebrar elecciones democráticas.