Redacción.

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, comunicaba este martes al Congreso su intención de eliminar a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

La decisión llega como parte del proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba que se iniciaba el pasado mes de Diciembre, y sólo tres días después de la reunión que Obama y Raúl Castro mantenían en panamá durante la Cumbre de las Américas. La decisión entrará a los 45 días de la notificación de Obama al Congreso.

En su comunicación al Congreso, Obama certifica dos aspectos: por un lado, que el gobierno cubano no ha proporcionado apoyo al terrorismo internacional en los últimos 6 meses, y por otro, que ha garantizado que no apoyará actos de terrorismo internacional en un futuro.  Estos son los dos aspectos que la ley exige para sacar a un país de la lista mencionada.

El Congreso podría intentar revocar la notificación del presidente mediante resolución conjunta, algo que es poco probable que ocurra ya que un gran número de legisladores tanto demócratas como republicanos están a favor de que las relaciones con la isla se normalicen.

«Cuba nunca debió incluirse en esa lista»
Josefina Vidal, jefa de negociaciones con Washington ha declarado en un comunicado que «el Gobierno de Cuba reconoce la justa decisión tomada por el Presidente de los Estados Unidos de eliminar a Cuba de una lista en la que nunca debió ser incluida», a lo que ha añadido que su país rechaza y condena cualquier tipo de acto terrorista, así como » cualquier acción que tenga por objeto alentar, apoyar, financiar o encubrir actos terroristas».

Treinta años después de su ingreso, Cuba sale de una lista en la que fue incluida en 1982 al considerar el Departamento de Estado de los Estados Unidos que existía pruebas de su apoyo a grupos armados marxistas en América Latina, así como a miembros de ETA y de las FARC a los refugiaba en su territorio.

Cuba rechazó desde un principio su inclusión en dicha lista, algo que calificó como injustificable, y que acarrea sanciones de carácter tanto político como económico.